(CNN Español) - El expresidente de Bolivia Carlos Mesa asegura que en su país se ha confirmado la criminalización de la política después de que la Fiscalía General presentó al Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidad en su contra.

El requerimiento de juicio de responsabilidades es consecuencia de la denuncia planteada por la Procuraduría General del Estado contra Mesa por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones que tenía la firma chilena NMM-Quiborax en el Salar de Uyuni, que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

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En el juicio, que duró 14 años, Bolivia perdió y tuvo que pagar 42,6 millones de dólares.

Mesa es portavoz de la demanda marítima de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.

Según Mesa, la criminalización se lleva a cabo a través de un "mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y ametralladoras por la persecución judicial a título de investigación y a título de cargas del Estado".

La Procuraduría General pidió investigar a Mesa (2003-2005) por presuntos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, en una imagen de archivo en 2008. (Crédito: AIZAR RALDES/AFP/Getty Images)

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, en una imagen de archivo en 2008. (Crédito: AIZAR RALDES/AFP/Getty Images)

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Los abogados de Mesa consideran que el Gobierno boliviano no hizo una defensa correcta del caso porque:

  • Rechazó un acuerdo de conciliación con NMM-Quiborax por 3.000.000 de dólares
  • Pagó, durante una década, más de 4.000.000 de dólares a abogados internacionales
  • No apeló a las cláusulas específicas del protocolo del Acuerdo Bilateral con Chile de Protección de Inversiones para cortar de raíz el litigio producto de la falsificación de un acta de composición accionaria de NMM-Quiborax
  • Llegó a un acuerdo de 27.000.000 de dólares, la mitad del monto fallado por el Tribunal Arbitral
  • Permitió el desistimiento del juicio penal por falsificación del acta de composición societaria de NMM-Quiborax.

Al final, el Estado boliviano pagó 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax en un tercer acuerdo entre partes, y aprobó un decreto gubernamental en el que avaló las negociaciones.

Mesa defendió los procedimientos aplicados durante su Gobierno para revocar la concesión a NMM-Quiborax.

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Para el exmandatario, el Gobierno de Evo Morales busca con estas medidas habilitarse para las elecciones de 2019, pese a que el referéndum vinculante de 2016 le negó a Morales una nueva candidatura.

El requerimiento de juicio de responsabilidades será tramitado en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo remitirá a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que decidirá si el proceso sigue adelante.