ANÁLISIS | Por qué la crisis de Perú es una advertencia para otras democracias de la región

(CNN) -- Perú está viviendo algunos de los peores actos de violencia política en las últimas décadas en el país, pero las demandas de los manifestantes no son nuevas; estas reflejan un sistema que no ha funcionado durante más de veinte años.

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Detonadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo el mes pasado, algunas de las protestas más intensas de Perú han tenido lugar en el sur del país, donde decenas de personas murieron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad en las últimas semanas.

Esta región, alrededor de la Cordillera de los Andes a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y hogar de algunos de los sitios arqueológicos más famosos de Perú, como las antiguas ruinas de Machu Picchu y la ciudad de Cusco, es también una de las más pobres del país.

En los últimos días, manifestantes de esta y otras regiones rurales de Perú han comenzado a viajar hacia la capital, Lima, a veces durante días, para protestar contra la dirigencia del país y exigir la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte.

Su ira pone de manifiesto una crisis democrática mucho más profunda. Después de años de caos político, Perú es un país que ha perdido el amor por la democracia: tanto la presidencia como el Congreso están ampliamente desacreditados y son percibidos como instituciones corruptas.

Una encuesta de 2021 realizada por LABOP, un laboratorio de investigación de encuestas de la Universidad de Vanderbilt, reveló que solo el 21% de los peruanos dijeron estar satisfechos con el gobierno democrático, la menor cantidad en cualquier país de América Latina y el Caribe, excepto Haití.

De manera preocupante, más de la mitad de los peruanos que participaron en esa encuesta dijeron que una toma militar del país estaría justificada por el alto grado de corrupción.

En el centro de la crisis están las demandas de mejores condiciones de vida que no se han cumplido en las dos décadas desde que se restableció el régimen democrático en el país. Perú es una de las democracias más jóvenes del continente y las elecciones libres y justas se restauraron solo en el año 2001 después del derrocamiento del líder derechista Alberto Fujimori.

La economía de Perú floreció tanto bajo Fujimori como en los años que siguieron a la restauración de la democracia, superando a casi cualquier otra en la región gracias a las sólidas exportaciones de materias primas y las saludables inversiones extranjeras. El término Consenso de Lima, en honor a la capital peruana, fue acuñado para describir el sistema de políticas de libre mercado que las élites peruanas promovieron para impulsar el auge económico.

Pero mientras la economía florecía, las instituciones estatales se debilitaron de forma inherente por una filosofía de gobierno que reducía la intervención estatal al mínimo.

Ya en 2014, el profesor Steven Levitsky de la Universidad de Harvard destacó una paradoja peruana particular: mientras que en la mayoría de las democracias la opinión pública refleja el estado de la economía, en Perú, los índices de aprobación presidencial se desplomaron constantemente durante la década de 2000, incluso cuando el crecimiento se disparó, escribió en la publicación Revista.

Levitsky destacó las deficiencias crónicas en seguridad, justicia, educación y otros servicios básicos de los sucesivos gobiernos de Perú como amenazas a la sostenibilidad de la joven democracia.

“La seguridad, la justicia, la educación y otros servicios básicos continúan siendo insuficientes, lo que genera una percepción generalizada de corrupción, injusticia, ineficacia y negligencia del gobierno. Esta es una fuente importante de descontento público. Donde tales percepciones persisten, a lo largo de los sucesivos gobiernos, es probable que se erosione la confianza pública en las instituciones democráticas”, escribió, una observación que hoy parece profética.

• La presidenta de Perú Dina Boluarte pide perdón por las muertes durante las protestas y dice que no renunciará a su cargo

La pandemia de covid-19 solo exacerbó esta debilidad estructural en el seno de la sociedad peruana. Mientras que muchos países ampliaron las redes de seguridad social para contrarrestar el impacto económico dañino de los bloqueos, Perú no tenía una red a la que recurrir.

Según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población peruana carecía de acceso a suficientes alimentos en los meses de la pandemia de covid-19, a medida que el virus se extendía por todo el país. Los datos de la Universidad Johns Hopkins también muestran que Perú registró el mayor número de muertes per cápita en el mundo debido al coronavirus.

La economía del país ha vuelto a la normalidad después del impacto de la pandemia: el PIB de Perú creció un asombroso 13,3% en 2021, pero la confianza pública en las instituciones democráticas se ha derrumbado, tal como predijo Levitsky.

Una encuesta publicada en septiembre de 2022 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que el 84% de los ciudadanos desaprueba el desempeño del Congreso. Se percibe que los legisladores no solo persiguen sus propios intereses en el Congreso, sino que también están asociados con prácticas corruptas.

Las frustraciones del país se han reflejado en sus años de presidencia de puerta giratoria. La actual presidenta, Dina Boluarte, es la sexta persona que ocupa el cargo en menos de cinco años.

Su antecesor, Castillo, llegó al poder en las elecciones generales de 2021, presentándose como un hombre del pueblo que le daría al país un nuevo comienzo. Pero la polarización y el caos en torno a su presidencia, incluidas las denuncias de corrupción y los múltiples intentos de juicio político por parte del Congreso, que Castillo descartó como motivados políticamente, solo exacerbaron las tensiones preexistentes.

Una advertencia

La mayoría de los manifestantes que hablaron con CNN el miércoles dijeron que el país necesita un nuevo comienzo y exigieron nuevas elecciones en todos los ámbitos para restaurar un sentido de legitimidad en las instituciones públicas.

Pero Boluarte y los legisladores hasta ahora se han resistido a los llamados a elecciones generales anticipadas. El domingo, la presidenta declaró el estado de emergencia en las zonas del país más afectadas por las protestas, incluida Lima. La medida se extenderá hasta mediados de febrero, pero eso no ha impedido que más personas salgan a la calle.

Mientras tanto, el Fiscal General de Perú ha abierto una investigación sobre el manejo de los disturbios por parte de Boluarte.

Pero incluso si el liderazgo actual se fuera y otro político ascendiera a la presidencia, las causas profundas de los disturbios en Perú persisten.

Como en muchas otras regiones de América Latina, enfrentar estos problemas requiere un cambio estructural en términos de igualdad social y económica, abordar la crisis del costo de vida y combatir la corrupción.

En toda la región, la pandemia ha demostrado ser un recordatorio de la realidad después de años de desarrollo económico y social bajo regímenes democráticos que dieron la impresión de que Latinoamérica finalmente había dejado atrás la era de golpes, dictaduras y revueltas.

El Perú de hoy puede ser una advertencia para cualquier democracia que no cumple con su pueblo y gira sobre sí misma.