CNNEarrow-downclosecomment-02commentglobeplaylistsearchsocial-facebooksocial-googleplussocial-instagramsocial-linkedinsocial-mailsocial-moresocial-twittersocial-whatsapp-01social-whatsapptimestamptype-audiotype-gallery
México

OPINIÓN | México y la corrupción

Por Jorge G. Castañeda

Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente es “America Through Foreign Eyes”, publicado por Oxford University Press. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente del autor. Ver más opiniones en CNN.com/opinión.

(CNN Español) — La corrupción en México es legendaria y ancestral. La frustración y la rabia de la sociedad mexicana ante ella, también. En parte a esa frustración y rabia se debe la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Los mexicanos se encontraban hartos de las denuncias de corrupción sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también de algunos de sus predecesores —no todos—, de gobernadores, empresarios, legisladores, policías y de las Fuerzas Armadas. El clamor a favor de un cambio era ensordecedor.

Varios hechos ocurridos en estos últimos meses apuntan hacia ese cambio, y a la vez lo contradicen. Las encuestas muestran una sociedad dividida y perpleja ante la viabilidad y la vigencia del cambio.

No es para menos. Conviene recordar que desde 1977, cada presidente con la excepción de Vicente Fox y de Felipe Calderón han estigmatizado y han hecho su parte para apoyar las investigaciones y que la justicia encarcele a poderosos personajes cercanos al mandatario anterior: a veces han sido algunos integrantes de sus familias, miembros del gabinete presidencial, líderes sindicales, empresarios o hasta militares. Los mexicanos tienen buenas razones para sentirse escaldados o ser cínicos ante nuevas versiones de viejas historias.

A lo largo de los 21 meses de la presidencia de López Obrador, varios altos funcionarios de sexenios anteriores han sido detenidos en México, en Estados Unidos y en España. Una, Rosario Robles, sobre quien pesa el cargo de ejercicio indebido del servicio público, fue la secretaria de Desarrollo Social y ahora está en la cárcel en México.

Otro, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, se encuentra preso en Nueva York y enfrenta cargos relacionados con la conspiración para la importación, distribución, importación y declaración falsa de ingreso a EE.UU. de 5 kilos de cocaína.

Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto, fue extraditado de Madrid a la Ciudad de México y se halla bajo arresto domiciliario. Lozoya, tras declararse inocente de los cargos de lavado de dinero, ejercicio indebido del servicio público y cohecho, ha acusado al anterior secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de haber montado una gigantesca red de corrupción, y a tres expresidentes —Salinas de Gortari, Calderón y Peña Nieto— de haber incurrido en actos graves de corrupción.

La justicia determinará si las pruebas presentadas por Lozoya serían suficiente para levantar cargos formales a los exmandatarios, de los cuales solo Calderón se ha pronunciado vía Twitter, desestimando las acusaciones y calificándolas de “persecución política”.

Y más recientemente, el gobierno divulgó un video que muestra a un funcionario entregando bolsas y bolsas de dinero a los que serían colaboradores de varios senadores de oposición. El cúmulo de denuncias, encarcelamientos y escándalos no tiene precedente.

Pero como ha dicho un comentarista mexicano con mucha perspicacia, una cosa es exhibir y estigmatizar a los corruptos, y otra muy distinta transparentar hechos comprobados de corrupción. Javier Tello se refiere a una característica tradicional de estos procesos en México: se dan en la plaza pública, en los medios, pero no necesariamente en tribunales ante jueces sin cuestionamientos a la honestidad, y con el respeto indispensable al debido proceso. La gente puede quedar satisfecha; la justicia, no.

Lozoya ha entregado un extenso documento (de 63 páginas) pletórico de acusaciones, pero hasta ahora no se conoce públicamente prueba alguna.

Robles lleva un año en prisión para un delito, que normalmente se juzgaría con el sospechoso en libertad provisional, pero el juez le negó esa posibilidad. Estimó que podía darse a la fuga porque entregó información falsa sobre su verdadero domicilio.

El gobierno de EE.UU. ha presentado cargos adicionales contra García Luna y nuevas órdenes de aprehensión contra dos de sus más cercanos colaboradores, en mi opinión, todo esto con el afán de que se declare culpable y no haya un juicio público que podría avergonzar a muchos funcionarios estadounidenses.

Y Lozoya hoy se acoge al criterio de oportunidad para delatar a otros, pero antes, negó categóricamente todos los cargos en su contra.

En otras palabras, existen abundantes motivos para congratularse por las novedades de esta ofensiva contra la corrupción, a diferencia de las anteriores. Simultáneamente, hay poderosas razones para creer que se trata de más de lo mismo.

En parte por eso, muchos observadores en México han fincado sus esperanzas en dos posibilidades. La primera es que, por fin, si hay pruebas en su contra, uno u otro expresidente (Calderón o Peña Nieto) sea inculpado, juzgado y en su caso, sentenciado. Solo un exmandatario puede luchar en condiciones de reducida asimetría contra el Estado mexicano. Solo alguien con esas credenciales puede imponer un proceso transparente, justo y equitativo, sea culpable o no.

La segunda es que el involucramiento de los poderes judiciales de EE.UU. (con García Luna y otros colaboradores de Peña Nieto) y de España (allí reside este último), tal vez asegure que no se tratará de linchamientos “a la mexicana”, sino de juicios imparciales. A pesar de todo, el juicio contra García se llevará a cabo en Estados Unidos, y si se llegara a pedir la detención de Peña Nieto en España, un hipotético juicio de extradición se celebraría allá.

México vive un momento esquizofrénico. La mitad del país cree en López Obrador y su cruzada contra la corrupción, la mitad no. La esperanza tiene fundamentos, el escepticismo también. Lo bueno es se trata de un momento, justamente: no puede durar para siempre.