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Dan vía libre a reforma que permite el cierre de organizaciones no gubernamentales en Guatemala
(CNN Español) -- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avaló este miércoles de manera definitiva una controversial reforma de ley sobre organizaciones no gubernamentales (ONG) que había sido aprobada en febrero de 2020. El máximo tribunal del país rechazó los ocho recursos de amparo que distintos actores habían presentado en ese momento contra las decisiones del Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo, que dieron lugar a las reformas a la ley de las ONG.
Analistas jurídicos y organizaciones civiles se han pronunciado en contra de esta decisión. Uno de los puntos de la reforma que genera discordia es el Artículo 22, el cual otorga al Ministerio de Gobernación, cartera a la que pertenece la Policía Nacional Civil, la potestad para disolver una ONG “si sus actividades son contrarias a la ley y al orden público”.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una de las organizaciones que presentaron amparos contra la reforma, repudió en su cuenta oficial de Twitter la decisión judicial, expresando que “esto representa un grave retroceso en DD.HH., es clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual corte”.
Con esta reforma vigente, las ONG también deberán definir en su estructura pública la rama de actividades a las que se dedicarán. Además, deberán registrarse ante la Secretaría General de Planificación (Segeplán) y, en caso de estar constituidas en el extranjero, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, tan solo debían constar en el Registro de las Personas Jurídicas y en la Superintendencia de Administración Tributaria.
La ley también dispone que todos sus fondos deberán manejarse a través de cuentas bancarias del sistema guatemalteco.
De acuerdo con Roberto Molina Barreto, magistrado de mayor edad y presidente de la Corte de Constitucionalidad, la decisión fue unánime con dos concurrencias. Esto significa que dos de los magistrados votaron en el mismo sentido que sus colegas, pero con un razonamiento distinto.
Dado que los recursos de amparo estaban dirigidos a la publicación de la reforma, para que esta entre en vigencia el presidente debe emitir un nuevo texto, que será difundido a través del Diario de Centro América, el periódico oficial del Estado.
Las reformas estaban incluidas en la iniciativa de ley 5257, que fue presentada el 14 de marzo de 2017 por el diputado Christian Gabriel González, integrante del Frente de Convergencia Nacional que, por aquel entonces, gobernaba en el país con Jimmy Morales como presidente.
El dictamen favorable de la Comisión Ordinaria de Gobernación lo recibió en abril de 2018, mientras que el pleno lo aprobó el 11 de febrero de 2020 con 82 votos a favor sobre 160 posibles. El presidente Alejandro Giammattei había sancionado la reforma el 29 de febrero de 2020, aunque recién con este fallo del tribunal constitucional podrá entrar en vigor.
