(CNN Español) - Con una votación unánime, el Senado de Colombia aprobó una consulta popular para que los colombianos le digan sí o no a siete mandatos para endurecer las leyes contra los corruptos.

La aprobación del referendo anticorrupción obtuvo 84 votos a favor y 0 en contra en la plenaria del Senado este martes. Más de 36 millones de colombianos están llamados a decidir si aprueban o no siete mandatos que plantea esta consulta “para luchar contra el flagelo de la corrupción que consume el Estado en todas sus instancias de la administración pública”, dice la página del Congreso.

El gobierno tiene ocho días para convocar a la consulta una vez reciba la notificación del Congreso, dijo este miércoles el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que agregó que hay un plazo de tres meses para el desarrollo de la misma. La fecha límite para hacer esta consulta es el 2 de septiembre, según Rivera.

Esta sería la cuarta vez que los colombianos irían a las urnas en un año, pues hubo elecciones legislativas el 11 de marzo, primera vuelta presidencial el 27 de mayo y la segunda vuelta presidencial será el 17 de junio.

Claudia López, senadora del Partido Verde y una de las líderes de la consulta, celebró notablemente emocionada la aprobación de la iniciativa.

“Perdónenme la emoción, pero han sido meses de trabajo, años de trabajo”, les dijo López a periodistas, con la voz entrecortada y lágrimas, al final de la sesión. “La corrupción es el principal problema que tiene hoy Colombia, no tenemos duda de eso”.

López enumeró una lista de casos en los que la corrupción atenta contra la vida de las personas, como los niños que mueren de desnutrición porque los políticos se roban los recursos, o las familias que no tienen acceso a agua potable porque la misma razón, y las personas personas que se enferman y no pueden ser atendidos en hospitales porque estos han sido cerrados por corrupción.

Esto quedó evidenciado por la Contraloría General de Colombia, cuando en 2015 descubrió irregularidades en los programas de alimentación escolar gratuitos. Según esa entidad muchos de los recursos que el Gobierno destina para la alimentación infantil son manejados por contratistas que no cumplen con los compromisos adquiridos y otras veces los políticos locales desvían los recursos públicos en su propio beneficio.

En los últimos años se han destapado varios escándalos de corrupción en Colombia, como el del fiscal anticorrupción que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada. Y en 2016, las autoridades destaparon una red de carteles que controlan los precios de los productos básicos.

Según López, quien fue fórmula vicepresidencial del candidato de centro Sergio Fajardo, quien obtuvo 23% de votos en la primera vuelta presidencial, señaló que “la corrupción está hoy matando más gente que el conflicto armado”.

Para que los siete mandatos anticorrupción sean aprobados se necesita que a las urnas lleguen al menos 12 millones de votos y que el sí obtenga el 50% más un votos. En caso de ser aprobada, el Congreso deberá tramitar dichas normas y volverlas de obligatorio cumplimiento.

Por eso, según López, la tarea de los colombianos ahora es “derrotar a la corrupción en las urnas” pues es “el único lugar" donde se puede hacer.

¿Cuáles son los siete mandatos?

Una de las propuestas más llamativas de esta consulta es la reducción del salario de los congresistas de 40 salarios mínimos mensuales a 25. Es decir, que pasarán de recibir el equivalente a unos 11.200 dólares a 6.600 dólares aproximadamente. El salario mínimo de los colombianos para 2018 es de 781.242, unos 270 dólares mensuales.

"Este es un país profundamente desigual y combatir la corrupción no es solamente poner en cintura la contratación y el presupuesto, sino también de legitimidad del sistema político", dijo López en una entrevista con Blu Radio. “Esta norma más que combatir la corrupción, lo que quiere es darle legitimidad e igualdad al sistema político colombiano frente al resto de los ciudadanos que tienen que pagar con impuestos ese recurso público”.

Por eso, según la congresista, en caso de que algún alto funcionario "intente ganar más" por la disminución de su salario a través de actividades corruptas, "lo atajamos con las demás normas" que hacen parte de la consulta.

Los votantes deberán responder si aprueban o no estas siete preguntas:

1. Reducir el salario de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.
2. Enviar a la cárcel a los corruptos (sin posibilidades de reclusión especial) y prohibirles volver a contratar con el Estado.
3. Contratación transparente en todo el país
4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía
5. Que los congresistas rindan cuentas de su asistencia, votación y gestión
6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y extinguirles el dominio.
7. Limitar a máximo tres periodos los cargos en corporaciones públicas

Sobre este último punto, llamó la atención la condecoración que le hizo el Congreso al senador Roberto Gerléin, un conservador que tuvo una curul en el Senado durante 44 años y quien se retira de su labor parlamentaria a partir del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso.

La corrupción es un fenómeno generalizado en Colombia que les cuesta a los colombianos unos 18.400 millones de dólares al año, según dijo el contralor general Eduardo Maya Villazón a principios del año.

Las promotoras de la consulta, Claudia López y Angélica Lozano, presentaron ocho veces proyectos de ley de transparencia, anticorrupción y para bajar el salario de los congresistas entre 2014 y 2017, pero nunca tuvieron éxito, según la página web VencealCorrupto.com, donde se promueve la iniciativa.

Por eso entre febrero y julio de 2017 salieron a las calles a buscar el apoyo de los ciudadanos y recogieron 4,3 millones de firmas de las cuales la Registraduría Nacional aprobó el 90%.

Rivera también se refirió este miércoles a la polémica suscitada por los altos costos de la consulta, pues según dijeron algunos críticos de la iniciativa, ir por cuarta vez a las urnas en un año le costaría al país unos 290.000 millones de pesos, un poco más de 107 millones de dólares.

El ministro dijo este miércoles que aunque no se tiene un estimado oficial de los costos de la consulta, la iniciativa debe verse como una inversión y no como un costo que favorece a la democracia.

"La realización de esta consulta significa un fortalecimiento de la democracia y en ese sentido no estima que esto sea un gasto sino más bien una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana", dijo Rivera sobre el tema.