CNNEarrow-downclosecomment-02commentglobeplaylistsearchsocial-facebooksocial-googleplussocial-instagramsocial-linkedinsocial-mailsocial-moresocial-twittersocial-whatsapp-01social-whatsapptimestamptype-audiotype-gallery
México

La tortura en México, una práctica sistemática: organizaciones civiles presentan informe revelador a la ONU

Por CNN Español

(CNN Español) — La tortura es una práctica sistemática en México. Esa es la conclusión de un informe exhaustivo de más de 120 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, que describe un panorama de impunidad y crisis de derechos humanos, especialmente contra mujeres recluidas por las autoridades.

El reporte, titulado “Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU, 2012-2019”, será presentado este miércoles ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

No se trata de una alarma nueva. En 2014, el entonces Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan E. Méndez, visitó México y en un informe dijo que la tortura en México es generalizada. Además un informe de 2017 de la Relatoría5 reiteró esa conclusión.

MÁS: Amnistía Internacional: La tortura en México por parte de los militares es una práctica habitual

Según cifras de la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad de 2017, la tortura está presente en el sistema de justicia en México: 75,6% de las personas en los centros penitenciarios del país sufrió violencia psicológica y un 63,8% vivieron violencia física en el arresto. Además ante el Ministerio Público, 49,4% de las personas detenidas fueron incomunicadas, y 39,4% recibieron “patadas o puñetazos”. La encuesta también dice que más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento.

Las organizaciones señalan que las torturas se presentan en instalaciones militares, en centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y en centros de menores.

El informe también señala que en las llamadas caravanas migrantes algunas autoridades, “lejos de ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad, violaron sus derechos humanos”.

Uno de los focos principales del informe es la tortura sexual contra las mujeres. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Ángel Pro Juárez” (Centro Prodh), una de las organizaciones coautoras del informe documentó en 2018 un total de 29 casos de mujeres que denunciaron tortura sexual estando recluidas y acusadas “con base en pruebas ilícitas”. Ese informe indica, citando World Justice Project, que 8 de cada 10 mujeres detenidas entre 2009 y 2016 fueron víctimas de tortura. El reporte detalla que la respuesta judicial fue “asignarles la carga de la prueba, o bien, desestimar el alegato por otros motivos incompatibles con los estándares internacionales”.

En ese aspecto, el informe de las organizaciones civiles pide garantizar justicia a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, “empezando por liberar a aquellas de las mujeres que sigan privadas de su libertad a raíz únicamente de detenciones arbitrarias y pruebas fabricadas violando derechos humanos”. Además recomienda dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2018 en el caso de Atenco, un caso en que se declaró responsable al Estado por las graves violaciones de derechos humanos de 11 mujeres detenidas por la Policía Federal y Estatal de México durante las manifestaciones de floricultores de San Salvador Atenco en mayo de 2006. El Gobierno de México reconoció su responsabilidad por las violaciones de los DD.HH. de las 11 mujeres y aceptó cumplir las medidas de reparación ordenadas por la Corte.

MIRA: El Gobierno de México es responsable de la tortura sexual a mujeres en San Salvador Atenco en 2006, según CIDH

El informe critica que a pesar de las recomendaciones y las evidencias “sobre el impacto de la militarización en la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, el modelo propuesto por la actual administración federal ha sido la creación de una Guardia Nacional militarizada para realizar tareas de seguridad pública”, algo que “permitirá que persista un riesgo elevado para los derechos humanos de la población”.

Ni el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni la Fiscalía General de México se han pronunciado específicamente sobre el informe de las organizaciones civiles.