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Honduras

Un tribunal de Honduras ordena revocar la prisión preventiva a exprimera dama Rosa Elena Bonilla

Por Elvin Sandoval

(CNN Español) — El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de Honduras determinó este jueves por unanimidad revocar la prisión preventiva a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla Ávila, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que gobernó el país de 2010 a 2014.

El poder judicial de Honduras le notificó a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) la resolución para que libere a Bonilla Ávila, que se encontraba en una prisión del departamento de Francisco Morazán desde el 28 de febrero de 2018.

La exprimera dama fue condenada el 4 de septiembre de 2019 a 58 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y fraude. Bonilla Ávila no asistió a la lectura de su sentencia pero sus abogados aseguraron que era inocente.

La defensa de la mujer interpuso un recurso por la sentencia y una sala de lo penal del poder judicial hondureño resolvió el 4 de diciembre de 2019 anular la sentencia por quebrantamiento de forma y repetir el juicio contra la esposa del expresidente Lobo.

El abogado de la exprimera dama, Carlos Berganza, dijo que están satisfechos con la revocación y que ahora van a esperar la repetición del juicio.

El escrito donde se ordena la excarcelación establece que Bonilla Ávila quedará a cargo de su apoderado legal y se presentará cada mes a un tribunal a rendir un informe de su medida cautelar.

Además, la mujer tiene prohibido salir de Honduras y reunirse con las otras personas que fueron mencionadas en el juicio. Ninguna de las aludidas ha emitido comentarios al respecto.

El poder judicial de Honduras aún no ha fijado fecha para la repetición del juicio contra la exprimera dama, que había sido acusada de haber sustraído US$ 520.000 de una cuenta bancaria del despacho de la primera dama a una cuenta personal, cinco días antes de dejar su cargo.

Rosa Elena había sido acusada por los fiscales y personeros de la desaparecida Misión de Apoyo Contra La Corrupción e Impunidad en Honduras, que se instaló en el país en 2016 para combatir la corrupción.

Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández no quiso ampliar el convenio de dos años que finalizó en 2018 para que el organismo continuara en Honduras.