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Colombia

Tan amado como odiado: el expresidente Álvaro Uribe es una figura que divide a los colombianos

Por Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Para hablar del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952) es necesario hacerlo con precaución, procurando no caer en la división que su nombre causa. El político que alguna vez fue declarado como ‘El gran colombiano’ despierta tanto amores como odios en la política de su país.

Uribe Velez fue presidente de Colombia entre 2002-2006 y 2006-2010. Pasó de ser director de la Aeronáutica Civil, a alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y luego presidente de un país sumido en la violencia más dura por parte de grupos armados y en la desesperanza que un proceso de paz fallido había dejado: el del presidente Andrés Pastrana a quien las FARC dejaron plantado en una cita en San Vicente del Cagúan en una imagen que pasó a la historia colombiana como ‘la silla vacía’.

“El expresidente Uribe llegó en un momento en que el país estaba atravesando una compleja situación y él cambió las cosas”, le dijo a CNN en Español el analista colombiano Ariel Ávila, experto en conflicto armado y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES.

BOGOTA, COLOMBIA: El recién elegido presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez junto a su vicepresidente Francisco Santos saludan a sus seguidores en 2002 en Bogotá. (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

Un reportaje de la Revista Semana de 2001 —un año antes de que Uribe llegara al poder— decía que “Colombia nunca había estado tan cerca del abismo como se siente hoy” y le atribuía al Gobierno del entonces presidente Pastrana (1998-2002) una “falta de liderazgo, con la inseguridad rampante, con el secuestro disparado y con el escalamiento de la guerra llegando a las ciudades”.

“Los colombianos quieren un hombre con pantalones”, decía Semana. “Y Uribe Vélez, que tiene pinta de pantalón corto y cara de adolescente imberbe, tiene la imagen de tenerlos muy bien puestos”.

Durante su presidencia, Uribe lideró fuerte ofensiva militar contra las FARC que cambió el rumbo del conflicto. Su política de “mano dura” y la seguridad democrática hicieron que en su Gobierno las acciones terroristas pasaran de 1.645 en 2002 a 709 en 2005; incluso las cifras de secuestros bajaron considerablemente.

“Para un gran grupo de gente lo que hizo (Uribe) era necesario hacerlo”, dice Ávila, el analista de PARES. “Para otro grupo de gente básicamente lo que hizo es un crimen”.

Las acusaciones contra Uribe

Falsos positivos

Ávila se refiere, entre otros, a los llamados “falsos positivos”, ocurridos entre 2002 y 2008. Es el nombre que reciben los asesinatos extrajudiciales de civiles que luego fueron calificados falsamente como muertos en combate.

Según Human Rights Watch los “falsos positivos” se empezaron a perpetrar extendida y sistemáticamente en 2002 con el objetivo de incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate. Según esta ONG, en tres años se registraron al menos 2.500 víctimas civiles víctimas de esa práctica. Pero una investigación citada por el Centro Nacional de Memoria Histórica titulada “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, en todo el país se habrían presentado unos 10.000 casos de falsos positivos.

Sobre estas acusaciones, Uribe ha negado que hubiera ordenado asesinatos y aseguró que durante su gobierno enfrentó y sancionó “toda violación de derechos humanos”.

El expresidente dijo que “escudándose” en el tema de derechos humanos, “algunos voceros del terrorismo” dijeron que “no se daba de baja a terroristas sino que se asesinaba a campesinos”.

“Ordené que cuando hubiera alguna baja, ese cadáver no lo podían mover las Fuerzas Armadas sino los representantes de la Fiscalía General de la Nación, del CTI. Así se hizo. Incluso, algunos llegaron a afirmar que era la derogatoria del fuero penal militar debido a excesos de la Fiscalía, que de cada levantamiento de cadáver formuló una acusación a los soldados y policías”, escribió en una carta en su cuenta de Twitter en 2017.

“Así mismo, en 2008, inmediatamente se conocieron las denuncias sobre los falsos positivos, retiré 27 altos militares de las Fuerzas Armadas”, agregó el expresidente.

Uribe ha defendido a las fuerzas militares y ha dicho que lo de los falsos positivos han servido para “encubrir falsas e injustas acusaciones contra algunos integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En muchos casos, obedeció a acciones del narcotráfico, que infortunadamente, con participación aislada de miembros de las Fuerzas Armadas, buscaba su impunidad y presentaba la apariencia de que el asesinato de ciudadanos inocentes se producía para combatir el narcotráfico, lo cual no era cierto”.

Por estos casos, más de 800 miembros del ejército, en su mayoría de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetrados entre 2002 y 2008, mientras que unos 16 generales del ejército activos y retirados están siendo investigados por estos delitos, pero ninguno ha sido acusado formalmente.

Interceptaciones ilegales y la masacre del Aro

Ávila también se refiere a una serie de escándalos que han oscurecido durante años la figura del hoy senador Uribe Vélez. Entre ellos están las interceptaciones ilegales a periodistas y magistrados durante su gobierno, que Uribe dijo que no participó ni ordenó y por esto fueron condenados dos cercanos colaboradores suyos.

En el caso sobre su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y la Granja, y el asesinato del líder social Jesús María Valle, el expresidente fue acusado de facilitar “la labor de los paramilitares”, un caso en el que Uribe dice que “no hay nada creíble” que lo comprometa. Por este caso el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar a Uribe en su condición de gobernador y en 2015 la Fiscalía ordenó investigar al expresidente “porque cuando fue gobernador de Antioquia habría facilitado la labor de los paramilitares” que la perpetraron.

En mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad los delitos asociados a estas dos masacres, más otra conocida como la de San Roque y al asesinato de Valle. Esta decisión implica que los hechos punibles no prescriben, es decir que no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados.

Uribe no enfrenta a cargos penales por estos hechos, solo una indagación previa sobre por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe, que en 2013 fundó el partido Centro Democrático, ha negado todas las acusaciones en su contra y ha defendido su inocencia en varias oportunidades. Hace unos meses, les pidió a sus seguidores que lo “defendieran” si lo acusaban de cometer cualquier “error”.

Su colaboradores en prisión

Además, varios de sus cercanos colaboradores de gobierno han ido presos. La exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario privado de Uribe, Bernardo Moreno, fueron condenados en 2015 por la Corte Suprema de Justicia por interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de autoridad, concierto para delinquir y peculado, por el caso de las ‘Chuza-DAS’.

Los exministros del Interior, Sabas Pretelt, y el de Salud, Diego Palacio, fueron condenados a 6 años y medio de prisión en 2015 por el delito de cohecho. Los exministros fueron condenados por ofrecer a dos congresistas cargos burocráticos a cambio de votar a favor de modificar la constitución en 2004 para permitir la reelección de Álvaro Uribe. El escándalo se conoce como la “Yidispolítica”, en nombre de Yidis Medina, una de las congresista a la que le ofrecieron las dádivas. Medina fue condenada a tres años y medio de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho.

La modificación constitucional le permitió postularse a Uribe de nuevo al mandatario para su segundo periodo presidencial. En esas elecciones Uribe fue reelegido por cuatro años más.

Además sobre su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pesa una condena de 17 años y medio de prisión por desvío de dinero de un programa de asistencia agrícola para campesinos a familias ricas del país, conocida como Agro Ingreso Seguro.

“Es con la disculpa de combatir a las FARC, un grupo de gente dice podemos viajar, las FARC no se tomaron el poder, etc. y otro grupo de gente dice eso costó (miles) ejecuciones, escándalos de corrupción como la Yidispolítica, la compra de la reelección, escándalo de corrupción como Agro Ingreso Seguro”, dice Ávila.

Detractores del expresidiente Álvaro Uribe se manifestan en su contra antes de la comparecencia del senador ante la Corte Suprema de Justicia. Bogota, octubre de 2019. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Un país dividido

En Bogotá, esta semana un grupo de simpatizantes y detractores de Uribe se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia a donde Uribe llegó para testificar en el caso de presunta manipulación de testigos. En este caso el expresidente pasó de denunciante a denunciado, pues en principio denunció judicialmente al senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, asegurando que ofrecía beneficios jurídicos a varios exparamilitares presos para que lo vincularan con esos grupos armados de extrema derecha.

Después, la Corte no solo encontró elementos suficientes para exonerar a Cepeda, sino que decidió investigar a Uribe al encontrar las que considera pruebas y testimonios nuevos que involucrarían al expresidente en las mismas prácticas de las que acusaba al Cepeda.

“Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respecto a los ciudadanos, me creara estas dificultades judiciales”, dijo Uribe antes de su comparencia en la Corte.

El pasado 4 de septiembre dijo en CNN que: “Hay muchos testigos que han dicho que los manipularon en contra mía. Que fueron a ofrecerles beneficios y eso es lo que está ahora en proceso. La corte los está llamando a todos. Ahora está haciendo lo que debió hacer la corte antes de llamarme a indagatoria”.

El senador Iván Cepeda ha preferido no hacer mayores comentarios y pidió respetar la independencia de los magistrados.

Entonces, al llegar a la Corte el martes, unos —quienes lo llaman “presidente eterno”—gritaban su nombre y defendían su inocencia, otros lo llamaban “asesino”.

“La admiración por Uribe es visceral”, le dijo a CNN en Español el analista Jorge Andrés Hernández, coordinador del Observatorio de la Democracia en PARES. “Él logra siempre crear la imagen de perseguido por la justicia, por unos pillos, de perseguido por el traidor”.

Hernández dice que Uribe ha logrado canalizar su discurso político en un “dilema existencial” creando una atmósfera apocalíptica en la que él constituye la salvación.

En esto coincide la senadora uribista Paloma Valencia, una de las más férreas defensoras del líder político.

“El presidente Uribe fue el hombre que nos devolvió la esperanza a muchos colombianos”, dijo este martes Valencia en el programa Pregunta Yamid a propósito de la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. “Para muchos colombianos el presidente Uribe es sinónimo de la confianza en las instituciones”.

Sin embargo, a pesar de que que a Uribe lo reconocen por su mano dura contra las FARC, sus detractores también lo critican porque durante sus dos gobiernos recrudecieron hechos como el desplazamiento y las desapariciones forzadas, según el Registro Único de Víctimas.

“Uribe es una de esas personas que tiene dos caras, y lo más dramático es que ambas partes tienen la razón”, agregó Ávila. “¿Que Uribe cambió el país? Claro que lo cambió, pero a un costo muy alto”.

Se desvanece su popularidad

A su llegada al poder Uribe se consolidó como el mandatario con los índices de aprobación más altos en la historia reciente, llegando incluso hasta los 86 puntos con la operación Jaque en 2008, según la encuestadora  Gallup, algo histórico que ningún presidente en los últimos veinte había años logrado.

Pero pronto, con el fin de su primer mandato, la popularidad exacerbada de Uribe empezaría a caer. Uno de los puntos de quiebre fue el proceso de paz con las FARC firmado por su sucesor Juan Manuel Santos en 2016. Aunque el acuerdo de paz contó con un apoyo internacional abrumador, el expresidente lideró la campaña en su contra argumentando que el acuerdo daba impunidad a los combatientes de las FARC.

En ese momento la desfavorabilidad de Uribe empezó a caer, para llevarlo a tener una imagen negativa del 61% en la actualidad, frente a solo un 34% de opinión favorable, según la encuesta Gallup de agosto de 2019.

“El expresidente se ha visto afectado [por] todos los escándalos que pudieron ocurrir en su gobierno y eso ha comenzado a surgir”, dice Ávila, quien agrega que debido a la gran cantidad de escándalos que han salido a la luz ha habido un “desencanto” hacia él.

“Hace dos años era imposible ver a Uribe en esta situación”, dice Ávila sobre los procesos contra Uribe.

“Pero el país ha ido perdiendo miedo”, puntualiza.