Los puntos más importantes del informe de la ONU sobre derechos humanos en Colombia

(CNN Español) -- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó a Colombia a implementar el acuerdo de paz que firmó con la guerrilla de las FARC y continuar su "implementación plena".

En su reporte anual sobre la Situación de los derechos humanos en Colombia, que fue presentado esta semana, la ONU elevó su preocupación por los asesinatos de líderes sociales, y dijo que "garantizar los derechos humanos es la vía para la sostenibilidad de la paz".

Estos son algunos de los puntos destacados del reporte de la ONU.

1. Implementar los acuerdos de paz

La ONU aseguró en su reporte que con el Acuerdo de Paz el gobierno de Colombia tiene una "oportunidad histórica" para impulsar cambios positivos en el país, por lo que hizo un llamado a que las partes (Gobierno y FARC) sigan construyendo la confianza y no den vuelta atrás.

"El ACNUDH pide a las partes que incrementen sus esfuerzos para avanzar en la ejecución de todos los capítulos contenidos en el Acuerdo, puesto que no puede haber vuelta atrás", dice el documento sobre la situación de derechos humanos en Colombia en 2018.

El informe llega la misma semana en que el presidente Iván Duque anunció que presentaría objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es la columna vertebral de los acuerdos de paz. Críticos de la iniciativa dicen que esto podrá los acuerdos en riesgo.

"El Gobierno elegido para el período 2018-2022 tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos", dice el reporte, haciendo referencia al gobierno de Iván Duque.

La ONU recomendó "acelerar el ritmo" de la implementación de los puntos 1, 3 y 4 del acuerdo de paz, referente a la reforma rural integral, fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas.

2. Diálogos con el ELN

El fallido intento de paz con el ELN también estuvo en la mira de la ONU, que llamó la atención al gobierno de Colombia para que retome el diálogo con esa guerrilla, pues "esto mejoraría la situación de los derechos humanos de las comunidades que se han visto afectadas tanto por las hostilidades como por la falta de inclusión económica, social y política".

A su llegada al gobierno en agosto de 2018, el presidente Iván Duque no volvió a reactivar los diálogos que inició Juan Manuel Santos con el ELN, y en cambio, decidió levantar la mesa de diálogos después del atentado terrorista a una escuela de cadetes de la Policía en Bogotá. Duque ha dicho que para retomar la mesa de diálogos con el ELN, esa guerrilla debe dejar el secuestro y hacer un cese unilateral del fuego.

En sus recomendaciones sobre este punto, la ONU recomendó tanto al gobierno como al ELN "respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".

3. Asesinatos de líderes sociales

Nuevamente los asesinatos de líderes sociales ponen a Colombia en la mira de los observadores internacionales de derechos humanos.

Ya en marzo de 2018 la ONU había expresado su preocupación por esta situación, y en su más reciente reporte, la ACNUDH lo vuelve a hacer debido al número de asesinatos (110) que se registraron el año pasado.

Por eso el organismo hizo un llamado al gobierno para que los proteja pues no solo hubo asesinatos, sino un número "en aumento de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad".

El reporte dice que el 93% de los casos a los que se les hizo seguimiento "ocurrieron en contextos regionales que registran una débil o nula presencia del Estado" y esta situación también se da por "sustanciales retrasos" en la implementación del acuerdo, de ahí la necesidad de la implementación.

El 66% de estos asesinatos está relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, dice la ONU. Y los principales perpetradores de los asesinatos fueron estructuras paramilitares desmovilizadas (40%), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación, EPL, (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC (8 %) y personas por determinar (17 %).

Aunque los asesinatos se registraron en 24 de los 32 departamentos de Colombia, donde más se registraron fueron en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde hay presencia de grupos criminales: "En esas zonas el riesgo continúa siendo alto y el Estado debe hacerle frente con urgencia", dice el reporte.

Y continúa: "Los mayores riesgos que afrontan los defensores de los derechos humanos (son) en las zonas rurales, cuya lejanía los hace más vulnerables por estar menos conectados con las redes más amplias de defensores".

La OACDH dijo también que a pesar de sus esfuerzos, el Estado colombiano ha fallado al no haber podido llegar de
manera coordinada y con la oferta institucional requerida a nivel territorial, particularmente en las zonas rurales más alejadas", dice.

Este reporte corresponde al seguimiento que hace la ONU de la implementación del Acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la guerrilla de las FARC, que se desmovilizó tras la firma del acuerdo.