Nota del editor: Javier González-Olaechea Franco es peruano, experto en Gobierno, egresado de la École Nationale d’Administration de Francia, doctor en Ciencia Política, con 18 años de experiencia pública, privada y docente, y 20 años como alto funcionario de las Naciones Unidas. Investigador, conferencista y columnista del diario El Comercio, de Perú. Fue asesor de ministros durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y Alan García, y colaborador de Javier Pérez Cuéllar durante su campaña en 1995. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion
(CNN Español) – En seis meses de mandato, el presidente de Perú Pedro Castillo ya va por su cuarto gabinete presidencial. El cuarto se anunció apenas días después de haber juramentado al tercero. Un hecho sin precedentes.
En un mundo donde se va imponiendo la instantaneidad, esta veloz rotación ministerial evidencia serias carencias políticas del Gobierno que afectan la estabilidad mínima que cualquier país debe procurarse para su gobernanza política y social.
Con base en hechos de público conocimiento, se pueden escudriñar los principales motivos del deterioro del actual Gobierno y de la consiguiente desaprobación ciudadana, subrayando algunos factores y acontecimientos. Veamos.
El partido que postuló al presidente Castillo, Perú Libre, propuso una visión política y un plan de gobierno basados en la ideología marxista según declara en sus estatutos. Sin embargo, en entrevistas recientes, Castillo ha negado ser marxista.
Su principal propuesta, varias veces reiterada en la campaña y ya siendo Gobierno, sigue siendo la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.
Para muchos, la Constitución peruana, como existe hoy, ha sido el marco normativo principal que ha permitido el crecimiento económico del país en los últimos años.
El pase a la segunda vuelta de la elección presidencial, con 18 % de la votación nacional, selló una primera minoría parlamentaria muy desnutrida de votos y de ciertos conocimientos. Esta fragilidad política de origen no le ha permitido al jefe de Estado ningún logro importante en el Congreso. Por el contrario, haciendo uso de sus facultades constitucionales, el mandatario ha vetado varias leyes adoptadas por el Poder Legislativo y este, finalmente, las ha aprobado por insistencia con el número legal de votos acorde a la Constitución.
Desde el primer gabinete ministerial, algunos ministros y altos funcionarios designados tenían serias acusaciones por presuntos actos delictivos, que todos negaron, o exhibieron poco conocimiento y experiencia acordes con los encargos recibidos.
Esta falencia presidencial posiblemente se debe al estrecho círculo en el que el señor Castillo ha desarrollado su vida de maestro de escuela rural y de líder sindical del magisterio y, por sus declaraciones, a una desconfianza a la política tradicional. Así, su capacidad de convocatoria resulta limitada.
En los seis meses de su Gobierno, los medios registran una cantidad importante de escándalos en las esferas del poder que permiten a las autoridades competentes iniciar procesos indagatorios. También el Congreso, en uso de sus atribuciones de fiscalización, hace lo propio con algunos altos funcionarios.
A pesar del reconocimiento de ciertos avances en los programas de vacunación, hay desatención de ciertos sectores. Sin pretender establecer un orden prioritario, los reclamos se concentran en la recuperación económica, en la generación de empleo, en el acceso a la salud, en el retorno de los estudiantes a las aulas y en combatir la inseguridad y la corrupción, antes que cualquier otra consideración.
En este contexto se volvería a estrenar el mismo guion por cuarta vez, aunque todavía no conocemos quiénes integrarán este gabinete. El tercero tuvo varios problemas en el poco tiempo que estuvo en el cargo; lo presidía el congresista Héctor Valer, quien en pocos años ha vestido tres camisetas partidarias. Los renovados cuestionamientos a los criterios del presidente para escoger a sus ministros se agravan por el pasado del propio señor Valer. Valer fue acusado de violencia doméstica, algo que él niega.
En este contexto, la estabilidad y la gobernanza política y social es puesta a prueba permanentemente y hay varias voces que antes apoyaban al Gobierno y que hoy se suman a la crítica.
Todo esto sucede mientras se recargan las iniciativas de vacar al presidente Castillo de su cargo por “incapacidad moral”, lo que el mandatario ha calificado “sin sustento” y de acto de “absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para la población”. Es un mecanismo previsto en la Constitución y cuyo destino final sería su desafuero, proceso traumático de por sí, aún más si resulta imposible aventurar el posible desenlace político y social ulterior.
Finalmente, el presidente siempre puede rectificar y sano sería que lo hiciera a tiempo por bien del país y también por la suerte que él pudiera correr.