La política al acecho de la justicia

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

Juan Rivadeneira Frisch es consultor político y de Asuntos públicos. Maestría de The Graduate School of Political Management en la Universidad George Washington. Fue asesor de relaciones públicas de la campaña de Guillermo Lasso, en Ecuador. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas de los autores.

(CNN Español) -- La democracia moderna reconoce como uno de sus elementos fundamentales la independencia de las funciones del Estado y, en particular, de la Justicia. Esa es exactamente la frase que usó el juez Brett Kavanaugh en el acto de designación a la Corte Suprema hecho por el presidente Donald Trump. Lo interesante es que el juez, más allá de sus posiciones ideológicas, políticas, de amistad o temas sociales, está siendo cuestionado precisamente por dicha frase.

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Si bien la independencia de los poderes del Estado es base de una democracia moderna y liberal, por sus escritos, el juez Kavanaugh parece referirse a que el sistema de justicia debe respetar la independencia de funciones del poder Ejecutivo: en este caso de Donald Trump. Es más, sostiene que un presidente no debería ser investigado mientras esté en funciones. Esta es una muy mala "coincidencia" cuando el fiscal especial, Robert Mueller, investiga la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en EE.UU y algunos personajes de algo rango del equipo de campaña de Trump son investigados, acusados y hasta enviados a prisión.

Estos hechos preocupan a muchos, quienes, más allá de sus posiciones conservadoras en temas como el control de armas, no verían avances en la Corte Suprema si el Senado confirma al juez. Otros temas serían los derechos sexuales y reproductivos, o la esperanza de mantener a miles de personas bajo un seguro médico mínimo auspiciado por el Estado, conocido como Obamacare.

Este escenario más los recientes hechos que vemos en América Latina y en el mundo permiten afirmar que el sistema profesional e independiente de Justicia, aun en sociedades donde la democracia está consolidada, está bajo acoso.

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Por la organización del sistema judicial estadounidense, la sucesión de uno de los miembros de la Corte Suprema resulta un hecho excepcional. En la mayoría de los casos, las votaciones se han producido en un ambiente de consenso en el que demócratas y republicanos lograron un acuerdo para aprobar al designado por el presidente. La jueza Ruth Bader Ginsburg, designada por Bill Clinton en 1996, obtuvo 96 de los 100 votos posibles del Senado; Anthony Kennedy, vacancia que le deja a Donald Trump, fue nominado por Ronald Reagan y obtuvo 97 votos. Cuando un juez designado llega a tal consenso político podemos estar seguros de que la democracia será más fuerte porque su sistema de justicia será profesional e independiente.

Por el contrario, el juez más cuestionado fue Clarence Thomas, designado por George Bush padre, que afrontó el testimonio de Anita Hill de acoso sexual durante sus audiencias en el Senado, y que obtuvo solo 52 votos. Los dos primeros, uno liberal y uno conservador, han sido destacados jueces de la Corte Suprema, el tercero casi no ha hablado, ni ha justificado sus posiciones en casi ningún caso desde que llegó al máximo tribunal y votó siempre del lado de la mayoría conservadora.

Será preocupante que el nuevo juez de la Corte Suprema, más allá que sea conservador o liberal, llegara a recibir menos de 60 votos en el Senado. Para muchos (y nos incluimos) hoy existe temor justificado de que este cambio en la Corte Suprema será más político, y todo indica que la "balanza" de la justicia podría inclinarse hacia el lado conservador. Esto permitirá que ciertos casos avancen, otros se detengan y algunos tomen otro rumbo.

En América Latina esta historia de la politización de la Justicia es lastimosamente más común. En Brasil, por ejemplo, el expresidente Lula Da Silva fue encarcelado por una resolución del juez Moro como parte de la investigación de la trama conocida como "Lava Jato". En días recientes, un juez ligado al Partido de los Trabajadores -quien estaba de turno el fin de semana- dictaminó su libertad. (El juez Rogerio Favreto estuvo afiliado al Partido de los Trabajadores entre 1991 y 2010). Finalmente, la Justicia superior de Brasil lo impidió.

En Ecuador son múltiples los casos de cambio de Gobierno y golpes de Estado que han derivado en cambios en la composición total o parcial de los integrantes de la Corte Suprema. En un caso reciente, la prensa de investigación ecuatoriana reveló el presunto envío de sentencias escritas desde el poder Ejecutivo a los jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien ha negado las acusaciones.

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Además, se publicó una carta por la cual, desde la oficina jurídica de la presidencia, se ordenaba a la justicia no fallar en contra del Estado. Nuevas pruebas que alimentan nuestro argumento. Hoy Correa tiene una orden de detención por el caso del secuestro del exasambleísta Balda.

La polarización política en el mundo y la radicalización han llegado a tal punto que los consensos son casi imposibles. Y son solo los consensos básicos que podrán garantizar nuestros derechos a través de un sistema de justicia profesional e independiente que es la base por la que lucharon los grandes intelectuales desde los griegos, romanos, franceses, ingleses y por los que Thomas Jefferson y los padres de la Nación estadounidense escribieron la única Constitución moderna que no ha sido cambiada (solo ha tenido agregaciones), ni interrumpida.

Por estas razones, el reto del mundo político es que sus líderes sean ciudadanos con conciencia y valores democráticos, aunque tememos que esto también puede resultar tan solo un "buen deseo" en un mundo en el que la altisonancia y el radicalismo están tan de moda.