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Colombia

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Uribe y el debido proceso

Por Roberto Rave

Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con especialización y posgrado en negocios internacionales y comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en Management de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República.

(CNN Español) -- El líder vale más por sus convicciones que por sus cálculos, predica uno de los políticos actuales que más admiro. Esta afirmación me lleva a escribir esta columna, con total consciencia de que —en lealtad a mis principios y convicciones y anteponiendo el deber superior a cualquier ataque, cálculo o crítica— debo continuar en la tarea de buscar y construir la verdad. Lastimosamente, la actualidad ha exaltado las hipótesis y los rumores sobre los argumentos y la búsqueda real de la verdad.

Álvaro Uribe Vélez ha sido llamado a indagatoria para el 8 de octubre por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la cual podría exonerarlo o continuar el proceso, manteniéndolo en libertad o deteniéndolo. En cualquiera de los escenarios, lo que debería anteponerse es el principio básico del debido proceso judicial, con todas las garantías de defensa para el procesado, en especial la presunción de inocencia y de la buena fe, mientras no se demuestre, más allá de toda duda, su responsabilidad en los supuestos delitos de fraude procesal y soborno que le atribuyen.

La decisión que tome la Corte será trascendental para el futuro inmediato de Colombia. Cualquiera que sea, deberá estar impecablemente sustentada. De lo contrario, si queda alguna duda de su imparcialidad, de su seriedad y de su apego al Derecho, sería catastrófico para el país, por las repercusiones locales e internacionales que tendría un fallo injusto, infundado o politizado. De hecho, según una reciente encuesta realizada por Gallup (Gallup Poll nº 132, agosto de 2019), la gran mayoría de los colombianos tiene muy mala opinión del sistema judicial del país, pues el 79% tiene una imagen negativa, mientras que goza de solo un 15% de favorabilidad. En particular, según el sondeo, la Corte Suprema de Justicia tiene un 62% de imagen negativa, frente a un escaso 28% de respaldo.

Lamentablemente, la justicia penal de Colombia, cuya cabeza es la corte que llama a indagatoria a Uribe, tiene un pésimo desempeño en términos globales. De acuerdo con el índice de estado de derecho que elabora anualmente la organización no gubernamental estadounidense, World Justice Project (o Proyecto de Justicia Mundial), Colombia ocupa el puesto 106 de 126 países analizados.

Muchos en Colombia temen que en la Corte tengan más peso las consideraciones políticas y hasta personales contra Uribe, que los hechos, las realidades verificables, las pruebas y la aplicación serena y equilibrada de las normas vigentes. Preocupan también los recientes casos bochornosos, como el del llamado “Cartel de la toga” (así se le llamo a una organización que se dedicó a cometer delitos que se consideraron atentaban contra la seguridad pública) en el que se reveló la existencia una red de testigos falsos y de compraventa de sentencias en dicha corte, con varios magistrados involucrados.

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En toda sentencia, los fundamentos de Derecho y el recto análisis de los hechos probados son más importantes que el propio fallo. Es el camino deductivo por el que el juez explica su decisión, apoyado en la doctrina y en la jurisprudencia (o sea, los precedentes judiciales de hechos similares). Sin unos sólidos fundamentos jurídicos y probatorios, la sentencia no pasa de ser una calumnia, una infamia.

Así pues, mientras a Uribe no le comprueben nada como es debido, debería mantenerse no solo su inocencia, sino también su prestigio. Los rumores y los odios no pueden valer más que los hallazgos y que los hechos.

He tenido la oportunidad de conocer y compartir en diferentes ocasiones con el expresidente Uribe. En su persona resalta e impacta el conocimiento que tiene del país, pero además su trato amable, su capacidad de servicio y, particularmente, su patriotismo. Solo ese amor intenso por su país pudo haberle dado la fuerza suficiente para emprender la difícil tarea de salvarlo del abismo en el que se encontraba en el año 2002. Colombia se caracterizaba por registrar más de 3.000 secuestros al año. La guerrilla estaba al borde de tomarse las principales ciudades. Tenían miles de combatientes. Bombas, narcotráfico y extorsión eran el común denominador. Cientos de municipios fueron víctimas de tomas guerrilleras. El crecimiento económico era lánguido y la confianza inversionista no encontraba razón para creer en Colombia.

Uribe alejó a la guerrilla de las zonas urbanas y centros productivos, debilitándolos de manera contundente. Entre guerrilleros y autodefensas ilegales, desmovilizó a decenas de miles de criminales. En sus 8 años de gobierno, los actos terroristas disminuyeron de 1.645 en 2002 a 150. Recuperó la confianza inversionista y empresarial, creando las condiciones para el surgimiento de 150.000 empresas nuevas, mientras se multiplicaban las exportaciones. Los ingresos por concepto de turismo crecieron en un 115% y los asesinatos se redujeron de 28.837 a 15.817. El PIB de Colombia creció de manera histórica, llegando a niveles del 6%.

Estas cifras son apenas una pequeña muestra de lo que ha pasado en Colombia, a partir del liderazgo de Álvaro Uribe Vélez. Su labor ha despertado también muchos cuestionamientos. Sin embargo, nunca he conocido a una persona con más disposición para responder a sus contradictores. Siempre está abierto y atento a la batalla de los argumentos, como lo reflejó su solicitud desde el inicio del proceso a la corte para ser escuchado en versión libre. Su liderazgo se ha vuelto un muro de contención constante frente a la extensión por América Latina del socialismo del siglo XXI, que tanto daño le ha hecho a Venezuela. ¿Qué hubiera sido de Colombia y de América Latina, sin el liderazgo inspirador y de intenso fervor patriótico, de un luchador como Álvaro Uribe Vélez? Ojalá, con un respeto total por el debido proceso, prevalezca la justicia en esta nueva batalla que emprende.