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EE.UU.

Es hora de desintegrar el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Por David M. Perry

Nota del Editor: David M. Perry es periodista e historiador. Es asesor académico sénior del Departamento de Historia de la Universidad de Minnesota. Las opiniones expresadas en esta columna son propias del autor.

(CNN) — Día a día, parece, recibimos otra anécdota sobre las espantosas condiciones en los centros de detención de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. o la mala conducta de los agentes de la Patrulla Fronteriza. Esta crisis actual en la frontera y en las distintas agencias de inmigración no es solo un subproducto derivado del virulento nativismo de Trump y de sus asesores, sino una manifestación de los defectos innatos del Departamento de Seguridad Nacional. Este departamento nunca iba a funcionar. Es hora de desintegrarlo.

El departamento se cocinó durante el gobierno de George W. Bush, forjado por el miedo posterior al 11S. Hoy, es un revoltijo de diversas agencias, entre otras la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y muchas más, a menudo con misiones dispares; todas subordinadas a la agenda antiinmigratoria de Trump.

Recuerdo señalarle a un amigo en 2002, cuando la Ley de Seguridad Nacional creó el nuevo departamento con amplio apoyo bipartidario, que “Seguridad Nacional” sonaba a algo traído de una novela distópica. Un año después del 11S, los políticos estadounidenses temían otro ataque, estaban siendo engañados para entrar en guerra con Iraq, comprometían las libertades civiles a cambio de proyectar una sensación de seguridad, y cometían muchos errores, por lo general con amplios márgenes de apoyo de sus votantes.

Cuando nos adentramos en las elecciones de 2020, con titulares sobre las horrorosas condiciones en los centros de impronta carcelaria dirigidos por las agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, ya ha pasado el tiempo de mirar con seriedad al momento posterior al 11S y de encontrar los modos de arreglar algunos de estos errores.

A principios de esta semana, los legisladores demócratas que visitaron dos establecimientos en la frontera quedaron conmocionados por las condiciones. Describieron una superpoblación insegura e insalubre, prisioneros discapacitados sin atención médica, falta de acceso a agua y alimentos, y conducta agresiva de los guardias hacia los representantes del Congreso.

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Estos informes confirman historias que venimos escuchando desde hace un año ya, con prisioneros que mueren, niños desaparecidos, condiciones tortuosas como la privación del sueño, heladas temperaturas, niños mantenidos en camionetas durante más de 37 horas, y la separación de las familias y los centros de detención secretos para los niños. Entretanto, en las comunidades de todo el país, hemos oído una historia tras otra de las groseras extralimitaciones de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, y la fuerza policial de deportación que sin restricciones irrumpe por voluntad propia en hospitales e iglesias.

Esta semana, cuando los legisladores demócratas visitaban un centro fronterizo en Texas dirigido por Aduanas y Protección Fronteriza, ProPublica destapó una historia en la que describía un grupo de Facebook de unas 9.500 agentes y exagentes de la Patrulla Fronteriza. Aquí, los miembros “bromeaban sobre las muertes de los migrantes, hablaban de tirarles burritos a los miembros latinos del Congreso que visitaban el centro de detención en Texas el lunes y publicaban una ilustración vulgar de la Rep. Alexandria Ocasio-Cortez teniendo sexo oral con un migrante detenido”. La Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. ha dicho que las publicaciones son “completamente inapropiadas” y prometió investigar a sus agentes.

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Examinar estos abusos muestra con claridad el sinsentido de apiñar agencias policiales de inmigración –como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP)– en un solo departamento con agencias a cargo de la administración de emergencias (FEMA) y del transporte (TSA) y la energía (Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Seguridad), aunadas todas por una declaración de su misión contra el terrorismo.

Como suele decir el experto en seguridad Bruce Schneier, frente a las consecuencias del terrorismo, los políticos se desesperaron y racionalizaron: “Es necesario hacer algo. Esto es algo. Por lo tanto, debemos hacerlo.” Con ese hilo de pensamiento se creó el Departamento de Seguridad Nacional.

La policía inmigratoria de toda la división de la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE y al CBP, parece sentirse libre de actuar con impunidad, sabiendo que puede oponer resistencia a la supervisión citando su misión antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional. Cualquier límite presupuestario impuesto a la agencia invita al saqueo de los demás componentes, como cuando el Departamento transfirió casi 10 millones de dólares de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias a ICE, fondos al menos parcialmente usados para la detención y deportación de inmigrantes, en medio de la temporada de huracanes de 2018.

Estoy lejos de ser el primero en solicitar la desintegración del Departamento de Seguridad Nacional y que sus componentes regresen a otros departamentos donde pertenecen, a las agencias preexistentes como Transporte, Justicia y Energía. En 2006, poco después de que FEMA fracasara durante el huracán Katrina en Nueva Orleans, el sociólogo de Yales Charles Perrow ofreció algunas “temibles conclusiones” en “Homeland Security Affairs” (Asuntos de Seguridad Nacional), donde escribía que el Departamento de Seguridad Nacional no es particularmente adepto a cumplir con su misión esencial de agilizar el intercambio de inteligencia entre las agencias federales al tiempo que desvía fondos del apoyo a los socorristas tras desastres naturales.

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En 2011, David Rittgers, un analista de políticas legales para el libertario Cato Institute, argumentó que “el Departamento de Seguridad Nacional debería ser abolido y sus componentes reorganizados en grupos más prácticos”. En 2012, un académico de Tulane, Kevin Gotham, ligó el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional de 2002 con un proceso acelerado de privatización de la asistencia en desastres al menos parcialmente responsable de las fallas durante el huracán Katrina.

El exagente antiterrorista del Departamento de Seguridad Nacional Matt Mayer, más tarde un estudioso de la seguridad nacional, escribió en 2015: “Después de doce años de operaciones entre mediocres y pobres e incontables escándalos… las funciones esenciales supervisadas por el Departamento de Seguridad Nacional pueden ser administradas más eficazmente en cualquier otro lugar, en particular cuando las batallas territoriales socavan la eficacia operativa”.

Ninguno de estos autores es radical. Solo están observando la misión del Departamento de Seguridad Nacional, evaluando sus logros, condenando sus muchos fracasos y llegando a la conclusión de que no es posible arreglar la agencia.

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El Departamento de Seguridad Nacional es un error bipartidario. Ha hecho que sea más difícil para FEMA responder a los desastres nacionales. Ha habilitado una cultura de impunidad y agresión entre nuestros funcionarios de inmigración. Su historia surge a partir de un contexto y momento histórico específico. Creo que, con el paso de las décadas, los historiadores como yo miraremos atrás con tristeza a los años posteriores al 11S, cuando se desperdició la unidad nacional para persuadir a los estadounidenses de que abandonen sus libertades civiles, sumiendo a la nación en una guerra interminable y sentando las bases para nuestro nuevo régimen de campos de concentración (como los caracterizan algunos estudiosos del genocidio) en la frontera de EE.UU.

Podemos tomar nuevas decisiones y reclamar un nuevo momento histórico. Desintegrar el Departamento de Seguridad Nacional es un primer paso para hacer de la patria un lugar más justo y seguro.