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La Asamblea Nacional de Nicaragua cancela la personalidad jurídica de otras 50 organizaciones civiles
(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles dos decretos que cancelan la personalidad jurídica de otras 50 organizaciones de la sociedad civil, elevando a más de 125 los organismos clausurados en este año.
Esta cancelación contó con el voto favorable de 75 diputados de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y la abstención de 16 diputados de partidos minoritarios.
Entre las organizaciones clausuradas se encuentran el Foro de Educación y Desarrollo Humano, que realizaba labores de investigación independiente sobre la calidad de la educación en el país; el Instituto Histórico Centroamericano, que es parte de la jesuita Universidad Centroamericana, y la Academia de Ciencias de Nicaragua, que tenía por objetivo "fomentar y difundir la ciencia y la cultura científica, como elementos imprescindibles para el desarrollo humano sostenible", según expone en su sitio en Facebook.
CNN consultó al respecto al Foro de Educación y Desarrollo Humano, pero declinó comentar. También está a la espera de una respuesta de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
La cancelación de la personería jurídica de estos organismos se argumenta en un informe enviado al Parlamento por la responsable del Departamento de Registro y Control de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, Franya Urey, en el que plantea el supuesto incumplimiento de obligaciones de estas organizaciones, acuerdo a las normas regulatorias del país.
Según el informe, citado en la iniciativa de decreto que planteó la cancelación de 25 de esas 50 organizaciones, no reportaban sus estados financieros conforme a períodos fiscales, y no actualizaron la información detallada de los miembros de sus juntas directivas y donaciones provenientes de la cooperación externa.
La Asamblea Nacional ha clausurado a decenas de organismos civiles desde el inicio de las protestas contra el gobierno en 2018, por supuesto incumplimiento de responsabilidades o falta de transparencia en sus operaciones. Algunas de esas organizaciones han rechazado los señalamientos y aclaran que el Ministerio de Gobernación, ente estatal que regula a las ONG, no recibe la documentación para –supuestamente– forzar el cierre.
