EE.UU. sanciona a fiscal general, un secretario presidencial y una financiera cercana al Gobierno de Ortega

(CNN Español) -- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, al secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y a la Caja Rural Nacional (Caruna), una cooperativa de ahorro y crédito considerada cercana al Gobierno de Daniel Ortega.

Con estas sanciones, "todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en EE.UU. o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas", de acuerdo con el comunicado que difundió del Departamento del Tesoro.

El bloqueo a los activos de los sancionados obedece, según el comunicado, a “un esfuerzo por apuntar a operaciones financieras y funcionarios gubernamentales clave que continúan socavando la democracia de Nicaragua”.

El Departamento del Tesoro cita informes según los cuales Guido Ochoa “formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias". Además dice que “ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente”.

En el caso de Paul Oquist Kelley, el Departamento del Tesoro afirma que "desempeña un papel principal en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos de los derechos humanos”.

Sanción de EE.UU. a cooperativa de ahorro y crédito

Sobre la cooperativa de ahorro y crédito Caruna, el Departamento del Tesoro dice que al no operar como los bancos tradicionales no está sujeta a las mismas regulaciones que otras entidades financieras. Por esto puede actuar "como una herramienta de Daniel Ortega”, según EE.UU.

Según el comunicado, presuntamente Caruna habría ayudado a Ortega a canalizar US$ 2.400 millones de los fideicomisos y las carteras de crédito de la petrolera mixta venezolano-nicaragüense Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

De acuerdo con el documento, Ortega habría usado esos fondos “para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo". "Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para proteger sus ganancias mal habidas", afirma el comunicado.

El Gobierno de Nicaragua no se ha expresado oficialmente ante estas sanciones. CNN consultó al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que es coordinado por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, pero aún no obtuvo respuesta a la solicitud.

Ortega había pedido previamente el levantamiento de sanciones a Nicaragua

El pasado 4 de mayo, durante un encuentro virtual del Movimiento de Países No Alineados, Ortega pidió el levantamiento de sanciones. El presidente las considera “agresiones" por parte de EE.UU.

"Los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresiones militares, económicas, lo que llaman sanciones que no son más que agresiones también, porque Naciones Unidas no ha aprobado sanciones en contra de Cuba o ni Venezuela", expresó en aquella oportunidad Ortega.

Por su parte, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, reaccionó a la noticia. En un video divulgado este viernes en sus redes sociales expresó: "Este conjunto de acciones afecta la capacidad represiva judicial de la dictadura, la capacidad diplomática que ha sido un fracaso y la capacidad económica de tener recursos para reprimir".

Las sanciones del Gobierno de EE.UU. llegan menos de 24 horas después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución que también propone sanciones para Ortega y Murillo. El Parlamento Europeo también invocó una cláusula democrática que podría suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Comercial. Esto podría suceder en caso de que la Asamblea Nacional –de mayoría oficialista- apruebe dos iniciativas que la oposición considera antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos.