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Indonesia

Indonesia propone castigar las relaciones sexuales fuera del matrimonio con penas de cárcel

Por Reuters

(Reuters) -- Se espera que el Parlamento de Indonesia apruebe este mes un nuevo código penal que castigaría las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una pena de hasta un año de prisión, según confirmaron funcionarios a Reuters.

La revisión legislativa también prohibirá insultar al presidente o a las instituciones del Estado y expresar cualquier opinión contraria a la ideología estatal de Indonesia. También se prohíbe cohabitar antes del matrimonio.

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Un proyecto anterior del código provocó protestas en todo el país. Crédito: Ed Wray/Getty Images

Se espera que el nuevo código penal se apruebe el 15 de diciembre, según declaró a Reuters el viceministro de Justicia de Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej.

"Estamos orgullosos de tener un código penal que está en línea con los valores indonesios", dijo a Reuters en una entrevista.

Bambang Wuryanto, un legislador que participó en el proyecto, dijo que la nueva ley podría ser aprobado tan pronto como la próxima semana.

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El Parlamento de Indonesia está a punto de aprobar un nuevo código penal. Crédito: Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images

De aprobarse el código aplicaría tanto a los ciudadanos indonesios como a los extranjeros, y los grupos empresariales han expresado su preocupación por el daño que las normas podrían causar a la imagen de Indonesia como destino vacacional y de inversiones.

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El proyecto cuenta con el apoyo de algunos grupos islámicos en un país donde el conservadurismo va en aumento, si bien los opositores argumentan que revierte las reformas liberales promulgadas tras la caída del líder autoritario Suharto en 1998.

Un proyecto anterior del código iba a ser aprobado en 2019, pero provocó protestas en todo el país.

Decenas de miles de personas se manifestaron entonces contra una serie de leyes, especialmente las que se consideraban reguladoras de la moral y la libertad de expresión, que decían que recortarían las libertades civiles.

Los críticos afirman que desde entonces los cambios introducidos en el código han sido mínimos, aunque en los últimos meses el gobierno ha celebrado consultas públicas en todo el país para informar sobre las modificaciones.

Algunos de los cambios que se han introducido incluyen una disposición que podría permitir la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua tras 10 años de buena conducta.

La penalización del aborto, con la excepción de las víctimas de violación, y la prisión por "magia negra", se mantienen en el código.

Según el último borrador, fechado el 24 de noviembre y visto por Reuters, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que solo pueden ser denunciadas por partes limitadas, como los familiares cercanos, conllevan una pena máxima de un año de prisión.

Insultar al presidente, un cargo que solo puede ser denunciado por el presidente, conlleva un máximo de tres años.
Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del mundo, tiene cientos de normas a nivel local que discriminan a las mujeres, las minorías religiosas y las personas LGBTQ.

Apenas unas semanas después de que Indonesia presidiera con éxito una reunión del G20 en la que se elevó su posición en la escena mundial, los representantes del sector empresarial afirman que el proyecto de código envía un mensaje erróneo sobre la mayor economía del Sudeste Asiático.

"Para el sector empresarial, la aplicación de este derecho consuetudinario creará inseguridad jurídica y hará que los inversores se replanteen invertir en Indonesia", dijo Shinta Widjaja Sukamdani, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Indonesia (APINDO).

Las cláusulas relacionadas con la moralidad, añadió, "harían más daño que bien", especialmente para las empresas dedicadas a los sectores del turismo y la hostelería.

Los cambios en el código supondrían un "enorme revés para la democracia indonesia", dijo Andreas Harsono, de Human Rights Watch.

El viceministro de Justicia desestimó las críticas, afirmando que la versión final del proyecto garantizará que las leyes regionales se adhieran a la legislación nacional, y que el nuevo código no amenazará las libertades democráticas.

Se lleva debatiendo una versión revisada del código penal desde que Indonesia declaró su independencia de Países Bajos en 1945.