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Crimen

Colombia

Asesinatos, crimen y cambio de reglas amenazan la paz en Colombia

Por Paula Bravo Medina

(CNN Español) — El proceso de paz de Colombia está en jaque, según le dijo este lunes a el diario El Tiempo el líder negociador del equipo del gobierno Humberto De la Calle. Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, un referendo que fue rechazado por un estrecho margen y casi seis meses después de la firma, la implementación de los históricos acuerdos de paz en el país está en problemas.

“El acuerdo de paz se pone en jaque y el riesgo de marchar atrás en un tema tan delicado es extraordinariamente grave”, dijo De la Calle sobre la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que este jueves puso condiciones a las leyes aprobadas en el congreso mediante el mecanismo de fast track o vía rápida para implementar los acuerdos.

Mientras la guerrilla dijo que el proceso de paz entró en crisis por la decisión, el gobierno dice que no es el fin del mundo, que se mantiene la seguridad jurídica para la guerrilla y que, aunque los trámites ahora serán mas demorados, se aprobarán todas las iniciativas para garantizar compromisos como el paso de las armas a la vida política, las amnistías y la entrega de armas.

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La implementación del proceso no ha sido fácil. Gobierno y guerrilla han intercambiado acusaciones por demoras en las zonas veredales transitorias, áreas designadas para que los combatientes de las FARC se agruparan y comenzaran el desarme. El gobierno ha admitido retrasos en la construcción de las zonas, pero acusa a las FARC de tener parte de la responsabilidad y de estar pidiendo adecuaciones e instalaciones que no estaban en los acuerdos.

Mientras más de 7.000 guerrilleros se encuentran en estas zonas y se espera que se desarmen, el proceso de entrega de las armas ha sufrido varios retrasos, como lo documentó CNN en Español en marzo pasado, cuando las autoridades comunicaron que de un total de 14.000 armas en poder de las FARC, la guerrilla solo había entregado 140.

El 30 de abril se cumplió el Día D+150, en el que según lo pactado se debería completar la entrega de las armas.

El 12 de mayo, según la Misión de la ONU en Colombia, que hace parte de la comisión tripartita de verificación para entregar las armas, apenas se entregaron los primeros certificados de desarme individual.

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A esto se suma una alarmante denuncia de un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que dice que los territorios que las FARC han dejado han empezado a ser ocupados por miembros del ELN u otros grupos armados organizados, y las tasas de criminalidad están creciendo.

“En el Tolima (centro del país), donde operaba el frente 21 de las FARC, al que llamaban el juzgado 21 porque intervenía sentenciando a muerte a violadores de niños, en temas de robos de ganado, de atracos y hasta de infidelidad, una señora me dijo: ¿Por qué no nos devuelven a las FARC que esto está invivible?”, relata Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Es una frase que ilustra lo que ha pasado en las zonas que dejaron las FARC y lo que ha sucedido desde que se movilizaron a las zonas veredales. Según le dijo Ávila a CNN en Español, de acuerdo con datos del citado informe, las FARC operaban en 242 de los más de 1.000 municipios de Colombia, mientras que el ELN, la segunda guerrilla más grande del país y que actualmente está en diálogos de paz con el gobierno colombiano en Ecuador, lo hacía en 99 municipios.

Las FARC pasaron de esas 242 territorios a 26 zonas veredales, afirma Ávila, desocupando más del 98% de las áreas que operaban. Esas áreas han sido llamadas zonas postFARC y allí han pasado cuatro cosas.

Una, que el ELN ha llegado a ocuparlas, lo que ha generado enfrentamientos en zonas como el Chocó.

Otras bandas criminales también han llegado estos territorios. Aunque la población los llama paramilitares, Ávila explica que no son propiamente así. “Lo que pasa es que muchos miembros de estas bandas criminales o grupos armados organizados eran paramilitares, y por eso las comunidades les llaman así”.

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“Otra cosa que pasa es lo que nosotros llamamos la anarquía criminal”, explica Ávila. “Uno podría decir que las FARC tienen dos caras, una cara criminal, reclutamiento, extorsiones, combates, bombas, y tenían una cara de regulación social en las zonas”.

Muchos habitantes, como la mujer que en Tolima le pidió a Ávila que dejaran regresar a las FARC, sienten la ausencia de la guerrilla como una falla, pues en no pocas zonas rurales aisladas del país, eran la única autoridad y cuando no están queda una situación de inseguridad.

Las bandas criminales en Colombia son ampliamente llamadas ‘Bacrim’. Sobre el actuar de estos grupos delincuenciales, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos dijo el pasado 15 de mayo desde el departamento de Antioquia que habrá mano dura para estas bandas.

“Las Bacrim serán objetivo principal para toda la Fuerza Pública, porque son los que no quieren que sembremos la paz, no quieren que continuemos con los cultivos ilícitos. Las combatiremos con toda la contundencia”, afirmó.

Inseguridad y asesinatos de líderes sociales

“Las zonas postFARC están en riesgo de inseguridad. El año pasado la violencia bajó históricamente, pasando de 200 secuestros a 60; los homicidios disminuyeron en 400 y los desplazamientos en un 60%, pero este año es distinto”, apunta Ávila.

Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación, en 2016 se registraron 93 homicidios de líderes sociales, y en lo que va corrido de este año han muerto 23. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y marzo de 2017 han ocurrido 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados, según un reporte de marzo.

“Urge aumentar los esfuerzos investigativos para esclarecer los móviles y los responsables de estos hechos, así como los mecanismos de protección individual y colectivos para prevenir eventuales ataques. Además, la Defensoría ante la insuficiente financiación que ha puesto de presente al Gobierno nacional, advierte del riesgo que corre la consolidación del componente de paz a su cargo”, dijo el organismo sobre este fenómeno.

¿Está en riesgo la paz?

En 2016 el presidente Santos pidió facultades extraordinarias al Congreso para implementar cuanto antes el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, tras cuatro años y medio de negociaciones en La Habana, Cuba. El mandatario optó por un mecanismo, el fast track o vía rápida en el legislativo, para aprobar las leyes que habían sido acordadas con esa guerrilla, entre ellas la participación en política, la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz, las amnistías para guerrilleros, entre otras.

Pero varios de esos proyectos que ya han sido aprobados por el Congreso tienen que pasar a revisión de la Corte, y es allí en donde ha surgido el problema. La corte ha limitado los alcances de lo aprobado mediante el fast track en el Congreso.

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“Ha puesto el proceso de paz en la situación mas difícil que este haya vivido desde su inicio. Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación de armas, según lo establecido en el acuerdo, es decir a 12 días, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de la Habana”, dijo el pasado jueves Iván Márquez, vocero de las FARC.

La decisión de la Corte fue muy mal recibida por las FARC quienes argumentan que en adelante todos esos trámites van a ser mucho mas lentos y que además se cambian las reglas de juego y no hay seguridad jurídica para ellos. Sostienen que hacia el futuro el nuevo mandatario que sea elegido en 2018 puede cambiar todo lo acordado en el proceso de paz.

El presidente Santos dijo que había que trabajar más cerca con el Congreso.

“No afecta la seguridad jurídica, lo que afecta es los procedimientos dentro del congreso, pero simplemente lo que hay que hacer es trabajar mas de cerca con el Congreso para sacar adelante lo que de todas formas íbamos a sacar adelante. El Fast Track, la implementación rápida no se cayó”, afirmó el mandatario ese mismo día.

Miembros de las FARC ingresan a una de las zonas vereda les de normalización en las que se reúnen para hacer la transición a la vida civil. (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

Para Ávila, todos estos inconvenientes son obstáculos para la implementación, pero destaca lo positivo.

“La reducción de la violencia el año pasado es muy positiva. Colombia inició el cese en julio del año pasado, estamos a punto de cumplir un año de cese bilateral y se han presentado 4 incidentes que dejaron 3 personas muertas. En El Congo un solo incidente en marzo en el cese del fuego dejó 70 muertos, entre ellos 30 niños. En Siria un ese bilateral al fuego dura 6 horas”.

El comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, dijo a través de su cuenta de Twitter tras el pronunciamiento de la Corte que nunca creyó que el camino fuera fácil y dijo que la guerrilla entró en “asamblea permanente” en las zonas donde se encuentra concentrada para cumplir con el desarme pactado en el acuerdo, para estudiar a fondo las implicaciones del fallo de la Corte.

¿Podrían las FARC retomar las armas?

Es improbable, dice Ávila.

“Ellos ya se han desmovilizado mentalmente. Pero lo que va a pasar son dos cosas: que este proceso de paz se convierte en frustración, que no reforme ni cambie nada. Para muchos sectores, como nosotros, es una gran frustración política. Además, si no se aprueban los mecanismos políticos y si la implementación no se acelera ni se cambia de estrategia, vamos a vivir una nueva ola de violencia”.