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Ecuador

Este es el “pacto ético” que propone Correa contra los paraísos fiscales

Por CNN Español

(CNN Español) – En las votaciones del 19 de febrero de 2017, los ecuatorianos no sólo se juegan la elección de su próximo presidente, vicepresidente, representantes al Parlamento Andino y asambleístas: también deberán decidir si prohiben o no que los servidores públicos de su país tengan bienes y capitales en paraísos fiscales.

La iniciativa, conocida como “pacto ético”, ha sido impulsada desde la administración del presidente Rafael Correa y este miércoles un decreto anunció que se someterá a consulta popular en los próximos comicios. Según el documento publicado en la página de la Presidencia de Ecuador, los ciudadanos deberán responder “sí” o “no” a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

Correa, quien es el firmante de dicho decreto, lleva varios meses detrás de este “pacto ético”. La propuesta consiste básicamente en que quienes tengan bienes y capital en paraísos fiscales no puedan ejercer cargos públicos. En una columna de su autoría publicada en The Huffington Post, Correa escribió que “(En Ecuador) vamos a dar un paso valiente y vamos a organizar un referéndum nacional para decidir si los políticos electos y los funcionarios podrán tener dinero en paraísos fiscales”. Y añadió: “En todos los rincones del mundo, los candidatos políticos tienen que cumplir unos requisitos para poder ser candidatos. En Ecuador, no tener el patrimonio en paraísos fiscales pasaría a ser uno de esos requisitos”.

El proyecto incluso llegó a la Corte Constitucional de Ecuador y el pasado 15 de noviembre el alto tribunal avaló el proyecto de convocatoria a consulta popular. En una audiencia pública realizada ante el organismo judicial, Correa insistió en que “se calcula que solo con lo que se evade de impuesto a la renta de los capitales latinoamericanos que están en paraísos fiscales se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas”. El informe de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador sobre la diligencia reportó que en el país “solo entre 2014 y 2015, salieron cerca de 3.000 millones de dólares a paraísos fiscales, lo que equivale a 35 millones de dólares por día”.

Una vez se conozcan los resultados de la consulta popular, la Asamblea Nacional tendrá un año para reformar las leyes pertinentes y adecuarlas “al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano”. Y en ese mismo periodo los servidores públicos que tengan paraísos fiscales deberán ajustarse a la decisión popular y su incumplimiento será “causal de destitución”, apuntó el decreto.

Según las cifras registradas en dicho documento, el Servicio de Rentas internas ha reportado que el 50% del capital social de grandes contribuyentes viene del exterior y de esa cifra el 70% “es triangulado desde paraísos fiscales”. Además, añadió el decreto, se ha detectado que más de 200 millones de dólares “corresponden a dividendos pagados a residentes en tales jurisdicciones”. De tal manera que la iniciativa pretende combatir las consecuencias que tienen para la economía del país ecuatoriano los paraísos fiscales.

Desde mayo pasado, durante su último informe a la Nación, Correa pidió al país “tener un acuerdo para rechazar a los candidatos que tengan su dinero en paraísos fiscales”, como lo informó un comunicado de la Presidencia.

En el discurso de ese momento, el mandatario aseguró que la corrupción no sólo ha permeado el sector público: también está en el privado. “Nadie va voluntariamente a un paraíso fiscal. Hay 30.000 millones de dólares de ecuatorianos en esos paraísos fiscales”, sostuvo el mandatario, de acuerdo al informe de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador. También reveló que las autoridades de control de Ecuador investigaban si se ha producido evasión fiscal en estos casos.

Por su parte, el pasado 24 de septiembre, el canciller ecuatoriano Guillaume Long se pronunció al respecto durante el penúltimo día de sesiones de la Asamblea de la ONU, en representación de Correa. El funcionario insistió en la importancia de adelantar un “cuerpo intergubernamental de las Naciones Unidas para la justicia fiscal, que impulse una institucionalidad democrática” para poner fin “a esa “vergüenza en el siglo XXI: los paraísos fiscales”, como lo informó la Agencia Pública de Noticias del Ecuador.

Las motivaciones de Correa han sido cuestionadas por algunos sectores.

El presidente Nacional del Movimiento Político CREO, César Monge, escribió en su cuenta de Twitter que “los que necesitan un poco de ética y moral son ellos”.

Por su parte, César Montaño, presidente Centro Andino de Estudios Internacionales y exrector Universidad Andina Simón Bolívar, tuiteó lo siguiente:

El periodista e investigador ecuatoriano Arturo Torres, editor general del diario El Comercio, escribió en su última columna que “llama la atención que luego de nueve años en el poder, hoy el Gobierno se interese tanto en los paraísos fiscales”. Y agregó que para la administración de Correa “es vital posicionar una cruzada” contra este fenómeno “aprovechando que está en marcha la campaña electoral”. Finalmente, concluyó con que “de esta manera, se intenta posicionar en el electorado la imagen de un Régimen que combate supuestas prácticas de evasión fiscal, aunque hasta el momento los principales involucrados por el manejo de fondos públicos en paraísos fiscales son precisamente altos funcionarios del área energética”.