(CNN Español) - Los llamados de atención internacionales a Colombia por el asesinato de líderes sociales no paran. El gobierno de Estados Unidos, Amnistía Internacional y Naciones Unidas elevaron sus voces de protesta por esta ola de homicidios contra defensores de derechos humanos.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió un comunicado este lunes en el que expresó su "profunda preocupación" por el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, y pidió que haya investigaciones "rápidas y efectivas" de los casos.

Figuras de activistas asesinados en Colombia fueron puestas en la Plaza de Bolívar durante una protesta masiva en varias ciudades de Colombia y el Mundo el 6 de julio de 2018. (Crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

"El Gobierno colombiano está trabajando para mejorar la situación de seguridad en donde están sucediendo estos homicidios y para interrumpir la actividad ilegal que contribuye a la violencia continua. La Embajada apoya estos esfuerzos", dice el comunicado fechado del 9 de julio.

La cifra de asesinatos de líderes sociales va en aumento. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018, han sido asesinados 311 líderes en todo el país. Los departamentos más afectados son Cauca (78), Antioquia (43) y Norte de Santander (21).

Los casos más recientes de homicidios de líderes son el de Ana María Cortés, líder comunitaria de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, quien era secretaria de la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro. Y el asesinato de Luis Barrios, líder comunitario en el departamento de Atlántico, quien había denunciado bandas de microtráfico en su región, según dijo el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, el pasado 5 de julio.

La Fiscalía General de Colombia dijo el fin de semana que los homicidios a líderes sociales aumentaron en un 6.5% en todo el país en los primeros seis meses de 2018. Pero en las zonas afectadas por narcocultivos y corredores del narcotráfico, la situación "es dramática", según el fiscal Néstor Humberto Martínez.

En el Bajo Cauca, en los primeros seis meses del año, el aumento de asesinatos a líderes fue del 47%, según el fiscal, que advirtió que no solo están asesinando a defensores de derechos humanos en esta región, sino también "ciudadanos anónimos".

Llamados de atención internacionales

Varias organizaciones internacionales se han unido al rechazo de esta situación en Colombia.

Amnistía Internacional dijo este lunes en un comunicado que los asesinatos selectivos a los líderes sociales están ocurriendo "ante la mirada impávida de las autoridades".

"El silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar", dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. "Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”.

La organización defensora de derechos humanos agregó que la violencia contra los líderes "alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos" y criticó las medidas deficientes del Estado para tomar parte en ellas.

Este lunes, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos convocó a todos los sectores para que se unan a un "un gran pacto nacional por la vida de los líderes sociales", en el que rechaza y condena los homicidios, atentados y amenazas contra estas personas.

"Reitero mi absoluto y categórico rechazo a los asesinatos y ataques de los que han sido víctimas, y le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames”, dijo el presidente Santos ante periodistas este lunes en Bogotá.

“Todos debemos rechazar y condenar ese fenómeno criminal y multiplicar nuestros esfuerzos para protegerlos de forma eficaz” y dijo que “condenar la violencia en todas sus formas debe ser un propósito nacional”, añadió el saliente mandatario, que invitó a su sucesor Iván Duque a firmar este pacto, al que se unieron los presidentes de las altas cortes, el registrador nacional y los presidentes de varios partidos políticos.

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, rechazó el pasado viernes la violencia contra líderes sociales en Colombia.

"Como presidente de todos los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y porque se pueda avanzar con rapidez en la investigación, y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan además una sanción ejemplar", dijo Duque la semana pasada desde Washington.

La semana pasada, el ministro del Interior Rodrigo Rivera dijo que se implementará un modelo de protección colectiva para proteger a líderes sociales, y este 10 de julio el presidente Santos liderará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Pero el problema no son las leyes o los decretos, sino su eficiencia para proteger a los líderes sociales, le dijo la semana pasada a CNN en Español Oscar Yesid Zapata, vocero de Nodo Antioquia, una organización que monitorea la violación de derechos humanos a líderes sociales en Antioquia, uno de los departamentos más afectados por estos hechos.

"Son miles de decretos. Hay demasiados, el problema es que no se aplican", dijo Zapata. "Los planes de protección colectiva e individual no son funcionales, en la medida que para que a usted le hagan un análisis de su nivel de riesgo, ese proceso puede tardar por lo menos cuatro meses, y en cuatro meses, usted que ha sido amenazado, tiene que padecer cuatro meses sin ningún nivel de protección".

Sobre estos hechos, la ONU dijo el 6 de julio que los asesinatos afectan la paz estable y duradera del país y reiteró su llamado al gobierno de Colombia para que refuerce las medidas de "prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país".

Según Naciones Unidas, los colombianos más afectados son quienes habitan en las regiones más afectadas por el conflicto armado, especialmente en Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Y el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, dijo el 29 de junio en una columna en el diario El Tiempo que en Colombia la defensa de derechos humanos se hace "bajo asedio".

La ONU ya había llamado la atención de Colombia por esta causa. Durante la presentación del tercer Informe Nacional al Examen periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la comunidad internacional le pidió a Colombia reforzar las medidas de protección en las zonas más afectadas por el conflicto armado para evitar más asesinatos de defensores de derechos humanos.