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En Colombia, grupos armados usan asesinatos y amenazas para hacer cumplir medidas contra covid-19, afirma Human Rights Watch

Por Mia Alberti, Stefano Pozzebon

(CNN) — Grupos armados en Colombia están utilizando asesinatos y otras formas de violencia para obligar a los civiles a seguir sus reglas para frenar la transmisión del coronavirus, advirtió Human Rights Watch (HRW) el miércoles.

«En comunidades de Colombia, grupos armados han aplicado violentamente sus propias medidas para evitar la propagación del covid-19», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

La organización denunció varios asesinatos que las autoridades locales concluyeron que habían sido represalias por no seguir las medidas creadas por estos grupos. HRW también detalló ataques contra vehículos, amenazas y coerción.

Soldados colombianos patrullan las calles de Bogotá en medio de la pandemia de coronavirus. (Crédito: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

HRW dijo que entrevistó a 55 personas en 13 estados de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, personal de organizaciones humanitarias, agentes de policía y residentes locales. La organización dice que también revisó 20 panfletos firmados por grupos armados que parecían ser auténticos y trabajaron con otras fuentes locales.

Un panfleto de un grupo armado citado por HRW advertía: «Aquellos que no cumplan deberán rendir cuentas según nuestra ley con su propia vida … O cumples o mueres».

Los grupos involucrados en la imposición de sus propias restricciones a las poblaciones locales al comienzo de la pandemia incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército de Liberación Popular (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otros «grupos disidentes de las FARC», dijo HRW.

Las FARC, que alguna vez fueron el grupo armado más grande de Colombia, firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Sin embargo, varias facciones ramificadas continúan operando en el país.

El ELN dice que alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno en septiembre de 2017, pero la observancia ha sido esporádica. En enero de 2019, se atribuyó la responsabilidad de un atentado con coche bomba en Bogotá que dejó 20 muertos, diciendo que fue en respuesta al bombardeo gubernamental de sus campamentos. Más recientemente, anunció un alto el fuego de un mes en abril en respuesta a la pandemia de covid-19.

El 19 de mayo, el ELN negó las acusaciones de que sus miembros estaban haciendo cumplir la cuarentena. «El bloqueo armado está siendo impuesto por las fuerzas del gobierno colombiano y sus agencias de inteligencia, que están aprovechando su capacidad tecnológica para engañar a la opinión pública y ocultar sus fallas en la gestión de la pandemia», se lee en una columna en el sitio web oficial del ELN, atribuido al Frente de Guerra Dario Ramírez Castro.

Los otros grupos, a diferencia del ELN, no tienen brazos de comunicación establecidos.

Colombia ha reportado casi 160.000 casos de covid-19, la quinta cifra más alta en América Latina, después de México, Chile, Perú y Brasil, según la Universidad Johns Hopkins.

Desde el lunes, los funcionarios han implementado nuevas medidas de confinamiento, basadas en zonas geográficas para la capital, Bogotá. Además, el gobierno nacional anunció la extensión de la cuarentena en todo el país hasta el 1 de agosto.

HRW señaló que según el derecho internacional, el gobierno «está obligado a proteger los derechos a la vida y la integridad física al tomar medidas preventivas adecuadas contra las amenazas razonablemente previsibles de los actores privadoc, incluidos los grupos delictivos organizados y otros grupos armados».

El gobierno colombiano también tiene la obligación, dijo, de tomar medidas efectivas y adecuadas para prevenir la propagación de covid-19 y proteger el derecho de las personas a la salud, así como garantizar los derechos a la alimentación y al agua.

«Los ‘castigos’ draconianos impuestos por los grupos armados para evitar la propagación de covid-19 significan que las personas en comunidades remotas y empobrecidas de Colombia corren el riesgo de ser atacadas e incluso asesinadas si dejan sus hogares», dijo Vivanco.

«El gobierno debe intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan alimentos y agua adecuados y proteger su salud de los efectos de covid-19».

Las autoridades colombianas no han comentado sobre las acusaciones de HRW el miércoles, pero las autoridades han hecho acusaciones similares en el pasado.

El 30 de abril, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, solicitó formalmente al Ministerio del Interior que tomara medidas contra los confinamientos forzosos por parte de grupos como el ELN, instando al gobierno a aumentar la presencia del Ejército y la Policía Nacional de Colombia en ciertas áreas y garantizar la ayuda a la población civil local.

Solo entre el 23 de marzo y el 27 de abril, la oficina de Negret había registrado hasta 72 «violaciones de los derechos de los ciudadanos», incluidos asesinatos, incendios provocados de vehículos, desplazamiento forzado y secuestros grupales, dijo en el comunicado.

Más de la mitad de estos fueron perpetrados «en nombre de la emergencia de salud», según Negret.