(CNN Español) - Hay alarma en la ONU y las autoridades de gobierno del departamento de Antioquia (Colombia) por el aumento desmedido de desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y homicidios en la subregión del Bajo Cauca en el nororiente de Antioquia.

La ONU declaró este domingo su preocupación en un comunicado por el aumento de desplazados indígenas y campesinos en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, y manifestó su preocupación por el aumento en las violaciones de derechos humanos y de homicidios en esta región del país.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur) denunció que entre el 19 de enero y el 18 de febrero se ha contabilizado el desplazamiento forzado de 822 personas en esta subregión en el departamento de Antioquia.

Imagen de archivo. Una vista aérea de Tarazá, uno de los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño, en 2007. (Crédito: GOBERNACION DE ANTIOQUIA/AFP/Getty Images)

Pero esta cifra no para ahí.

“Ha sido el desplazamiento más grande que hemos tenido en todo el gobierno”, dijo este sábado la secretaria de Gobierno del departamento de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien confirmó la cifra de los 822 desplazados que dio la ONU y añadió que “vienen en camino unas 200 más”.

Pero el desplazamiento forzado no es el único delito que tiene preocupadas a las autoridades.

La ONU expresó una alarma por el incremento en el número de homicidios de esta región y por el aumento de amenazas, atentados contra la vida de civiles, violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.

“A la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior”, dice el comunicado de la ONU.

La secretaria de Gobierno de Antioquia aseguró que la causa de esta situación se debe al enfrentamiento de grupos armados ilegales que pelean por el control del territorio.

“Estamos en las cifras más altas de homicidios en estos municipios”, dijo Ramírez, refiriéndose a los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres en el sur del departamento de Antioquia.

Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamiento. Entre 2002 y 2008 fueron los años en los que más víctimas de este delito se registraron con 3,8 millones de desplazados.

Las cifras de desplazados empezaron a descender paulatinamente desde 2009 y en 2016 se reportaron un poco más de 97.000 desplazados y en 2017 hubo 63.212, según el Registro Único de víctimas. En 2018 el RUV solo contabiliza 11 desplazamientos forzados.

Pero en Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno dijo en un informe de 2017 que Colombia es el país con mayor número de desplazados internos a causa de conflicto después de Siria, que registraba hasta ese entonces 6,3 millones de desplazados históricamente.

Un conflicto residual

El Bajo Cauca antioqueño, conformado por los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, es una zona que históricamente ha sido golpeada por la violencia de grupos armados ilegales por su “ubicación estratégica” para el desarrollo de actividades ilícitas, pues forma parte de un corredor que comunica el Catatumbo, en Norte de Santander (en el oriente del país) con el Urabá antioqueño, en el occidente de Colombia, según el informe “Dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño y su impacto humanitario” de Fundación Ideas para la Paz, USAID y la Organización Mundial para las Migraciones.

En el pasado ha tenido una fuerte presencia de las FARC, del ELN, de grupos paramilitares y bandas criminales, según ese informe.

Y esos grupos residuales, además del ELN y bandas criminales que hacen presencia en la zona, están luchando por recuperar territorios que son grandes cultivos de hoja de coca, según Ramírez, quien aseguró que a esto se debe el fenómeno de desplazamiento actual.

“Hay varios grupos”, dijo ella. “Es un sector que tiene incidencia del ELN, incidencia de grupos armados residuales. Está el Clan del Golfo; tenemos allá varios actores y bandas que están en el sector”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ya había hecho una alerta temprana de la violencia en esta zona del país. Hace cerca de un mes, la Defensoría alertó de que en solo cuatro días más de 1.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en cuatro departamentos del país.

En Antioquia fueron desplazadas 174 familias (alrededor de 500 personas) “debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco”. Otras 350 familias estaban en riesgo de desplazamiento según la Defensoría.

La secretaria de Gobierno de Antioquia dijo que el Ejército y la Policía, así como la Defensoría del Pueblo, hacen presencia en la zona para garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, Ramírez lamentó que estos hechos se produzcan allí.

“Es muy triste tener el departamento en estas circunstancias, pero son circunstancias que se nos están dando y lo estamos enfrentando de la mejor manera”, puntualizó la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez..