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La ONU expresa preocupación por ataques a la Iglesia, prensa independiente y defensores de derechos humanos en Nicaragua
(CNN Español) -- La detención del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece desde hace 41 días bajo arresto domiciliar así como la de otros sacerdotes, seminaristas y un laico bajo investigación, sin que exista una acusación formal, fue destacada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en una actualización de la situación del país presentada este martes durante una sesión interactiva ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"El 19 de agosto, luego de permanecer dos semanas retenidos bajo vigilancia de la policía, el obispo de Matagalpa y ocho personas fueron arrestadas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua". También destaca el informe que "la Policía informó que estaban siendo investigados penalmente por incitar al odio y a la violencia con el propósito de desestabilizar al Estado". Agrega el organismo que "un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días".
Tras la sesión, los representantes de 45 países emitieron una declaración conjunta sobre la que consideran grave situación de DD.HH. en Nicaragua y pidieron liberar a los opositores detenidos.
El documento plantea que el mismo mes, la policía intentó incautar los equipos de transmisión de la radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa. "Decenas de oficiales de la policía, incluidos antimotines, allanaron la parroquia de forma violenta causando destrozos, y mantuvieron al clérigo y a seis laicos cautivos por tres días sin electricidad ni alimentos".
La Policía no ha brindado una versión oficial sobre estos operativos realizados en Sébaco en agosto pasado. Tampoco atendió la solicitud de comentarios de CNN.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, ente estatal regulador de las telecomunicaciones, canceló el primero de agosto al menos siete estaciones de radios administradas por la Iglesia católica en los departamentos de Matagalpa y Estelí, bajo el argumento de que no contaban con licencia para transmitir. El obispo de Matagalpa expresó el 2 de agosto que habían enviado toda la documentación necesaria, pero no recibían respuesta de Telcor.
El informe presentado por Christian Salazar Volkmann, director de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, también destaca que se han intensificado las restricciones a la libertad de expresión con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión en 2022, la mayor parte de ellas de corte religioso.
"Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018, según datos de la sociedad civil", reza el informe.
La ONU también destaca el que considera "incremento exponencial" de embates contra la libertad de asociación. "Se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia católica y otras, sumando al menos 1.578 en los últimos cuatro años", totaliza la OACNUDH.
La Oficina expresó particular preocupación por "la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. Cincuenta de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año —en algunos casos hasta por 13 años de reclusión— sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial, en condiciones presuntamente inhumanas".
El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente al último informe de OACNUDH sobre Nicaragua. CNN está tratando de obtener una reacción a través de los canales oficiales.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega ha rechazado los informes anteriores bajo el argumento de que se basan en informaciones sesgadas de organismos que participaron en las protestas de 2018, consideradas por el oficialismo como un intento de golpe de Estado.
El Poder Judicial de Nicaragua presentó en las que denominó "Audiencias informativas" este mes a decenas de opositores detenidos entre mayo y noviembre de 2021, en su mayoría acusados de traición a la Patria o lavado de dinero. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos consideró que esas audiencias no tuvieron sustento jurídico por haberse realizado sin el conocimiento de abogados defensores.
La Oficina del Alto Comisionado también expresó su preocupación por las elecciones municipales convocadas por las autoridades para noviembre próximo. "Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales, como las recomendadas por la Oficina y otros mecanismos, para que las normas y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos".
