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Guatemala

Investigan denuncias en hogares seguros privados en Guatemala

Por Luis Alejandro Amaya

(CNN Español) — La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala publicó este miércoles un informe que revela la existencia de investigaciones en contra de hogares seguros manejados por entes privados.

El anuncio viene dos semanas después de una tragedia en un hogar seguro gestionado por el Estado, Virgen de la Asunción, donde el pasado 8 de marzo se desató un incendio que cobró la vida de cuarenta personas.

Según le aseguró a CNN en Español Mariko Kagoshima, representante de la Unicef en Guatemala, en el país centroamericano hay actualmente mil niños en hogares estatales y seis mil en privados. Los estatales son manejados directamente por la Secretaría de Bienestar Social, una dependencia del Poder Ejecutivo.

Conforme a lo consignado por la PDH, los hogares privados Padre Nery, Todos Los Niños de Dios y Casa Hogar Bernabé (en el departamento de Guatemala) y Casa Hogar del Cantón La Libertad (en Retalhuleu) están siendo investigados por denuncias de maltratos, falta de alimentación y tratamientos médicos deficientes.

CNN en Español trató de comunicarse por vía telefónica con estos centros mencionados en el informe, pero las llamadas no fueron contestadas.

Otra entidad investigada es la Asociación La Alianza, conocida hasta antes del 2006 como Casa Alianza, una institución parte de Covenant House International fundada en 1972 y con presencia también en Nicaragua, Honduras y México. La PDH asegura que el pasado 18 de enero “una persona que indicó ser trabajadora social de turno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), manifestó que tiene conocimiento por parte de elementos de la Policía Nacional Civil que cuatro adolescentes escaparon del hogar denominado Casa Alianza, ubicado en la zona 2 de Mixco”.

La PDH agrega que “el centro no siguió el procedimiento respectivo, debido a que no activaron la alerta Alba Keneth y tampoco se comunicaron a la PGN para indicar los hechos antes mencionados, por lo que ella se dirigía a Casa Alianza, junto con elementos de la Policía Nacional Civil y las cuatro adolescentes y solicitaba que personal del Procurador de los Derechos Humanos le pudieran acompañar. Se logró que nuevamente recibieran a las adolescentes en el hogar”.

La Ley del Sistema de Alerta Alba Keneth, según el Decreto Número 28 del 2010, es “el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre instituciones públicas, que permitan agilizar y lograr la localización y resguardo del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que se encuentra desaparecido y la recuperación y resguardo del mismo. Todas las instituciones públicas tienen la obligación de realizar en forma inmediata y urgente las acciones que les sean requeridas en el marco de esta ley”.

Según la PDH, la investigación de esta denuncia contra Asociación La Alianza está en curso.

Carolina Escobar, directora de Asociación La Alianza, le dijo a CNN en Español que la PGN “jamás nos ha hecho una visita”.

“Tenemos un informe circunstanciado de los hechos. Tenemos protocolos en caso de abandono de proceso, que pueden pasar frecuentemente. La diferencia es que nosotros sí tenemos información, incluso de las niñas que habían entrado la noche anterior, más información que lo que la PGN tenía. Esto fue una cuestión mal hecha o tal vez quiero creer que fue mal planteada desde la PGN. Ellos no tienen elementos, nosotros tenemos las acciones realizadas. El 18 de enero se coordinó con la Policía Nacional Civil por estar en grave peligro la integridad de las niñas mientras abandonaban el proceso de protección”, afirmó Escobar.

Según Escobar, “ese mismo día se coordinó con Alba Keneth por el abandono de proceso de niños, niñas y adolescentes. Tenemos las dos llamadas en nuestro listado de llamadas que así lo prueban. Ese mismo 18 hicimos una coordinación con Alba Keneth y la PGN para la recepción de las niñas y adolescentes que intentaron que intentaron abandonar el proceso de protección y ellos mismos nos dijeron que si la Policía estaba aquí afuera cuando las niñas se habían ido, ya no necesitaban intervenir”, dijo la directora de La Alianza.

Por otra parte, la PDH hizo traslado al Ministerio Público de una denuncia en contra del Hogar Maricarmen, en el que, según el escrito, “los niños y niñas menores de doce años son víctimas de maltrato físico, descuido, negligencia y abuso emocional por parte de los adolescentes y de los encargados del hogar. Además, se presume que son víctimas de abusos sexuales”.

Las llamadas de este medio al citado hogar para que diera su versión de la acusación no fueron contestadas.

En junio del 2016, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN) cerraron la Casa Hogar Mamá Carmen, situada en el barrio de Quinta Samayoa en Ciudad de Guatemala, y reubicó a los 49 niños que se encontraban allí en otros centros en la misma capital guatemalteca, Chimaltenango y Antigua Guatemala. El cierre de hogares seguros se da tras constatar que no cumplen con los quince criterios establecidos por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).

Familiares de los menores lloran a las afueras del centro de rehabilitación de Guatemala esperando noticias tras el incendio.

Un sobreviviente del incendio del centro de rehabilitación de San José Pinula se abraza con un familiar. (JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Images)

La vigilancia sobre los hogares seguros ha sido materia de polémica en Guatemala tras los sucesos de San José Pinula. La semana pasada, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue denunciado ante el Ministerio Público por los diputados Sandra Morán Reyes y Leocadio Juracán Salomé, del bloque legislativo del partido opositor Convergencia, por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en el caso de esta tragedia.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala. (Crédito: RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

En la denuncia, ambos congresistas piden que se le levante la inmunidad al jefe de Estado para incorporarlo en la investigación del ente fiscal.

Heinz Heimann, vocero presidencial guatemalteco, le dijo a CNN en Español que “cualquier persona, ya sea individual, jurídica o funcionario público está en su libertad de presentar cualquier tipo de denuncia ante los órganos correspondientes, y éstos son los encargados si estas denuncias tienen o no fundamento. Ese es un tema que deberá dilucidar el Ministerio Público”.