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Centroamérica

Eternamente autoritarios

Por Vaclav Masek Sánchez

Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez recibió su maestría en el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU), donde actualmente es instructor adjunto. Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centroamérica. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.

(CNN Español) — El Salvador volvió a acaparar las portadas de los medios de Centroamérica, luego de una jornada confusa en la Asamblea Legislativa. Días después, una ley controversial puso al órgano legislativo de Guatemala en el escaparate mediático.

Y ahora, la confirmación de una solicitud de asilo en Estados Unidos por parte de una ex fiscal general en Guatemala confirma la naturaleza cíclica de los sucesos en Centroamérica. Una subordinación de parte de los gobernantes—y de los que desean gobernar— de los otros poderes estatales para perpetuar la inestabilidad democrática regional.

Los peones del ajedrez geopolítico más importante del siglo pasado siguen manifestando efectos postraumáticos que son simbólicamente anacrónicos, pero que, irónicamente, son cada vez más recurrentes en una región de posguerra.

Repasemos el 9 de febrero en El Salvador.

La toma del Congreso salvadoreño por parte de las Fuerzas Armadas es el ejemplo más reciente de la poca relevancia de los acuerdos de paz centroamericanos. Parece que no fueron más que una transformación de la violencia de sus conflictos armados a métodos insidiosos de control poblacional para reafirmar el poder estatal.

Tras el velo de la democracia representativa —donde el apoyo popular ahora es manipulado para afanes personalistas— el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desafía su promesa de un Estado laico y civil. Juega con su poder político, porque sabe que ser el presidente más popular de América Latina le da licencia para la irreverencia.

El presidente prueba los límites de las normas constitucionales de su país mediante excesivas medidas de presión que son mediáticamente exitosas.

Bukele convocó primero a una sesión extraordinaria para tratar un punto único en la agenda: autorizar el financiamiento de la tercera parte de su Plan Control Territorial.

El préstamo de US$ 109 millones, que sería otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y utilizado de la siguiente manera: US$ 25,9 millones para videovigilancia con reconocimiento facial; US$ 17,4 millones para equipo táctico-operativo de la policía; US$ 15,5 millones en mobiliario médico para las Fuerzas Armadas, entre otros.

En una Asamblea fragmentada y controlada por los dos partidos salvadoreños de antaño, ARENA y el FMLN, a Bukele y su partido se les ha complicado aprobar leyes. Necesitado de esta inversión millonaria para cumplir su principal promesa de campaña, el presidente ejerció presión desplegando un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea.

Numerosos observadores especulaban que aquella “toma” de la Asamblea sería para perpetrar un autogolpe —disolviendo la legislatura para afirmar su control— como lo hicieron en su momento Alberto Fujimori, en Perú; y Jorge Serrano Elías, en Guatemala.

Bukele, en cambio, enarboló una bandera nacionalista cuando habló en cadena nacional. Rodeó el Palacio Legislativo de militares, metió fusiles al hemiciclo y habló a los legisladores por el pueblo salvadoreño, luego de ser “intercedido” por Dios.

Pero la militarización del Congreso nos remontó a los años de represión durante la guerra civil en el país (1980-1992).

El domingo 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele hizo la que sin duda es, hasta hoy, su intervención pública más religiosa: mencionó 25 veces a Dios. Al final de su discurso, aseguró que había recibido un mensaje de Él: «Dios me dijo ‘paciencia'».

Tras ver frustrada su convocatoria, Bukele dio un plazo de una semana (hasta el domingo 15 de febrero) a la Asamblea Legislativa para aprobar dicho préstamo. Tanto ARENA como el FMLN, que se oponen al plan, calificaron lo acontecido de “golpe de Estado.”

Solo 12 días después del 9 de febrero, Bukele se rodeó de militares y policías y volvió a criminalizar a los diputados y a la Asamblea. Expresó su repudio a la clase política salvadoreña y su apreciación por las Fuerzas Armadas: “Les quiero agradecer porque ustedes han decidido servir y proteger a los salvadoreños de los enemigos internos y externos.”

Luego de expirar el plazo, el presidente tuiteó que ni ARENA ni FMLN participaron en una reunión con el BCIE, extendiendo aún más su pulso con la Asamblea.

En Guatemala, donde recientemente se llevaron a cabo demostraciones de fuerzas militares en actos del Poder Ejecutivo parecidos a los de El Salvador, la restricción de derechos fundamentales continúa su marcha con la nueva legislatura.

Con sutileza, la alianza oficialista que aglomera el partido del expresidente Jimmy Morales (FCN-Nación) con el del actual mandatario, Alejandro Giammattei (Vamos), aprobó una polémica ley para que las organizaciones no gubernamentales no utilicen donaciones en actividades que “alteren el orden público”.

En esencia, la iniciativa de ley 5.257 otorga facultades al Estado para vigilar e intervenir en las ONG cuando el interés o el orden público lo requieran. Los diputados que apoyaron la 5.257 lo hicieron en el nombre de la transparencia, ya que el artículo 14 de dicha iniciativa ordena que las organizaciones tienen que publicar su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable.

Esto, junto con la ley antipandillas que pretende categorizar a las maras como terroristas, viene con especial dedicatoria a organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), a las autoridades ancestrales indígenas y a las demás redes que buscan cambios al status quo en Guatemala.

Entre los otros sucesos que deberían a alarmar a los guatemaltecos por su anacronismo histórico está la confirmación de solicitud de asilo de la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos.

La exfuncionaria denunció amenazas en su contra por las investigaciones que impulsó como jefa del Ministerio Público, donde investigó personajes conocidos y poderosos, desafiando al establishment político y las élites económicas.

Una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló que Mario Estrada, expresidenciable de la UCN y condenado en febrero por narcotráfico, intentó obtener el apoyo de una estructura criminal para matar a Aldana. 

Aun en condición de asilada política, la exfiscal, quien fuera candidata presidencial en las últimas elecciones, tiene dos órdenes de captura pendientes en Guatemala. El Ministerio Público de Guatemala solicitó la extradición de Aldana el 19 de febrero, sospechosa de haber adquirido un edificio de forma irregular.

El expresidente Jimmy Morales, quien en su momento desestimó todo lo relativo al caso de Aldana, estropea aún más su deteriorada imagen ahora que Washington confirma la autenticidad de las amenazas de muerte realizadas por Estrada.

A pesar del paso de los años, la intimidación es la moneda de cambio que sigue sin devaluarse en El Salvador y Guatemala. Y es que meter miedo y amenazar es el modus operandi político centroamericano.

La Centroamérica contemporánea vuelve a asemejarse a su infame pasado. Parece que, aunque nuestra apariencia sea democrática y moderna, los centroamericanos seremos eternamente autoritarios.