Ciudad de México (Expansión) – La escalada de violencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), ha provocado un incremento del flujo inmigratorio de esa región hacia territorio mexicano. De acuerdo con un reporte del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), la situación se observa particularmente con familias compuestas por madres y sus hijas e hijos, que quedan expuestas a ser detenidas después de cruzar la frontera.
De hecho, el informe Familias centroamericanas inmigrantes en México expone que, entre 2011 y 2016, se multiplicó el número de inmigrantes detenidas en el país, que pasó de 9.160 a 47.383. Esto significa que hubo cinco veces más detenciones de este tipo, cuando en el sector de los hombres fue casi dos veces y media más.
“Se incrementó la participación porcentual de las mujeres en los flujos migratorios: pasaron de conformar 14% del total del número de eventos de detención en 2011, a 25% en 2016”, afirma el documento del Imumi.
En torno a las razones de este fenómeno, el estudio alerta de que la presencia del crimen organizado, la violencia de género, familiar y sexual, así como los altos índices de feminicidios y homicidios, especialmente entre menores de 20 años en El Salvador, Guatemala y Honduras, han tenido efectos “devastadores” en mujeres y niños.
En busca de asilo
En México, el fenómeno también se ha reflejado en un incremento del número de solicitudes de asilo de personas provenientes de esos países.
“De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre 2015 y 2016 las solicitudes de asilo crecieron 157%. En 2016, sólo el equivalente al 2% de las personas del TNC detenidas en México alcanzó protección internacional”, cita el documento.
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Además, señala que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2015 más de 80% de las mujeres centroamericanas entrevistadas por oficiales de asilo de Estados Unidos mostró tener un “miedo creíble de persecución”, por lo que era elegible para solicitar asilo.
Cambio de enfoque
El estudio expone que, entre 2014 y 2016, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a más de 421.000 personas de los países centroamericanos, muchas de ellas familias, niñas y niños con necesidades de protección internacional.
A la par, a raíz de la suspensión de forma indefinida de los plazos para emitir decisiones sobre solicitudes de protección internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de octubre, más de 5.000 personas están “en el limbo”, pues su trámite de reconocimiento está frenado.
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Frente a ello, la organización sugiere que se generen estadísticas migratorias sobre familias; implementar medidas de no detención para familias inmigrantes; incrementar alternativas a la detención de la niñez inmigrante acompañada y no acompañada; aumentar la expedición de visas humanitarias, y promover el acceso a la protección internacional y la justicia para los inmigrantes.
“Si México busca fortalecer su posición frente a Estados Unidos, diversificar sus relaciones con otros países y mejorar su imagen en el ámbito de los derechos humanos, requiere cambiar su política migratoria hacia sus vecinos del sur. De esta manera podría demostrar a la comunidad internacional que participa en la crisis de Centroamérica con una política de protección, en lugar de adoptar políticas de disuasión, detención y deportación que violan sus leyes nacionales y compromisos internacionales”, dice el informe.