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Colombia

Colombia quiere reanudar fumigaciones con glifosato (un químico tóxico) para combatir cultivos de coca: críticos advierten que es muy peligroso

Por Stefano Pozzebon

(CNN) –– Colombia quiere reanudar la fumigación aérea con un químico tóxico en remotas áreas rurales para detener el crecimiento de los cultivos de coca, el ingrediente principal de la cocaína, a pesar de las graves preocupaciones para la salud que esto genera.

La fumigación generalmente se realiza con glifosato, un químico que la Organización Mundial de la Salud ha relacionado con el cáncer y que ha clasificado como «probablemente cancerígeno para los humanos». El gobierno de Colombia afirma que el procedimiento se puede hacer de manera segura, pero los críticos argumentan que resulta peligroso e ineficaz.

En 2015, el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos detuvo esta práctica. Sin embargo, su sucesor, Iván Duque, con el empujón del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ahora está presionando por una audiencia ante la autoridad de licencias ambientales de Colombia, con el fin de obtener permiso para reiniciar las polémicas fumigaciones.

El gobierno de Duque señala que erradicar los cultivos de coca limitará el narcotráfico y la violencia de las organizaciones de drogas, a las que se ha culpado por siete masacres ocurridas en agosto que cobraron la vida de 36 personas, incluidos varios niños.

La producción de cocaína en Colombia se encuentra actualmente en un máximo histórico. Según el último informe sobre drogas de la ONU, basado en cifras de 2017, el país produce alrededor del 70% de la cocaína del mundo y, aunque el tamaño de la cosecha ha disminuido ligeramente, la producción está creciendo debido a una mejor productividad.

La cocaína «es la principal fuente de ingresos para los grupos criminales que están detrás de estas recientes masacres«, aseguró el pasado 24 de agosto el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.

Suspender la fumigación aérea fue un «grave error», añadió.

‘Una niebla tóxica’

La fumigación aérea permitió a las autoridades combatir los cultivos ilegales de coca en rincones de Colombia a los que es difícil acceder y que a menudo son peligrosos.

El gobierno se ha comprometido a que las futuras fumigaciones aéreas no se realizarán en áreas protegidas ni en parques nacionales, según dijo a CNN Rafael Guarín, alto consejero para seguridad nacional del presidente Duque. Guarín añadió que la práctica solo se llevaría a cabo dentro de los parámetros establecidos por la autoridad de licencias ambientales.

Un avión fumiga campos de coca en San Miguel, en la frontera sur de Colombia con Ecuador, el 15 de diciembre de 2006.

José David Hernández, un agricultor de la zona rural de Antioquia que cultivó coca hasta 2018, recuerda las fumigaciones aéreas de 2003 y 2004.

El herbicida caía sobre el campo como una niebla tóxica y causaba una irritación tan dolorosa que la piel de los trabajadores comenzaba a sangrar, relató.

A decenas de kilómetros del hospital más cercano, los agricultores intentaban curarse las heridas con un ungüento artesanal que blanqueaba la piel. Hasta el día de hoy, le dijo Hernández a CNN, sus brazos y piernas tienen puntos más blancos, que fueron donde aplicó el ungüento para tratar sus lesiones.

El debate científico sobre los peligros del glifosato sigue en curso. Si bien la OMS ha relacionado el glifosato con el cáncer, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. «encuentra que no existen riesgos de preocupación para la salud humana cuando se usa glifosato de acuerdo con su etiqueta actual».

Monsanto, la empresa estadounidense que fabrica glifosato, recomienda que los usuarios lleven un equipo de protección personal. Pero en Colombia, el herbicida a menudo se rocía sobre una gran cantidad de tierra, sin advertir en gran medida a los trabajadores de los campos, incluidos agricultores que se ocupan de las plantas de coca u otros que trabajan en cultivos legales en las cercanías.

Los críticos de las fumigaciones aéreas también dicen que existen riesgos más allá del potencial de cáncer, como las preocupaciones sobre el daño a la delicada vida vegetal en un país considerado como una de las naciones con mayor diversidad biológica del planeta.

En 2008, Ecuador presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia, en el que señaló que la fumigación aérea de Colombia cerca de su frontera conjunta afectaba su propio entorno natural. La corte se puso del lado de Ecuador.

Una historia política complicada

Los problemas de salud pública son solo una parte del cálculo.

Los oponentes de Duque consideran que retomar la fumigación es una una mala política en el peor momento posible, y temen que su reanudación pueda alterar el delicado equilibrio que siguió al final del conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

La prohibición de Santos sobre las fumigaciones aéreas tuvo un fuerte componente político. En ese momento, su gobierno negociaba con el grupo guerrillero de extrema izquierda para poner fin a una guerra que asoló Colombia durante más de cinco décadas.

Las FARC solían controlar grandes extensiones de territorio rural y beneficiarse del tráfico de cocaína. Las fumigaciones aéreas se dirigieron específicamente a la fuerza central de esta guerrilla.

Un policía frente a contenedores de herbicida en una base policial antinarcóticos en Villa Garzón, cerca de la frontera sur de Colombia con Ecuador, el 15 de diciembre de 2006.

Por lo tanto, poner fin a las fumigaciones fue una parte central del acuerdo de paz que Santos firmó con las FARC en 2016, aunque el acuerdo dejó un margen de maniobra para el gobierno. Mientras, un año después, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una comunidad indígena que argumentó el glifosato representa un riesgo para la salud.

La Corte Constitucional de Colombia, un tribunal distinto que determina si las leyes siguen la Constitución, dictaminó el año pasado que el gobierno debía demostrar que la fumigación con glifosato es segura antes de poder reanudar la fumigación aérea. Además, dejó a la autoridad de licencias ambientales determinar cuándo esas condiciones se cumplían

¿Funciona al menos?

Los críticos de la fumigación aérea también cuestionan su efectividad, pues señalan que la práctica hace muy poco para reducir la producción de cocaína.

Las fumigaciones aéreas destruyen todos los cultivos en el área de objetivo: no solo son las plantas de coca, también productos agrícolas como plátanos, maíz, yuca que los agricultores a menudo cultivan en las mismas parcelas, como reconoció la Corte Constitucional colombiana en un caso de 2015.

«Puedo decir por experiencia directa, si un agricultor no quiere sembrar coca y el Ejército viene y rocía su campo, le garantizo que lo primero que hará el agricultor es empezar a cultivar coca, porque ¿qué más puede hacer cuando se se destruye toda su producción?» le dijo Hernández a CNN.

Toby Muse, un experto en cocaína y autor de Kilo: Inside the Deadliest Cocaine Cartels, explicó a CNN que destruir los cultivos de coca mediante fumigaciones aéreas era una respuesta ineficaz: «La solución siempre será trabajar con los cultivadores de coca para producir una alternativa al cultivo coca».

Esos programas de sustitución de cultivos llevaron a que miles de agricultores colombianos cambiaran la coca por café, cacao y otros cultivos tras el acuerdo de paz de 2016.

Hernández, el agricultor, aprovechó ese programa para dejar de cultivar coca y ahora supervisa la implementación de otras sustituciones de cultivos en nombre de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), que apoya a los campesinos que cambian a cultivos legales.

«La erradicación por sustitución es mucho más efectiva; cuando se rocían pesticidas, entre el 70 y el 80% de la misma área vuelve a sembrar coca en el mismo año», señaló Hernández.

Pero el impulso de la sustitución de cultivos se ha perdido en los últimos años.

En los meses posteriores a los acuerdos de paz, había grandes esperanzas de que las carreteras, los puentes y la infraestructura conectaran las regiones rurales remotas de Colombia con las principales áreas urbanas y, al hacerlo, brindaran acceso al mercado a los agricultores que solían cultivar coca.

Eso no ha sucedido todavía, según los críticos.

«El gobierno está fallando a los agricultores una vez más, y como resultado, muchos agricultores están volviendo a cultivar coca, ¿qué más pueden hacer?», señaló Yuri Quintero, organizador comunitario entre los cultivadores de coca en el departamento rural de Putumayo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha rechazado tales críticas, y aseguró que quienes dijeron que el gobierno no cumplía con el acuerdo están «mintiendo». Añadió que la administración ha hecho una inversión sustancial en infraestructura, pero que los problemas no se resolverían en años, sino en décadas.

Además, Estados Unidos ha impulsado tácticas más agresivas para detener la producción de drogas. «Si no se fumiga, no se van a deshacer [de las drogas]», dijo Trump a periodistas durante una reunión de la Casa Blanca con Duque en marzo pasado.

Colombia ha sido históricamente una de las naciones más amigas de Estados Unidos en América Latina y ha recibido miles de millones de dólares para frenar la producción de drogas. El hecho de que la producción de cocaína siga creciendo está generando frustración tanto en Washington como en Bogotá, donde los líderes están impacientes por ver resultados positivos.

El año pasado, la administración Trump se comprometió a ayudar a Colombia a reducir la producción de cocaína en un 50% antes de 2023 y, con el reloj corriendo, las fumigaciones se ven como una forma de alcanzar ese objetivo.

Independientemente de la eficacia de las fumigaciones aéreas, el impulso de Trump resuena fuertemente en el gobierno colombiano.

«Gran parte de lo que hace Colombia en esta guerra contra las drogas es tratar de hacer feliz a Washington», apuntó Toby Muse. «Colombia tendría que repensar fundamentalmente su enfoque de la guerra contra las drogas y cómo lucha contra la cocaína si el dinero de Washington deja de fluir», agregó.

En un comunicado a CNN, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos apoyaba todas las herramientas de erradicación, incluidas las fumigaciones aéreas.

Por ahora, el coronavirus ha jugado a favor de los oponentes de la fumigación: este miércoles, un juez bloqueó el procedimiento argumentando que debido a la pandemia, una parte clave de informar a las comunidades locales sobre los planes del gobierno no podría llevarse a cabo.

El gobierno de Duque apeló la decisión y una portavoz del Ministerio de Defensa dijo a CNN: «El cultivo de coca no se ha detenido durante la pandemia, no podemos perder tiempo por eso».

Si el gobierno se sale con la suya, las fumigaciones aéreas podrían reanudarse antes de fin de año, algo que Hernández, el agricultor, advirtió, «sólo traerá más y más enfrentamientos entre el estado y los agricultores».

Jennifer Hansler y Seán Federico-O’Murchú, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.