(CNN Español) – El famoso muro que Donald Trump pretende construir en la frontera con México no sólo lleva varios meses robándose los titulares de prensa: también ha despertado el rechazo y la profunda inquietud del rumbo que tendrán ahora los temas inmigratorios. Sin embargo, mientras los ojos de buena parte del mundo están puestos en ese límite, al otro lado del país latinoamericano, también en una frontera, los migrantes que intentan cruzar hacia el norte desde Guatemala viven un panorama desafiante desde hace dos años y medio. ¿Qué está pasando?
En julio de 2014, el gobierno mexicano puso en marcha el programa frontera sur con el propósito, según las autoridades, de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por el país. La medida también buscaba ordenar los cruces internacionales. Aún así, algunas organizaciones civiles consideran que en la práctica el programa pareciera ser el primer muro, el del sur, para frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos.
Diego Lornece, director del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, explicó que se trata de “un sistema de detención y de deportación casi exprés, es un sistema además que no solamente se ha reforzado digamos en su fin de control, sino que hoy en día está afectando más que nunca a las personas”. El experto hizo hincapié en que las personas que llegan a la frontera sur de México “están ya huyendo de manera clara de la violencia, es decir, ya la violencia es la razón principal de la salida de éstas personas por lo tanto estamos hablando de un contexto de refugiados.”
Es el caso de Ana Villatoro, quien llegó a México hace tres años huyendo porque, tras el asesinato de su hijo a manos de pandilleros en El Salvador, fue amenazada de muerte. No tiene papeles que acrediten su estancia legal en el país, de tal manera que ante el temor de ser deportada optó por quedarse a las orillas del río Suchiate, una de las fronteras que comparten México y Guatemala. “Hoy están bien estrictos con la vigilancia, centroamericano no puede ir ni siquiera a Tapachula porque se lo llevan y lo deportan”, aseguró Ana. Y remató: “¿Qué vamos a hacer? No toda la vida vamos a estar de migrantes, escondiéndonos de ilegales”.
En este sentido, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Pérez, consideró que México debería garantizarle a los ciudadanos que llegan de naciones de Centroamérica el mismo trato digno que exige para los migrantes en Estados Unidos. “Nosotros tenemos que aplicar la misma política que pedimos de los Estados Unidos a los nacionales centroamericanos”, apuntó.
Durante una entrevista con CNN el pasado 2 de febrero el canciller Luis Videgaray aseguró que México colaboraba con Estados Unidos en materia migratoria. De hecho, tan sólo el año pasado el país envió de vuelta a América Central a cerca de 250.000 personas. Y esta colaboración, aseguraron en la zona, se fortalecerá con una nueva base militar.
“Acaba de llegar ahorita una base militar muy grandísima, que ahí van a estar, van a permanecer y es grandísima, donde van a cuidar ese paso de migrantes podríamos decir”, aseguró Carlos Escobar Pérez de la Pastoral Iglesia del Niño de Atocha Comalapa, en Chiapas. Un rótulo en la construcción habla de los beneficios que aseguran traerá la población de este cuartel, entre ellos seguridad y paz pública así como disminución de delitos, narcotráfico y secuestros… Pero mientras los planes de la base llegan a su término, lo que sí sienten los migrantes es el mayor control en la zona.
“Hoy si está más difícil ya se oye, se oye de que ahí los están regresando ahí nomás, de ahí de Arriaga, ya casi no llegan a Tapachula, hay más retenes, hay más vigilancia, así dicen”, insistió Carmen Correa, una migrante salvadoreña. Puede que la base no sea un muro, pero quizás sí llegue a tener la misma clase de consecuencias.