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Paraguay

Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, explica en el Congreso sobre niñas muertas en enfrentamiento con grupo guerrillero

Por Sanie López Garelli

(CNN Español) — El gobierno de Paraguay intenta aplacar los cuestionamientos a un operativo de fuerzas militares y policiales contra un grupo guerrillero en el norte del país, que dejó dos niñas muertas la semana pasada.

Este miércoles, en respuesta a pedido del presidente Mario Abdo Benítez, el Congreso realizará una sesión reservada. Aunque el propósito de la sesión es “transparentar” el trabajo realizado, la sesión será a puerta cerrada porque, según el Gobierno, hay secretos de Estado que no pueden divulgarse.

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“El presidente Mario Abdo Benítez solicitó una sesión reservada para dar las explicaciones necesarias que hacen al operativo de la Fuerzas de Tarea Conjunta que derivó en el enfrentamiento con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, grupo criminal y terrorista, y de cuya consecuencia fallecieron dos menores de edad”, dijo el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.

La fiscalía de Paraguay exhumó el sábado con autorización judicial los cuerpos de dos menores que fallecieron el miércoles de la semana pasada y fueron enterradas al día siguiente en Yby Yaú, departamento de Concepción, unos 350 kilómetros al norte de Asunción.

Según la versión oficial, la muerte de las niñas se produjo en un enfrentamiento en medio de operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por militares y policías, contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado que opera en el norte del país desde hace más de dos décadas y que, según el Gobierno, recluta a niños y adolescentes en sus filas.

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La exhumación se dio tras un reclamo formal del gobierno argentino que este viernes pidió el esclarecimiento de lo ocurrido con las niñas, ya que ambas aparecen inscriptas en el Registro Nacional de las Personas de Argentina.

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La Cancillería argentina dijo en un comunicado que Paraguay había pedido ayuda para identificar a las menores y que por eso fue posible determinar que eran de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009.

En el mismo comunicado, el gobierno argentino rechazó la afirmación del general Héctor Grau, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, quien dijo que Argentina se había convertido en una “guardería de soldados” del EPP, y dijo que esperaba la colaboración de las autoridades paraguas para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades.

Paraguay respondió diciendo que las niñas nacieron en campamentos guerrilleros clandestinos en el país, luego fueron criadas por familiares en el vecino país y traídas de regreso para ser entrenadas desde pequeñas.

El asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Federico Gonzalez, dijo el viernes que el gobierno tenía pruebas de que los padres de las niñas son líderes del EPP.

Ese mismo día, el presidente Mario Abdo Benítez responsabilizó a los padres de las niñas por lo ocurrido.

Abdo Benítez, sin embargo, se mostró consternado por lo que, dijo, eran sus días más difíciles al frente de la Nación. “Yo tengo hijos adolescentes, niños, y ver que el fruto de la violencia, las víctimas son unas niñas expuestas de manera cobarde e irresponsable es un dolor que como padre uno siente en el corazón”.

Este domingo, el representante en America del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo en un comunicado que “Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial” las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado”.

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jarab.

En su respuesta, Asunción dijo que “en el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes”. Agregó que “el Gobierno Nacional expresa nuevamente su profundo pesar por las circunstancias en las que lamentablemente perdieron la vida dos menores. Además, de nuevo reitera su repudio, rechazo y condena a la práctica deleznable de la organización criminal EPP, de utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, con el agravante que en algunas situaciones estos menores son incluso parte del núcleo familiar de los cabecillas de la citada organización criminal”.

La Fiscalía había comunicado el jueves que los estudios de nitritos y nitratos revelaron que una de las niñas tenía rastros de haber disparado. Según la versión oficial, la otra niña habría muerto en medio de una refriega entre miembros del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta.

Especialistas en derechos humanos como la activista Diana Vargas cuestionaron varios aspectos del procedimiento que derivó en la muerte de las niñas. También criticaron la investigación del fiscal, quien autorizó a quemar las prendas de las niñas abatidas en vez de guardarlas.

El Ministerio Público dijo que las prendas que vestían las niñas se fijaron en actas, en fotografías y en videos, y fueron eliminadas porque en tiempos de covid-19 -por protocolo sanitario- son consideradas “basura patológica o basura biológica”.

Según el fiscal Federico Delfino, “no existe capacidad para el guardado de eso durante mucho tiempo y más teniendo en cuenta los protocolos sanitarios”.

Sin embargo, el médico forense de la Fiscalía, Pablo Lemir, quien realizó las pruebas tras la exhumación de los cuerpos, sostuvo el sábado que las prendas debieron guardarse como evidencia para conocer, por ejemplo, con más precisión la distancia de los disparos que impactaron en las niñas. Según el informe oficial, una de las menores recibió dos disparos y la otra ocho.