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TSJ congela cuentas de Luisa Ortega y le prohíbe salir del país
(CNN Español) -- La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó por unanimidad las medidas cautelares en contra de la fiscal general Luisa Ortega y la citó a una audiencia para el 4 de julio.
La decisión implica la prohibición de salida del país a Ortega, así como la prohibición a "enajenar y gravar todos sus bienes" y congelar todas sus cuentas bancarias.
La solicitud de antejuicio de mérito la interpuso el diputado Pedro Carreño.
Carreño dijo el 13 de junio que Ortega está sufriendo de demencia. Carreño pidió que una junta médica examine el comportamiento de Ortega. Carreño pertenece al partido del presidente Nicolás Maduro, el PSUV.
El diputado afirma que presentó una petición para que "una junta formal médica de expertos, psiquiatras y psicólogos analicen el comportamiento de la fiscal general" . Añade que el comportamiento reciente de Ortega de romper filas con el gobierno de Maduro es una "postura contra la paz, la vida, la estabilidad".
Ortega y la Fiscalía recientemente han hablado abiertamente sobre el gobierno de Maduro. Ella especialmente ha dado su opinión sobre la inconstitucionalidad de la petición de Maduro de cambiar la constitución de su país, así como del uso extremo de la fuerza de la Guardia Nacional, la policía y otras autoridades en las protestas.
"Es evidente que esta mujer no está en sus cabales, es claro que esta mujer no es normal", añadió.
El TSJ de Venezuela otorga poderes de fiscal al defensor del pueblo
El TSJ publicó una sentencia mediante la cual otorga al defensor del pueblo, Tarek William Saab, poderes para investigar, defender y supervisar denuncias sobre derechos humanos en el país.
Dicha sentencia se produce después del desacuerdo entre el defensor del pueblo y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre a quién le corresponde investigar y perseguir abusos a los derechos humanos.
Ortega recientemente rompió filas con el Gobierno venezolano y denunció repetidamente violaciones a los derechos humanos.
No está claro si la decisión del TSJ transfiere completamente esos poderes al defensor del pueblo o si ambos departamentos investigarán las denuncias sobre derechos humanos.
