(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió su posición este miércoles tras días de insistir en una política que terminó separando familias de inmigrantes indocumentados en la frontera, al firmar un decreto que mantendrá juntos a los grupos familiares que intenten cruzar de manera ilegal.

El recurso también busca más autoridad para detener a esas familias en conjunto, hasta que finalicen sus procedimientos de inmigración. Ese proceso empezará de inmediato y es probable que enfrente rápidos desafíos legales, aunque el decreto sí reconoce que la ley actual podría llegar a restringir sus alcances.

Sin embargo, no contempla nuevos procedimientos para los niños que ya están bajo custodia del gobierno, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Es una retractación ante el argumento de días anteriores sobre que el gobierno no tenía una alternativa diferente a separar a las familias, debido a su decisión de enjuiciar con cargos penales a todos los adultos que cruzaran ilegalmente a la frontera y, por lo tanto, dejarlos en manos del Departamento de Justicia lejos de sus hijos.

¿Qué hace, entonces, el nuevo decreto? Estas son sus consecuencias:

Mantiene a las familias juntas… en su mayoría

El decreto establece que es política del gobierno “mantener la unidad familiar”. Se trata de una nueva posición por parte de la administración, que estuvo defendiendo la separación de familias y culpando a los mismos inmigrantes por arriesgarse a que los pudieran apartar de sus hijos al cruzar la frontera de manera ilegal. El gobierno venía insistiendo en que tenía las manos atadas frente a este hecho.

Aunque el Departamento de Justicia continuará enjuiciando en una corte federal a los adultos que pasen la frontera ilegalmente, aclaró el decreto, Trump pide que la familias se alojen juntas “de manera apropiada y consistente con la ley y los recursos disponibles”.

No quedó inmediatamente claro si las precauciones aún resultarían en un número sustancial de separaciones.

Las familias estarán en manos del Departamento de Seguridad Nacional

En un giro drástico, los adultos arrestados no serán entregados al Departamento de Justicia cuando enfrenten los cargos penales. En su lugar, permanecerán detenidos con sus hijos detenidos en el Departamento de Seguridad Nacional.

Y ese también es un cambio que el gobierno señaló previamente no podía hacer.

El decreto mantiene una excepción si el niño está en riesgo o existe una preocupación sobre su bienestar.

Pero hay un truco: el recurso también señaló que las familias serán detenidas “en la medida en que lo permita la ley y sujeto a la disponibilidad de asignaciones”. De nuevo, algo que queda por resolver.

No reúne a las familias que ya fueron separadas

El decreto no cambió absolutamente nada en términos de reunir a las familias que fueron apartadas previamente, según explicó Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

El recurso no se dirige a ninguna familia ya separada. Además, las políticas existentes dejan en los padres la responsabilidad de encontrar a sus hijos bajo custodia del HHS y de intentar reencontrarse con ellos.

“Para los menores que actualmente están en el programa de niños extranjeros no acompañados, el proceso de patrocinio continuará como de costumbre”, indicó Wolfe en un comunicado.

Pone a las familias como prioridad de la corte de inmigración

En el decreto, Trump también hizo un esfuerzo para que los casos de familias en los tribunales de inmigración se resuelvan con mayor rapidez.

Actualmente, si una familia cuenta con un argumento potencialmente válido para pedir asilo, su fecha de audiencia en la corte puede programarse para meses o años después. Y, durante este tiempo, los inmigrantes pueden vivir y trabajar en Estados Unidos.

Con el fin de agilizar el proceso para deportar a una familia o entregarle su status legal, Trump le ordenó al Departamento de Justicia “priorizar” los casos que “involucren a las familias detenidas”, presumiblemente poniéndolas en el primer lugar de los asuntos que la corte debe resolver y reduciendo sustancialmente el tiempo que transcurre hasta que un juez revisa el caso.

Busca la detención indefinida

Si bien el decreto no intenta incumplir de inmediato un acuerdo judicial que establece que los niños inmigrantes que llegan con su familia deben salir de la detención en un plazo máximo de tres semanas, sí empieza un proceso que desafía esa determinación.

Trump le ordenó al secretario de Justicia, Jeff Sessions, presentar una solicitud ante la corte para cambiar el acuerdo del caso Flores v Reno, dando pie probablemente un largo e intenso proceso de litigio que buscaría obtener el poder para detener a las familias de manera indefinida bajo custodia del gobierno.

El acuerdo, sin embargo, está siendo revisado por un juez y una corte de apelaciones que ya impuso estas condiciones, lo que hace que el desafío judicial represente una cuesta arriba para el gobierno de Trump. La administración tendrá que buscar el cambio por parte del juez que supervisó el acuerdo –por encima de la objeción del gobierno anterior–, en primer lugar.

“Esto es más limitado de lo que esperaba”, dijo el profesor de derecho de Cornell Stephen Yale-Loehr. “Políticamente, esto permite que la administración afirme que quiere detener a las familias indefinidamente, pero un tribunal no les permitirá hacerlo”.

En una llamada con periodistas, Gene Hamilton, consejero del secretario de Justicia, pareció reconocer que el gobierno necesitará convencer a la jueza del caso Flores, Dolly Gee, para revertir el acuerdo inicial. Incluso cuando la criticó por emitir ese fallo.

Establece que la detención familiar sería en instalaciones militares

El decreto también ordena a las agencias federales –especialmente al Departamento de Defensa– empezar a preparar instalaciones que podrían albergar a las miles de familias que ahora serán detenidas por el gobierno.

Actualmente hay más camas para adultos solteros en la administración que para familias, pues estas requieren condiciones diferentes.

Con unas cuantas miles de familias detenidas cruzando la frontera ilegalmente en promedio cada mes, la decisión de retenerlas a todas podría rápidamente cargar a los recursos gubernamentales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos revisó tres instalaciones en Texas del Departamento de Defensa y estará analizando otra en Arkansas para su posible uso en el programa de niños extranjeros no acompañado, indicó el teniente coronel Jamie Davis, un portavoz del pentágono.

Los militares no tendrían ninguna responsabilidad frente a las actividades que dirija el HHS, indicaron los funcionarios de defensa. De hecho, lo comparan a ser un “propietario” pero no contar con responsabilidad por la gestión de la vivienda, seguridad, servicios de alimentación u otras actividades.

Culpa al Congreso

El decreto también culpa al Congreso –específicamente por su fracaso a la hora de aprobar la legislación de inmigración– y señala que al gobierno no le quedaron alternativas, incluso cuando terminó revirtiendo la práctica inicial.

“Es desafortunado que la falta de acción del Congreso y las órdenes judiciales hayan puesto a la administración en la posición de separar a las familias extranjeras para hacer cumplir efectivamente la ley”, criticó el recurso.

Ariane de Vogue, Laura Jarrett y Barbara Starr, todas de CNN, contribuyeron a este informe.