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Ministro de Defensa de Ecuador cuestiona reporte de Bachelet sobre protestas de octubre
(CNN Español) -- Dos altas autoridades de Ecuador reaccionaron al comunicado que emitió este viernes el Alto Comisionado de la ONU, recogiendo declaraciones de su representante Michelle Bachelet sobre la evaluación de las protestas ocurridas en octubre pasado en Ecuador.
El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, cuestionó en declaraciones a los medios el comunicado de la ONU y pidió a la organización internacional que sugiera otros mecanismos para controlar protestas violentas.
"Que haya sido excesivo o no puede investigarse, pero que se diga innecesario, que nos digan qué otro método se utiliza para controlar un disturbio un motín, acciones de desestabilización, uso de armas caseras y tratar de quebrantar el orden constitucional, realizar acciones de terrorismo, asaltar, quemar, destruir y no utilizar ninguna arma no letal, en ningún momento se emplearon armas letales, solo armas no letales, si es que hay algún otro método podrían enseñarnos, estaríamos dispuestos a recibir instrucción de cómo controlar manifestaciones, ataques, agresiones, violencias inhumanas que se desarrollaron sin utilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional", precisó Jarrín.
El Alto Comisionado de la ONU informó que la misión enviada a Ecuador "recibió informes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza". Bachelet pidió la revisión de los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a normas y criterios internacionales.
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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó del trabajo de la misión enviada a Ecuador entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre para analizar los hechos alrededor de las protestas en contra de las medidas económicas, registradas del 3 al 13 de octubre. El presidente Moreno decretó el aumento del precio de los combustibles que fue rechazado por varios sectores por considerar que afectaría la economía familiar. El decreto fue derogado después de las protestas.
Bachelet señala que "los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano" y enfatizó que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas". Al mismo tiempo, según Bachelet, "es importante que los manifestantes no recurran a la violencia".
Otro patrón considerado "inquietante" por el documento del Alto Comisionado de la ONU fue "el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias" y pidió que los imputados tengan un juicio justo. El comunicado señala que el número de detenidos ascendió a 1.382 y que según datos de la Fiscalía y el Gobierno, el 80% de los detenidos fue puesto en libertad posteriormente.
Por su parte, el canciller de Ecuador, José Valencia, en declaraciones a los medios, respondió que "cualquier exceso que haya habido por parte de la Fuerza Pública va a ser y está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Valencia agregó que "la Fiscalía y los tribunales ecuatorianos están trabajando en buscar a los responsables de los destrozos de la propiedad privada, las agresiones a la fuerza pública y los culpables deberán comparecer ante esos tribunales y responder por esas violaciones de derechos". Insistió en que "nadie en Ecuador puede estar por encima de la ley".
La Oficina del alto Comisionado indicó que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y que se registraron disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionales y ataques contra propiedades públicas y privadas.
Bachelet pidió a las autoridades "que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales". Finalmente, sugirió al gobierno promover una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos".
