Agencia tributaria de Nicaragua notifica de un segundo ajuste de impuestos contra Canal 12

(CNN Español) -- La Dirección General de Ingresos (DGI), agencia tributaria de Nicaragua, requirió a Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12 de televisión, el pago de una ajuste de impuestos por más de US$ 200.000 en concepto de "reparo fiscal" informó la empresa en un comunicado que publicó este domingo en su página web.

El nuevo reclamo se suma a uno previo que a comienzos de septiembre derivó en un embargo por US$ 608.000 contra la empresa de medios.

Según Canal 12, tres funcionarios de la DGI hicieron la notificación el jueves. "La institución estatal no reconoce gastos e inversiones debidamente sustentados por Nicavisión SA", dice el comunicado.

Según la empresa, el 30 de septiembre una jueza local rechazó las pruebas presentadas por el abogado de Canal 12, las cuales evidenciarían, según su criterio, "inconsistencias" en el primer reparo. De acuerdo con la televisora, estas inconsistencias incluirían una sentencia emitida por el tribunal administrativo y el tribunal aduanero que reduce el monto del reparo de US$ 230.000 a US$ 25.700 por considerar que el ajuste era erróneo.

CNN no ha podido verificar de forma independiente la documentación del caso. En los juzgados de Managua no hay acceso para medios independientes y el portavoz del Poder Judicial no responde a nuestros llamados.

CNN trató de obtener información sobre estos reparos fiscales a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que coordina la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pero no han respondido a nuestra solicitud.

Cuentas y bienes 'bajo embargo'

Según el comunicado de Canal 12, las cuentas y los bienes de la empresa, al igual que las propiedades de su propietario y administrador, Mariano Valle Peters, "continúan bajo embargo". El comunicado agrega que "podrían ser subastados por las autoridades estatales de no resolverse esta situación".

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia calificó esta nueva medida de "terrorismo fiscal". Además señaló que si se cerrara Canal 12 "la ciudadanía perdería otro medio de comunicación independiente".

El 11 de septiembre, también a solicitud de la DGI, un juez ordenó el embargo de los bienes de la televisora por un monto equivalente a US$ 608.000 por reparos sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013. El propietario lo calificó de "arbitrario e ilegal".

Para el jefe de prensa de Canal 12, Marcos Medina, las medidas fiscales contra la televisora "podrían estar relacionadas con la actitud crítica frente a las acciones del Gobierno, particularmente en la denuncia de violaciones a derechos humanos desde el inicio de las protestas antigubernamentales, en abril de 2018".