(CNN Español) – Este viernes el Ministerio Público del Perú solicitó al Poder Judicial dictar prisión preventiva por 18 meses contra los directivos de tres empresas constructoras del país: Graña y Montero, JJC e ICCGSA, socias de la empresas brasileña Odebrecht en la construcción de obras.
El miércoles, la Fiscalía vinculó a los representantes de estas compañías en la investigación preparatoria existente, relacionada con el caso de la carretera Interoceánica por el cual se procesa al expresidente Alejandro Toledo.
El exmandatario, hoy en Estados Unidos, tiene una orden de prisión preventiva con fines de extradición por parte de la justicia peruana. Él ha negado públicamente haber recibido pago alguno de la empresa brasileña para hacerse de obras en el Perú.
Según la Fiscalía, las tres compañías constructoras se habrían favorecido, a través del pago de coimas, de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica.
Sergio Jiménez, fiscal supraprovincial, dijo que la ampliación de investigación preparatoria incluye los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. La autoridad dijo que “las personas incluidas en esta disposición tenían conocimiento y aceptaron el acuerdo para el irregular pago por la obra Interoceánica. Además, tuvieron competencia por el pago de las coimas y las ventajas indebidas recibidas por nuestro expresidente”.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, “dichos empresarios habrían defraudado al Estado al concertarse con el expresidente, Alejandro Toledo, resultando de tal modo beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro de la Interoceánica Sur”. La Fiscalía agrega que se corroboró información dada por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, a las autoridades peruanas sobre los pagos realizados por esta empresa para obtener la licitación de la carretera Interoceánica.
El miércoles, la empresa Graña y Montero, a través de un comunicado, dijo que colaborará con “las actuaciones de la Fiscalía relativas a las investigaciones sobre los proyectos en los que nuestra compañía, junto a otras empresas peruanas, participó como socio con la empresa brasilera Odebrecht”. Añadió que “no protege ni protegerá a ninguna persona que haya estado involucrada en actos de corrupción. En ese sentido, la compañía está preparada para adoptar las acciones legales correspondientes contra cualquier persona, funcionario o exfuncionario, que con sus actos irregulares haya causado daño a la empresa”.
Por su parte, la empresa JJC, también a través de un comunicado, manifestó el jueves su disposición de colaborar con la justicia y dijo que tiene “absoluto desconocimiento sobre las prácticas imputadas a Odebrecht”.
Mientras que ICCGSA, este miércoles, emitió una nota de prensa y señaló que “los actos denunciados no fueron conocidos por la empresa, ni los accionistas, ni los funcionarios, ni los representantes legales”.
El Poder Judicial ha convocado a una audiencia para, tras ella, determinar si acoge o no el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para los empresarios peruanos.