La Procuraduría de Brasil, en contra de cerrar la frontera con Venezuela

(CNN Español) -- La Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) se manifestó este jueves en contra de cerrar la frontera con Venezuela, tal y como había pedido la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, según informó Agencia Brasil.

Para el viceprocurador general, Luciano Mariz Maia, esta solicitud de cierre temporal de la frontera o de limitación de los refugiados venezolanos que entran en Brasil "viola directamente obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país", citó Agencia Brasil.

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Según esta agencia, la petición de bloqueo temporal de la frontera fue enviada a la Corte Suprema el 13 de abril. En su escrito, Campos sostiene que el gobierno federal no está respondiendo ante la explosión del flujo migratorio, y pide, según explica Agencia Brasil, que la Abogacía General de la Unión (AGU) promueva medidas administrativas en el área de control policial, salud y vigilancia sanitaria en el estado, asigne recursos adicionales para suplir los costos con los venezolanos y limite la entrada de refugiados al país.

La Procuraduría general reconoce el significativo aumento del flujo migratorio en los últimos meses, pero destaca que la protección a refugiados en Brasil está determinada inicialmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Este tratado internacional establece que cada persona tiene el derecho de buscar y gozar de asilo en otros países sin sufrir persecución. Además, el cierre de la frontera violaría varios otros acuerdos internacionales históricos de los cuales Brasil es signatario, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, según esta agencia.

“Afrontaría directamente tanto a la protección a los refugiados como a la política brasileña de migración, resultando en el aumento de la entrada irregular y en la permanencia clandestina de esos individuos, lo que agravaría la situación social en la región”, escribió Maia.

Además, la PGR asegura que cerrar la frontera o limitar el paso infringiría también las normas brasileñas, como la Ley de Migración, que determina que la política brasileña esté regida por el principio de la acogida humanitaria.

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Este martes 17 de abril la jueza Rosa Weber, de la Corte Suprema, dio plazo de 30 días para que la AGU se manifieste respecto a la petición de la gobernadora. En el mismo plazo, según la información de Agencia Brasil, las partes deben expresarse sobre un posible acuerdo ante la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la Administración Federal, órgano coordinado por la Abogacía General de la Unión.