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OPINIÓN | Coronavirus: cuando ponerse la mascarilla pareciera un acto subversivo
Nota del editor: Soraya Rodríguez Ramos es abogada y eurodiputada española por Ciudadanos en el grupo Renew Europe. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen exclusivamente a la autora. Ver más artículo de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – Después de ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriendo que inyectarse desinfectante puede ser una medida para combatir el covid-19, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, repartiendo besos y abrazos para retarlo y al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, utilizar las medidas de emergencia sanitaria para amordazar las libertades, podríamos pensar que hemos contemplado el peor catálogo del populismo del siglo XXI. Sin embargo, si algo nos está demostrando esta pandemia es que la realidad supera cualquier ficción distópica.
Imaginen un país cuyo gobierno, frente al avance del virus en naciones vecinas, convoca marchas multitudinarias con el lema: Amor en tiempos del covid-19, en el que las pancartas se alzan clamando la victoria contra el virus. Imaginen un gobierno que, ausente, aparece puntual y fugazmente para repetir a los ciudadanos que no serán alcanzados por la pandemia. Imaginen un país en el que cualquier intento de autoprotección contra la amenaza inminente se convierte en una traición a la patria. Donde ponerse una mascarilla es un acto subversivo. Donde cualquier noticia u opinión especialista o disidente se tacha de desinformación y se convierte en fuente de alarma social en torno a un peligro inexistente, irracional, injustificado.
Desafortunadamente, no se trata de un guion para una nueva producción en cualquier plataforma audiovisual.
Hablamos de la Nicaragua de hoy, de una realidad que ha hecho del Gobierno del país centroamericano el peor gestor del covid-19, según la revista científica The Lancet.
El Gobierno sandinista ha permanecido inmóvil ante el avance de un virus que ya sabemos emancipado de fronteras. Según la pareja presidencial y el Ministerio de Salud, el país permanece casi inmune al covid-19 y sigue sin confirmarse la transmisión comunitaria. Las medidas de salud pública han sido tardías, tímidas y ciertamente insuficientes, con el pretexto de un control absoluto de la situación y de un sistema sanitario avanzado, robusto y resistente a la pandemia, según sus dirigentes.
En Nicaragua sigue sin declararse la emergencia sanitaria, continúa la celebración de los eventos lúdicos y deportivos y las autoridades gubernamentales celebran y bailan a sus santos en fiestas religiosas que se dan de bruces con las parroquias cerradas y los actos suspendidos por las autoridades eclesiásticas. Salir a la calle y tomar en los bares es hoy un acto de fe en el régimen. El miedo legítimo al contagio es promover la desestabilización, el caos, el odio. Es “destruir Nicaragua”, en palabras del presidente Daniel Ortega. Los especialistas que informan y alertan son “cerebros deformes”, según la vicepresidenta Rosario Murillo.
La gestión del Gobierno sandinista profundiza día a día el peligro para la vida de la población. Cuesta imaginar que el personal sanitario no tenga equipos básicos de protección, no por desabastecimiento, sino porque el no reconocimiento de la pandemia convierte toda protección en alarma innecesaria. Esta situación enfrenta a los profesionales de la salud con un dilema perverso: atender a sus pacientes sabiendo que ellos mismos pueden ser vectores de contagio. Están agotados y atrapados en una política ruin y mezquina, como la que ha provocado el despido injustificado de seis profesionales del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud afiliado a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), por criticar las medidas gubernamentales, una decisión calificada de arbitraria y peligrosa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta misma universidad traslada a sus estudiantes y médicos residentes de otras especialidades a cubrir patologías respiratorias sin previo aviso y pese a no haberse oficializado una emergencia sanitaria.
En su comunicado del 12 de mayo, el Ministerio de Salud (MINSA) señaló la existencia de 25 casos de covid-19 y ocho fallecimientos desde el inicio de la pandemia. La población espera durante días el acceso a unos datos que no son transparentes ni fiables, como ha alertado de forma reiterada –y recogida en los medios– la Organización Panamericana de Salud. Apenas se realizan pruebas y probablemente las muertes por covid-19 se atribuyen a otras patologías. Esto se deduce de la cantidad, cada vez mayor, de entierros prácticamente clandestinos que el Gobierno insta a las familias a realizar en plazos de tres horas. En un informe filtrado a la prensa, y elaborado por especialistas del propio MINSA, se estimaban 32.500 casos de covid-19 y 813 fallecimientos en los próximos 6 meses. Con estos datos en la mesa, es inexplicable la nula respuesta de sus autoridades. ¿Cuántas vidas va a costar esta negación continua, empeñada en ignorar todo criterio científico?
El derecho a la salud es también un derecho humano, y esta es la última frontera que la represión del régimen de Ortega y Murillo ha alcanzado hasta ahora. Por ello, como responsable de Derechos Humanos de Renew Europe en el Europarlamento he enviado una carta al alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, instando a la UE a utilizar los instrumentos de política exterior apropiados de cara a promover la salud, un derecho humano hoy gravemente comprometido en Nicaragua. Continuaremos apoyando y acompañando desde el Parlamento europeo al pueblo nicaragüense en su compromiso con la democracia y en su búsqueda de la reparación, la justicia y la verdad.
