Un oscuro capítulo para una nación de inmigrantes

Nota del editor: Raúl A. Reyes es abogado, miembro del equipo de columnistas de USA Today y escribe frecuentemente para CNN Opinión. Las opiniones en este artículo son de su propia responsabilidad.

(CNN) -- La fuerza de deportación está aquí. De acuerdo con los nuevos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el gobierno Trump planea expandir ampliamente el grupo de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que serán sujeto de expulsión.

Prácticamente todo el que esté en el país sin documentación es ahora elegible para la deportación, y algunos en forma acelerada. Estos memorandos, firmados por el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, se pusieron en marcha este martes.

Hay dos memorandos en cuestión aquí: uno sobre el manejo de la inmigración interior y otro sobre seguridad fronteriza. Proporcionan una imagen aterradora de lo que parecerá pronto la vida para los 11 millones de indocumentados, hombres, mujeres y niños que viven entre nosotros. Pero las deportaciones del presidente Donald Trump no nos darán necesariamente más seguridad, y mucho menos nos harán "grandes de nuevo". En su lugar, son una mezcla de duras nuevas políticas y dudosas ideas del pasado.

Lo más importante para saber acerca de la fuerza de deportación de Trump es que después irán por todos los que puedan.

Aunque el presidente comparó la reciente ronda de redadas de inmigración con las llevadas a cabo bajo el gobierno de Barack Obama, estos nuevos memorandos específicamente dejan sin efecto las prioridades de deportación de Obama del 2014, que estaban enfocadas en atacar amenazas a la Seguridad Nacional y en perseguir a criminales peligrosos y recién llegados.

Ahora, los agentes de inmigración pueden ir tras cualquier persona indocumentada condenada o acusada de un crimen, o sobre la cual se tenga sospecha de que haya cometido algún delito. Si bien esto puede sonar atractivo para algunos, desafía la lógica de aplicación de la ley. Con los agentes perdiendo tiempo y recursos en busca de mamás, papás y vecinos indocumentados, se hace más fácil para los miembros de pandillas indocumentados, traficantes y criminales violentos evadir la detección.

¿Y qué pasa con los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), traídos ilegalmente a este país como niños y que se les concedió un alivio temporal a su deportación desde el 2012 bajo las políticas del gobierno de Obama? Trump dijo recientemente que quiere tratar su situación "con corazón". Aseguró que las circunstancias por las que pasaban eran "una cosa muy difícil" para él, ya que los amaba.

¿De verdad? Aunque el memorando de aplicación de acciones contra inmigración deja por ahora intacta la DACA, un aparte indica que este tema será tratado en el futuro. Por otra parte, el memorando señala que "el Departamento no eximirá a más clases o categorías de extranjeros expulsables de su potencial aplicación". En su conjunto, esto supone una ambigüedad escalofriante para los 740.000 beneficiarios de la DACA. Así, a pesar de la empatía expresada por Trump, sus órdenes aseguran lo contrario. En el mejor de los casos, les dice a los jóvenes que los agentes de inmigración se ocuparán de ellos más tarde.

El memorando de aplicación de la ley de inmigración describe los planes para ampliar el uso de asociaciones locales para luchar contra la inmigración ilegal. Si piensa que esto suena como una buena idea, piénselo de nuevo. Estas asociaciones, conocidas como programas 287 (g), fueron sabiamente eliminadas por el gobierno de Obama porque no funcionaron.

El utilizar a la policía local y los alguaciles como agentes de inmigración puede llevar a la caracterización social y a violaciones de los derechos civiles. Los aleja de su verdadero trabajo, que es el de proteger a sus comunidades de la delincuencia. Canaliza los recursos locales hacia la acción policial contra la inmigración, que es una responsabilidad federal. Peor aún, crea temor y desconfianza hacia todas las agencias de aplicación de la ley entre la comunidad de inmigrantes, lo que significa que podrían no presentarse como testigos de delitos violentos, víctimas de abuso doméstico o para denunciar casos de abuso infantil.

Los programas 287 (g) también crean el potencial para que las jurisdicciones locales enloquezcan, con el alguacil de Arizona Joe Arpaio como el más infame ejemplo. Arpaio, quien más recientemente fue derrotado en su campaña de reelección, es culpable de violaciones constitucionales generalizadas, según el Departamento de Justicia.

Se sabía que los escuadrones de inmigración de Arpaio respondían acerca de las quejas sobre hispanohablantes o personas con piel oscura. Sus cárceles humillaban a los detenidos y los castigaban por no entender inglés. El año pasado, un tribunal federal lo culpó de desacato por negarse a dejar de caracterizar racialmente a los latinos en sus redadas de inmigración.

El memorando sobre seguridad fronteriza es igualmente duro. Descarta protecciones especiales para los miembros de la familia indocumentados de aquellos que están en el servicio militar activo. Le hace más difícil a los solicitantes de asilo el presentar su caso, como si los miles de mujeres y niños que huían de los países centroamericanos salvando sus vidas estuvieran tratando de engañar al sistema de inmigración estadounidense.

El memorando de seguridad fronteriza también aboga por una expansión de las "expulsiones aceleradas", un proceso precipitado por el cual las personas son deportadas sin ir ante un juez. Esto pisotearía los derechos legales de los inmigrantes indocumentados, protección garantizada por la Constitución.

Es cierto que la exitosa campaña presidencial de Trump se centró en la idea mezquina de que todos los inmigrantes indocumentados "se tienen que ir", y ahora está preparado para cumplir esa promesa. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no votaron por Trump no están a favor de las deportaciones masivas. Una encuesta de PRRI encontró que el 79% de los estadounidenses favorecen un camino hacia la ciudadanía o legalización para los indocumentados, mientras que sólo el 16% está a favor de las deportaciones.

Es más, cuando se acelera la aplicación de las leyes contra la inmigración, los errores están a la orden del día. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que entre el 2008 y el 2011, 3.600 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través del programa de Comunidades Seguras, uno que Trump quiere reimplantar. Lamentablemente, de lo que Trump no se da cuenta es que no necesitamos tanto de más fuerza para aplicar la ley sino de una mejor aplicación.

Las políticas de inmigración de Trump ofrecen una visión preocupante de lo que les espera a las familias inmigrantes y a sus interlocutores. Para los latinos, esto puede significar una mayor amenaza de caracterización racial y el riesgo de ser equivocadamente capturados en acciones de cumplimiento. Para todos los estadounidenses, marca un oscuro e inquietante capítulo en nuestra historia como nación de inmigrantes.