Colombian former president, senator Alvaro Uribe speaks during a signature protest "For the Peace We Want" (Por la Paz Que Queremos) against the peace talks between the Colombian government leaded by President Juan Manuel Santos and the FARC guerrillas in Cali, Colombia, on June 22, 2016. Colombia's government and the FARC guerrilla force agreed Wednesday on a definitive ceasefire, taking one of the last steps towards ending Latin America's longest civil war. The announcement heralds an end to a half-century conflict that has killed hundreds of thousands of people in the jungles of the major cocaine-producing country. / AFP / LUIS ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)
El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe Vélez. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

(CNN Español) - La Corte Suprema de Colombia anunció este jueves 31 de mayo que calificó como delitos de lesa humanidad (es decir, que no prescriben) unos crímenes asociados a masacres que realizaron paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, en la región de Antioquía, al noroeste del país, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador. También se investiga dentro del mismo caso el asesinato del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.


"En el curso de la indagación previa contra el senador Álvaro Uribe, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de DD.HH. Jesús María Valle", escribió la institución judicial en su cuenta de Twitter oficial.

CNN en Español habló con el responsable de prensa de Uribe, para obtener comentario del expresidente al respecto, pero indicó que no harán pronunciamientos pues el expresidente ya ha defendido su inocencia en otras ocasiones.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, pidió la nulidad de la decisión de la corte "por carecer de competencia", según informaron los medios colombianos.

No obstante, Uribe desautorizó a su abogado y pide que Corte lo siga investigando.

Los crímenes de lesa humanidad son, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, aquellos "delitos más graves que el hombre puede cometer y un agravio para la humanidad en su conjunto". Por lo tanto, no prescriben.

La decisión de la investigación se tomó después de que en febrero de este año un tribunal de Medellín, capital de Antioquia, pidiera a la Corte Suprema de Justicia que investigara a Uribe por su presunto conocimiento de dichas masacres perpetradas por paramilitares en el departamento de Antioquia (al noroeste del país) cuando él era gobernador.

Dicho tribunal también pidió la investigación de la relación de estos hechos contra varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía, que hasta el momento no se han pronunciado.

Uribe actualmente no enfrenta a cargos penales por estos hechos, solo una indagación previa sobre él por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco hay cargos contra los otros investigados.

"Nada creíble hay que me comprometa", respondió el exmandatario a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en febrero. Sobre la decisión de este jueves aún no se ha pronunciado.

LEE: ¿Qué papel juega el expresidente Álvaro Uribe en las próximas elecciones de Colombia?

La masacre de El Aro

50 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), conocidos en la región como los ‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, el 22 de octubre de 1997 y asesinaron a 17 personas. Por los hechos, en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por "presuntos actos de omisión" a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) a favor de 123 familiares de las víctimas de esta masacre y de la de La Granja.

En 2015 la Fiscalía General de Colombia también pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al expresidente Uribe. Tomó la decisión tras examinar algunas declaraciones del paramilitar alias 'don Berna', quien desde Miami dijo que en la masacre de El Aro participaron miembros del Estado, entre ellos Álvaro Uribe, quien en ese entonces era gobernador del departamento de Antioquia.

Ya en ese momento el senador rechazó los hechos y los calificó de "infamias" a través de mensajes en su cuenta de Twitter.

Ya en ese momento el senador rechazó los hechos y los calificó de "infamias" a través de mensajes en su cuenta de Twitter.

Masacre de La Granja

La masacre de La Granja, en el mismo departamento, tuvo lugar en junio de 1996 y fue perpetrada por "alrededor de 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu". Ellos asesinaron a cinco personas.
Salvatore Mancuso fue condenado por esto tras confesar la participación de varios de sus hombres en el crimen. También fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Castaño y Francisco Villalba, fallecidos.

"Los paramilitares recorrieron el casco urbano del caserío, cerraron los establecimientos, sacaron a los habitantes a las calles, los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares", se puede leer una publicación de Rutas del Conflicto, que recopila información de este tipo de hechos, en la que se explica que las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que estas personas no tenían nexos con la subversión.

El Gobierno pidió perdón

A Jesús María Valle, defensor de DD.HH, lo asesinaron en su oficina en febrero de 1998. "Era reconocido como uno de los máximos defensores de derechos humanos en Antioquia (era conocido como la dignidad de Antioquia) y fue asesinado en el centro de Medellín, luego de haber denunciado la participación de militares de la Cuarta Brigada en las masacres de El Aro y La Granja, en Itüango", explicó el Centro de Memoria Histórica en una nota en marzo de 2018.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno colombiano en 2008 a investigar los hechos y reconocer su responsabilidad. Así lo cumplió en marzo de 2018, cuando, en un acto público, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, admitió que el gobierno colombiano no garantizó el derecho a la vida de Valle y pidió perdón en nombre del Gobierno de la nación.

Por estos hechos un tribunal de Medellín ratificó en febrero de 2018 la condena de 30 años contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio como coautores del asesinato.