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Argentina

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Un organismo oficial denuncia ”irregularidades“ en el balance de Correo Argentino SA

Por Emilia Delfino

(CNN) — Un organismo del gobierno argentino realizó una presentación judicial contra Correo Argentino SA, una empresa de SOCMA (Sociedades Macri), controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri. CNN accedió a una resolución oficial de la Inspección General de Justicia (IGJ) que complicó la situación judicial de la compañía.

La IGJ, un organismo de control que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, es el encargado de monitorear los balances comerciales de las sociedades anónimas, entre otras funciones. El nuevo titular de la IGJ, Ricardo Nissen declaró como “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos” todos los documentos comerciales de 2018 presentados por Correo ante las autoridades.

La resolución de la IGJ cuestiona el hecho de que el síndico y el auditor de Correo se han negado a emitir opinión avalando o rechazando los balances de la compañía, un requisito exigido por el organismo.

En el balance denunciado,el auditor externo o independiente que debe controlar las cuentas de Correo sostiene no haber “podido obtener elementos de juicio válidos y suficientes como para expresar una opinión de auditoría”.

Correo es controlada por Socma (Sociedades Macri), que posee el 86% de las acciones de Correo. A su vez, Socma tiene como accionistas a la familia del ex presidente Macri: sus hermanos Gianfranco y Mariano, sus sobrinos por parte de su hermana fallecida, Sandra Macri, y los hijos del exmandatario (que recibieron de forma anticipada las acciones de su padre)

El 14% de las acciones restante pertenecen al Estado Nacional.

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La empresa es “residual”, sin actividad comercial, y atraviesa un concurso de acreedores que acumula más de 18 años sin resolución: la Justicia nunca activó el salvataje o la quiebra de la compañía endeudada y Correo sigue sin pagar sus deudas.

Su principal acreedor es el Estado Nacional. La compañía debe alrededor de 300 millones de pesos/dólares (porque cuando entró en concurso de acreedores el peso argentino valía un dólar por la ley de Convertibilidad).

Correo Argentino SA fue intervenida judicialmente a principios de marzo. Los representantes de la empresa solicitaron a la Justicia que revea la intervención y anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia si no logran un fallo a favor, de acuerdo al escrito al que accedió CNN. También pidieron que mientras tanto se suspenda la intervención de la empresa y acompañaron documentación que debe ser analizada por la Justicia.

Este viernes, la IGJ notificó su decisión a los jueces y fiscales que investigan a Correo por presuntos delitos contra el Estado. También se lo informó a Marta Cirulli, la jueza que debe controlar el concurso de acreedores de Correo, un proceso judicial para garantizar que la empresa pague sus deudas.

Correo dijo a CNN que al cierre de este artículo aún no había sido notificada de esta resolución en su contra y luego de analizarla respondería las consultas puntuales.

A fines de los 90, Correo Argentino SA dejó de pagar los cánones de la concesión al Estado y éste se convirtió en su principal acreedor, según consta en la causa judicial. El director de Correo, Jaime Cibils Robirosa, dijo a CNN que el caso “ha tenido siempre condimentos políticos” y que la empresa “tiene buena fe para tratar de resolver la situación y pagar tanto al Estado como al resto de los acreedores”.

En sus balances, Correo sostiene que la administración nacional también habría acumulado deudas con la compañía porque a fines de los años 90 dejó de abonar los servicios postales prestado al propio Estado. Y que eso, dice Correo, llevó a la compañía a entrar en concurso de acreedores en 2001.

Además, en 2003, tras asumir al mando del Ejecutivo, Néstor Kirchner decretó la reestatización del correo y los bienes del correo estatal que la compañía habían recibido durante la concesión regresaron a manos del Estado. La administración pública también se quedó con una planta de distribución construida por la empresa de los Macri en la provincia de Buenos Aires, según consta en el expediente, que la empresa viene reclamando como propia.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un acuerdo con Correo Argentino SA para el pago de su deuda. Se acordó una quita del 98,87 % a la deuda con el Estado con el argumento de que era lo que la empresa podía pagar. Correo, además, inició distintos juicios contra el Estado Nacional en reclamo de supuestas deudas por la falta de pago de servicios postales.

El acuerdo cayó en febrero de 2017 luego de que la fiscal general Gabriela Boquin se opusiera a las condiciones fijadas entre el Ejecutivo y la compañía y calificara el acuerdo como “abusivo” y “perjudicial para el Estado”.

En aquella primera negociación, el Estado iba a dejar de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

En 2017, el caso comenzó a investigarse también en la Justicia federal penal y el fiscal Gerardo Pollicita sostuvo en 2018 que los funcionarios de Macri “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA”. Así consta en el dictamen al que accedió CNN. Por este caso dos funcionarios fueron indagados en 2019, El juez del caso aún no resolvió su situación.

Según relató el fiscal Pollicita, con el acuerdo que iba a concretarse de no mediar el dictamen de la fiscal Boquin, el Estado iba a tener que “soporta el no recupero del valor real” de la deuda de La empresa.

El entonces ministro Oscar Aguad, quien lideró el acuerdo con Correo, sostuvo en un escrito ante la Justicia penal que “lejos de obrar con una actitud dolosa perjudicial para los intereses de la administración” su intención fue “procurarle una ventaja (al Estado), la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo”. De esta manera, explicó que la quita acordada era la forma de recuperar una porción de la deuda de la empresa con el Estado.

El ex presidente Macri también forma parte de la investigación en esta causa pero no fue citado a indagatoria. «No participé en nada de lo que llevó a cabo Aguad, esperamos que la Justicia decida con todos los mecanismos que le pusimos sobre la mesa», dijo Macri en conferencia de prensa en febrero de 2017.

El entonces mandatario había ordenado que la negociación con la empresa de su familia vuelva «a foja cero» pero su gobierno nunca concretó un nuevo acuerdo con la compañía de su familia. El entonces jefe de Gabinete, Marco Peña, sostuvo en una conferencia de prensa de 2’17 que el acuerdo con la empresa en 2016 fue con “transparente y legalidad”.