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Un año después de la desaparición de Mary Johnson, los funcionarios federales finalmente están actuando sobre la crisis de las personas indígenas desaparecidas en Estados Unidos
(CNN) -- Mary Johnson se dirigía a la casa de una amiga en Oso, Washington, el día antes del Día de Acción de Gracias, pero nunca llegó. Un año después, su desaparición sigue siendo un misterio.
Johnson, que entonces tenía 39 años y era ciudadana inscrita de las tribus Tulalip, fue vista por última vez en la reserva el 25 de noviembre de 2020.
A pesar de que los miembros de la familia han colocado volantes y una valla publicitaria en una interestatal local, y que el FBI ofreció una recompensa por la información, Mary Johnson, como muchas otras mujeres indígenas desaparecidas en Estados Unidos, no ha sido encontrada.
"En este punto, estamos impulsados por la información, se realiza un seguimiento de cualquier información que obtenemos, pero las pistas son cada vez más difíciles de encontrar a medida que avanzamos", dijo Wayne Schakel, sargento detective del Departamento de Policía Tribal de Tulalip.
Piden más atención a desaparecidos
Durante años, familias y activistas han exigido que las autoridades presten más atención y recursos a los casos de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, argumentando que sus casos a menudo se pasan por alto o se descartan.
Los funcionarios federales y estatales han reconocido públicamente recientemente que existe una "crisis de violencia" contra los nativos americanos y han realizado esfuerzos para abordarla, pero los defensores dicen que su respuesta no es suficiente.
"Nada ha cambiado. Nada ha cambiado para nuestras comunidades. La tasa de violencia no ha disminuido. La tasa de enjuiciamiento no ha aumentado", dijo Annita Lucchesi, directora ejecutiva del Instituto de Cuerpos Soberanos, una organización que ha estado tabulando casos de desapariciones y asesinatos de nativos americanos durante varios años.
La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó un decreto que ordena a las agencias federales, incluidos los departamentos de Justicia, Interior y Seguridad Nacional, crear una estrategia dentro de 240 días para abordar esta "crisis de violencia" contra los nativos americanos.
"Durante demasiado tiempo, la justicia ha sido esquiva para muchas víctimas, sobrevivientes y familias de los nativos americanos. Las complejidades de la jurisdicción penal y las limitaciones de recursos han dejado muchas injusticias sin abordar", dijo Biden en la orden.
El presidente también dijo que "el decreto anterior no ha logrado cambios suficientes para revertir la epidemia".
Las cifras
Casi 5.300 niñas y mujeres indias americanas y nativas de Alaska fueron reportadas como desaparecidas el año pasado, según muestran los datos del Centro Nacional de Información Criminal. De esos casos, 578 se notificaron como "activos" al final del año.
Los defensores y los expertos dicen que esas cifras no son exhaustivas, y varios grupos, como el Instituto de Cuerpos Soberanos, se han encargado de recopilar datos como una forma de crear conciencia y responsabilizar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Lucchesi, que es descendiente de la tribu Cheyenne, dice que un problema clave que alimenta esta crisis es la falta de empatía por las víctimas tanto de los miembros de la comunidad como de las fuerzas del orden.
"Las familias todavía tienen las mismas necesidades que tenían hace dos años, hace cinco años. Las fuerzas del orden siguen ignorándolas. Los casos siguen sin resolverse y la violencia continúa", dijo.
Los funcionarios federales están intensificando sus esfuerzos
El tema de los pueblos indígenas desaparecidos y asesinados está ahora bajo el foco de atención, y los funcionarios federales anuncian acciones para reforzar los recursos para abordarlo.
El Departamento de Justicia dijo el martes que destinará US$ 800.000 al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUs), para brindar alcance, apoyo de investigación y servicios forenses a casos que involucran a indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.
La semana pasada, el fiscal general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia dedicará más de US$ 90 millones en subvenciones para poner en marcha un comité dedicado a abordar la crisis de los pueblos indígenas desaparecidos o asesinados.
"El Departamento de Justicia ya ha comenzado a poner a prueba estos planes, que son impulsados por las necesidades de la comunidad, liderados por tribus y apoyados por las fuerzas del orden federal. Esperamos que avancemos en respuestas significativas a los casos de indígenas desaparecidos o asesinados y sirvamos como un "Plan de avance", dijo Garland durante la Cumbre de Naciones Tribales de la Casa Blanca la semana pasada.
La orden de Biden y los compromisos financieros del Departamento de Justicia se producen solo unas semanas después de que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicara un análisis de la respuesta federal a esta crisis de violencia. El informe indica que los funcionarios federales no han hecho lo suficiente para abordar el problema y no han implementado por completo dos leyes destinadas a combatirlo.
Nuevas herramientas
La legislación, la Ley de la Sabana y la Ley No Invisible, se promulgaron en octubre de 2020 y requieren que los departamentos de Justicia e Interior tomen varias acciones para aumentar la coordinación, la capacitación y la recopilación de datos. El informe muestra que las agencias han tomado algunas medidas iniciales, pero no han cumplido con los plazos establecidos por la ley.
Si bien hay cuatro bases de datos federales que incluyen información sobre pueblos indígenas desaparecidos y asesinados, los autores del informe no encontraron datos completos sobre la crisis, lo que impide que los funcionarios federales conozcan el alcance total del problema.
Un mes después de ser confirmado, la secretaria del Interior, Deb Haaland, tomó medidas para abordar esta crisis de violencia contra los pueblos indígenas.
En abril, anunció la creación de una nueva unidad dentro de la Oficina de Asuntos Indígenas para "ayudar a poner todo el peso del gobierno federal" para investigar los casos y coordinar los recursos entre las agencias federales y el país indio.
A nivel estatal, los legisladores en Arizona, Wisconsin, Utah y varios otros estados han lanzado en los últimos tres años grupos de trabajo o creado oficinas para combatir el crimen contra los nativos americanos.
En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt firmó la ley de Ida a principios de este año para asegurar fondos federales para crear una oficina local de la Oficina de Enlace para Personas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas.
La legislación lleva el nombre de Ida Beard, de 29 años, ciudadana de las tribus Cheyenne y Arapaho, que desapareció en 2015 y no ha sido encontrada.
Lucchesi y otros defensores agradecen la mayor conciencia sobre el problema, pero siguen siendo escépticos sobre si sus esfuerzos ayudarán a superar una gran cantidad de desafíos que enfrentan las familias cuando un ser querido desaparece, incluidos los problemas jurisdiccionales y la burocracia que a menudo ralentizan las investigaciones.
"¿Cuál es el punto de crear (nuevas) iniciativas para abordar esta crisis cuando las leyes que ya aprobaron no se están implementando?", dijo Lucchesi.
Christina Carrega de CNN contribuyó a este informe.
