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Colombia

Legisladores de Ecuador informan a Iván Duque sobre supuestos lavados de activos de Álex Saab

Por Ana María Cañizares

(CNN Español) -- Este martes, cuatro legisladores ecuatorianos le entregaron al presidente de Colombia, Iván Duque, información sobre presuntas operaciones de lavado de activos supuestamente lideradas por Álex Saab, el empresario colombiano que está bajo proceso en Estados Unidos y a quien el Departamento de Justicia considera un testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los legisladores, miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, presentaron a Duque los documentos y el informe de 125 páginas aprobado por esa comisión sobre el caso Saab y sus nexos regionales a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), creado y promovido por Ecuador y Venezuela en 2010 para realizar exportaciones a través de una moneda virtual.

Según la Comisión de Fiscalización, este informe contiene datos importantes para Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Por esta razón, la comisión anunció el envío de documentos a las fiscalías y presidencias de estos países.

Duque agradece a Ecuador información sobre Álex Saab

Duque agradeció a los legisladores la entrega de la información y enfatizó que esta cooperación binacional alimenta las investigaciones que también se iniciaron en Colombia en torno a presuntas operaciones de blanqueo de dinero con empresas fachada.

"Esta comisión nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda una larga pesquisa de una operación trasnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Álex Saab y en el cual han participado personas cercanas a gobiernos de varios países, incluyendo el régimen dictatorial de Venezuela, anteriores gobiernos en el caso del Ecuador y también políticos colombianos y personas que han estado vinculadas a la contratación estatal", dijo Duque durante una conferencia de prensa.

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Además, el mandatario colombiano advirtió que el informe de la Comisión de Fiscalización registra qué personalidades de la política estarían vinculadas con Saab, quiénes recibieron financiamiento para campañas, quiénes se movilizaron en sus aviones y se prestaron para operaciones de “testaferrismo”, blanqueo de dinero y fraudes fiscales en varios países a través de cuentas registradas en paraísos fiscales.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que el objetivo de Saab y el chavismo era presuntamente apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano al ser el único país de la región cuya moneda oficial es el dólar.

"Ecuador contribuye en una gran cruzada en contra de la corrupción continental. Si la delincuencia organizada actúa a nivel continental y a nivel mundial, quienes luchamos en contra de la corrupción también debemos hacerlo", explicó Villavicencio.

CNN buscó vía telefónica y escrita a Henry Philip Bell, abogado de Álex Saab, para hacerle consultas sobre la información proporcionada por Ecuador a Colombia, pero tras varios intentos no fue posible tomar contacto.

Durante los últimos meses el grupo de legisladores ecuatorianos ha recopilado información y testimonios sobre este caso que permitiría a las autoridades colombianas y de los países involucrados completar las investigaciones sobre los presuntos negocios de Saab y sus socios a través de un holding empresarial denominado Fondo Global Construcciones (Flogocons), que según la investigación de la Comisión habría servido de fachada para operaciones ficticias entre los países.

El 'caso SUCRE'

En el caso puntual de Colombia, la Comisión de Fiscalización ecuatoriana sostiene que sus investigaciones revelarían las razones por las que Saab habría firmado operaciones “pantalla” con Colombia para la exportación de casas a Venezuela, que no se concretó pero que habría permitido la incursión de la empresa de Saab a través del sistema SUCRE pese a que Colombia no era suscriptor.

A finales de diciembre de 2021, la Fiscalía de Ecuador, tras recibir documentación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, anunció el inicio de una investigación previa por peculado relacionada al sistema de compensación SUCRE y Saab, y notificó de la misma al expresidente Rafael Correa, que reside en Bélgica desde 2017.

“Me acaban de notificar con indagación previa del ‘caso SUCRE’, una cantinflada más (ya van 48) pagada por el pueblo ecuatoriano. La justicia ecuatoriana, un circo, miembros de la mayoría de la comisión de fiscalización, parte de los payasos”, escribió Correa como reacción al inicio de esta indagación en su contra por peculado.

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Este martes, Correa calificó la presentación de este informe como “una payasada más” y desmintió conocer a Saab. Sobre el “caso SUCRE” dijo que “las exportaciones ficticias y sobrefacturaciones se daban desde antes del SUCRE, porque no responden a un instrumento de comercio internacional, sino al diferencial cambiario en Venezuela entre el precio oficial del dólar y el de mercado”. Correa dijo al final que no hay por qué preocuparse y que “el show debe continuar”.

Al mediados de diciembre pasado, el contralor general de Ecuador, Carlos Riofrío, entregó un informe a la Comisión de Fiscalización que, según dijo el funcionario, estuvo oculto 6 años y que determinaba indicios de responsabilidad penal sobre exportaciones ficticias a través del Sistema SUCRE en contra de al menos 31 funcionarios de diferentes cargos en instituciones financieras durante el gobierno de Correa.

Según datos proporcionados por el Banco Central (BCE) a la Comisión de Fiscalización, las operaciones de al menos 300 empresas a través del Sistema SUCRE habrían permitido un drenaje de US$ 2.697 millones de la reserva ecuatoriana a través de exportaciones ficticias entre 2010 y 2019 que pusieron en riesgo su liquidez. El 99% de esas transacciones se hicieron a Venezuela, según el BCE.

La Comisión de Fiscalización recomendó a la Fiscalía que investigue y determine responsabilidades de quienes entre 2010 y 2014 permitieron la creación de empresas y operaciones “pantalla” para beneficiarse del sistema SUCRE y dar la apariencia de legalidad a sus actividades.