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Guatemala

Efectos postCICIG

Por Vaclav Masek Sánchez

Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez es licenciado por el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU). Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centroamérica. Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.

(CNN Español) — Días después de que terminara el mandato de la CICIG, la Guatemala del siglo pasado despertó.

Como un adicto en rehabilitación que experimenta síntomas de abstinencia, repentinos e incontrolables, un evento confuso generó una reacción gubernamental que evoca a su época autoritaria

Un ataque durante un operativo militar en la localidad porteña de El Estor, que cobró la vida de tres soldados, fue atribuido al crimen organizado. La versión oficial acusa a los pobladores locales, “seudocampesinos” y “seudodefensores de los derechos humanos,” según declaraciones del presidente Jimmy Morales, de haber colaborado con los presuntos narcotraficantes. Éstos arremetieron contra los soldados que buscaban una aeronave que transportaba droga en la zona.

A pesar de que varios grupos de derechos humanos condenaron un eventual estado de sitio, temiendo que la medida lleve a más represión y violencia, el Congreso resolvió a favor rápidamente. El Ejército nacional movilizó 2.000 efectivos, tomando el control de varias localidades del oriente caribeño guatemalteco.

El “estado de sitio”, segundo solo después del “estado de guerra” en la jerarquía de emergencias para Guatemala, suspende los derechos fundamentales de la población de esa zona, incluyendo el de la libre locomoción, manifestación, reunión y portación de armas durante un período de 30 días. Es ilógico que a partir de la muerte de tres soldados, en un hecho confuso, en una comunidad aislada, 22 municipios en Guatemala se encuentren bajo esa figura.

¿Por qué remonta a su época autoritaria? Porque incluye a los mismos actores que estuvieron involucrados durante los sangrientos años setenta y ochenta.

Luego del ataque en El Estor, el Ejército también lanzó un operativo que pretendía arrestar a César Montes, un veterano combatiente y emblema de la insurgencia durante la época del conflicto armado. La búsqueda del excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP) concluyó sin éxito.

El enfrentamiento armado ocurrió en el departamento de Izabal, en la frontera con Honduras. Sus costas brindan el único acceso que Guatemala tiene al mar Caribe, siendo un punto de interés estratégico para el flujo de capital, cuyo control se ha disputado históricamente entre el Estado guatemalteco, los movimientos insurgentes, y ahora, el narcotráfico. InSight Crime ha declarado esa zona fronteriza como una región “perfecta para el trasiego de cocaína”.

Izabal también es un departamento con gran conflictividad social. Gran parte del departamento está habitado por comunidades indígenas mayas q’eqchí, quienes han luchado por los derechos sobre la tierra y en repetidas ocasiones se han manifestado en contra la extracción de níquel y las plantaciones de palma africana.

El evento remonta también a los días autoritarios porque plantea un despojo territorial en el nombre del desarrollismo corporativista, con el Ejército como punta de lanza operacional.

Que sucediera días después de que la CICIG dejara el país es indicativo de que los esfuerzos por llegar a eliminar la corruptela gubernamental jamás dejarán de ser suficientes, porque pareciera que la impunidad reina en Guatemala. Los ciudadanos fueron llevados al hartazgo por décadas de abuso y corrupción que habitaba en la clandestinidad y que jamás fue castigada.

Es necesario entonces realizar una breve elegía a la CICIG, luego de 12 años de lucha continua por desenmascarar las asociaciones ilícitas que lucraban del Estado. La CICIG demostró que en Guatemala hay corrupción en los puertos, en los contratos estatales, en la seguridad social, en las municipalidades. En general, la CICIG demostró que la administración pública funciona para y gracias a la corrupción. Es más, en su acto de cierre, el comisionado Iván Velásquez mencionó que existe una “coalición de mafiosos” dentro del Estado guatemalteco.

Será cuestión de tiempo ver si la conclusión de Velásquez aplica también en El Salvador.

El presidente, Nayib Bukele, afirmó que buscaría crear una comisión al estilo de la CICIG. Autoridades en San Salvador ya han confirmado reuniones entre el vicepresidente Félix Ulloa y el excomisionado Velásquez. Con un 90% de aprobación, Bukele buscará adornar su gestión con un aparato que pueda desarticular las redes ilegales del país.

La diferencia principal con la CICIG es que la CICIES será controlada por el Ejecutivo, no por el Ministerio Público. Si el presidente Bukele no aborda los problemas de legitimidad y autonomía de esta comisión apoyada por la OEA, su Gobierno corre el riesgo de jugar con la credibilidad y el futuro de la CICIES antes de que inicie sus investigaciones.

Sus acciones contra periodistas de El Faro y Revista Factum, medios salvadoreños de periodismo investigativo a quienes se le negó acceso a la conferencia de lanzamiento de la CICIES en el Palacio Presidencial en San Salvador, son de preocuparse. Si no se asegura su independencia política y técnica, la CICIES se puede convertir en un arma de ataque del Ejecutivo.

El convenio parece establecer poca cosa, por lo que solo queda especular cuál será su mandato en la práctica. En un gobierno donde los primeros 100 días han sido un culto a la personalidad de Bukele, la comisión puede ser instrumentalizada por un gobernante hábil y popular. ¿Se investigará a sí mismo si surgen casos en los que esté implicado?

El verano centroamericano atardece con Guatemala como Estado sitiado, contando con despliegue militar en una buena parte de su territorio; una comisión anticorrupción terminada en Guatemala, otra que apenas logró su primera sentencia en Honduras, y una nueva que ha iniciado erráticamente en El Salvador.

Irónicamente, el mes de las fiestas patrias en el istmo también otorga el peligroso beneplácito de los EE. UU., que quiere convertir a tres países centroamericanos en albergue para refugiados internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. planea tener un pacto migratorio con Honduras y El Salvador a principios de octubre.