(CNN) – El presidente Donald Trump está rompiendo nuevamente las normas constitucionales con su sugerencia de que puede eliminar el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados.
Incluso si esta idea no va a ninguna parte y es probable que no vaya a ninguna parte —la Enmienda 14 de la Constitución hace 150 años confirió la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en Estados Unidos, y la Corte Suprema ha confirmado ese derecho de nacimiento— la última afirmación refuerza un mensaje singular de Trump: la ley es lo que él dice que es.
Trump ha declarado a personas inocentes o culpables, basándose en sus opiniones personales. Se ha burlado de los jueces estadounidenses por las decisiones con las que no está de acuerdo. Ha quitado las nociones fundamentales del debido proceso al exigir la pena de muerte para las personas antes de que incluso hayan sido juzgadas formalmente en los tribunales.
Ahora parece querer reescribir la Constitución con el trazo de su pluma.
Sus blancos de ataque a menudo han sido las minorías raciales y los inmigrantes. En mayo pasado, el presidente sugirió que los inmigrantes en la frontera podrían ser deportados sumariamente sin las audiencias habituales para determinar si merecían el asilo o si eran ciudadanos de Estados Unidos detenidos por error.
Dijo en una entrevista de Axios emitida el martes que pretende firmar un decreto que eliminaría el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en EE.UU. de personas que no son ciudadanos y de inmigrantes indocumentados.
Eso entra en conflicto con la Enmienda 14, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, que otorgó la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.
La Casa Blanca no ha publicado la redacción de la orden propuesta ni esbozó su justificación legal para dicha orden.
Incluso si la mayor parte de lo que afirma Trump con respecto a la ley es incorrecto, recibe atención porque proviene de él, el presidente de Estados Unidos, en su posición privilegiada.
En comentarios que han sido recogidos por las principales organizaciones de noticias, Axios informó que Trump había obtenido asesoramiento legal en la Casa Blanca para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
Tal medida, si se llevara a cabo en un decreto, sería impugnada de inmediato en los tribunales. Es altamente discutible si incluso el Congreso podría aprobar una ley que altere el principio de que todos los niños nacidos en los Estados Unidos son ciudadanos. Se necesitaría una enmienda constitucional para revertir la disposición de la Enmienda 14 de que el nacimiento en Estados Unidos significa automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, al igual que en muchos otros casos, los valores constitucionales y los procesos judiciales normales se tratan como frenos.
Hace un año, esta semana, Trump declaró que un nativo de Uzbekistán de 29 años, Sayfullo Habibullaevic Saipov, acusado de matar a ocho peatones y ciclistas en la ciudad de Nueva York, merecía la pena de muerte. La afirmación de Trump en Twitter inmediatamente incitó a algunos profesores de derecho y analistas legales a preocuparse de que los comentarios del presidente pudieran perjudicar el caso legal del gobierno.
Los fiscales federales anunciaron el mes pasado que buscarían la pena de muerte, pero los abogados del acusado argumentan que los tuits de Trump el año pasado interfirieron con la capacidad de los funcionarios del Departamento de Justicia para tomar una decisión imparcial sobre cómo manejar el caso.
A principios de este mes, en una ceremonia en la Casa Blanca para el nuevo magistrado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, Trump dijo que Kavanaugh había sido “probado inocente” de acusaciones de agresión sexual. De hecho, Kavanaugh no había sido sometido a ningún juicio ni a un procedimiento de investigación. El veterano juez había negado categóricamente los reclamos de una mujer que dijo que el abuso ocurrió cuando ambos eran adolescentes en los suburbios de Maryland, y Kavanaugh fue confirmado para el tribunal superior después de una audiencia en el Senado que no involucraba ningún procedimiento tradicional de juicio.
Trump ha criticado repetidamente a los hombres y mujeres del poder judicial de Estados Unidos cuando no están de acuerdo con sus decisiones.
Como candidato en 2016, Trump atacó al juez Gonzalo Curiel, al escuchar un caso de fraude de la Universidad Trump, basándose en la “herencia mexicana” de Curiel, nacido en Estados Unidos.
Luego, recién elegido, Trump ridiculizó a los jueces que se pronunciaron en contra de su prohibición de ingreso a EE.UU. para musulmanes, y llamó a uno “un supuesto juez”.
El primer indulto presidencial de Trump fue para el ex sherriff de Arizona Joe Arpaio, a quien un juez de un tribunal de distrito de EE.UU. lo declaró en desacato penal por desobedecer una orden de dejar de detener a los latinos en inspecciones de tránsito.
El martes, los críticos de todo el espectro político consideraron los comentarios de Trump acerca de los derechos de nacimiento como perjudiciales para el tejido nacional y los valores constitucionales.
“Es difícil imaginar un decreto que sea más inoportuno o equivocado, dados los acontecimientos recientes en todo el país que han llevado a un aumento de los delitos de odio y la marginación de las comunidades minoritarias por motivos de raza, origen nacional y religión”, dijo Kristen Clarke, directora ejecutiva del Comité de Abogados por los Derechos Civiles.
Refiriéndose a los comentarios de Trump desde el punto de vista conservador, Linda Chávez, exfuncionaria de la administración Reagan y ahora directora de Becoming American Initiative, dijo en un comunicado que el esfuerzo de Trump por despojar a los recién nacidos de inmigrantes de su ciudadanía “expone las profundidades de su desprecio por nuestra Constitución”.
También comentó sobre el momento, argumentando: “Los motivos del presidente son puramente políticos: lo hace con la esperanza de agitar su base antiinmigrante antes de las elecciones de medio término de la próxima semana”.