(CNN Español) – Gremios de periodistas de Bolivia exigieron este sábado al gobierno garantías para sus afiliados, luego del secuestro y agresiones que denunciaron que sufrieron los trabajadores de varios medios de comunicación de la ciudad de Santa Cruz por parte de grupos armados, durante una cobertura por avasallamientos y conflictos de tierras en esa región oriental del país.
Según denuncias de los propios periodistas, el pasado jueves al menos 20 personas encapuchadas y armadas los secuestraron y los agredieron físicamente junto a la comitiva de policías y civiles que los acompañaba cuando intentaban realizar la cobertura en la comunidad denominada Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Todos fueron liberados siete horas después.
Los periodistas realizaban la cobertura para verificar las denuncias de avasallamiento de tierras en esa región, a invitación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Este sábado, la Asociación de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz repudiaron enfáticamente el hecho, que calificaron de cobarde y una violación a los derechos humanos y constitucionales, a la libertad de expresión y de prensa por el ataque a los colegas, policías y civiles que los acompañaban.
“Los periodistas bolivianos nos declaramos en estado de emergencia hasta que los actos inconvencionales, inconstitucionales e ilegales de este grupo irregular de presuntos avasalladores, que opera en Guarayos, sean plenamente esclarecidos y debidamente sancionados”, afirma el comunicado.
Por su parte, el gobierno desplazó este sábado hasta el lugar un contingente de 200 policías, con el objetivo de continuar la investigación sobre la presencia de grupos irregulares y cualquier tipo de organización que atente contra la seguridad interna del país, informó en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
Horas antes, la Fiscalía General del Estado anunció una investigación “urgente” para dar con los responsables.
“El Ministerio Público inició las investigaciones penales por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad”, dijo el fiscal general, Juan Lanchipa.
El hecho también ha generado repercusiones en círculos políticos de oposición, que han exigido al gobierno el esclarecimiento y castigo inmediato de los responsables. Es el caso del expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
“El secuestro y trato denigrante a periodistas, por avasalladores armados, es criminal e inadmisible y debe castigarse de inmediato. El gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) pone en peligro el trabajo de la prensa y la propiedad privada por su inacción e ineficiencia, que parecen complicidad”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.