La asediada presidenta de Perú, Dina Boluarte, pudo haber aliviado la crisis, pero en cambio la agravó. ¿Qué sucedió?

(CNN) -- Cuando Dina Boluarte fue nombrada como la sexta presidenta de Perú en cinco años, enfrentó batallas en dos frentes: primero tuvo que apaciguar a los legisladores que habían derrocado a su jefe y predecesor Pedro Castillo, y por otro lado, tuvo que calmar a los manifestantes enfurecidos por el derrocamiento de otro presidente en pocos años.

Boluarte pidió una “tregua política” con el Congreso en su primer día de trabajo: una oferta de paz al cuerpo legislativo que había estado en desacuerdo con Castillo y lo destituyó en diciembre después de que intentara disolver el Congreso de manera antidemocrática.

Pero casi dos meses después, su presidencia se ve aún más asediada que el mandato abortado de Castillo. Varios ministros de su gobierno han dimitido mientras el país se ha visto sacudido por las protestas más violentas en décadas. La presidenta se vio obligada a pedir una vez más una tregua este martes, esta vez apelando a los manifestantes, muchos de los cuales provienen de las zonas rurales de mayoría indígena de Perú. Boluarte dijo en quechua que ella es una de ellos.

Boluarte, quien nació en una región mayoritariamente indígena en el centro-sur de Perú donde el quechua es el idioma más hablado, podría haber sido la líder que canalizara las frustraciones de los manifestantes y trabajar con ellos. Le ha dado mucha importancia a sus orígenes rurales y llegó al poder inicialmente como vicepresidenta de Castillo en la candidatura del partido de izquierda Perú Libre, impulsada por el voto rural e indígena.

Pero su pedido de comprensión mutua con los manifestantes probablemente haya llegado demasiado tarde, en lo que los analistas han llamado el levantamiento popular más mortífero en América del Sur en los últimos años. Las autoridades dicen que 56 civiles y un agente de policía murieron en la violencia, y cientos más resultaron heridos, mientras los manifestantes piden nuevas elecciones, una nueva constitución y la renuncia de Boluarte.

La presidenta ha tratado de aplacar a los manifestantes, pidiendo al Congreso una fecha de elección más temprana. Pero los observadores de Perú dicen que ya cometió el error fatal de distanciarse de los electores rurales después de asumir el cargo más alto como la primera mujer presidenta de Perú.

“Uno tiene que entender las propias ambiciones de Boluarte, ella claramente estaba dispuesta a sacrificar sus ideas y principios de izquierda para construir una coalición con la derecha para mantenerse en el poder”, dijo a CNN Jo-Marie Burt, miembro senior de la Oficina de Washington en América Latina y un experta en Perú. “Y usó la fuerza contra las mismas personas que votaron por la boleta Castillo-Boluarte”.

El breve mandato de Castillo lo vio enfrentar un Congreso hostil en manos de la oposición, lo que limitó su capital político y capacidad de operación.

“(Boluarte) tuvo que tomar una decisión: o se iba por el camino de Castillo y se pasaba los próximos cuatro años luchando contra un Congreso que quiere destituirla o se ponía del lado de la derecha y llegaba al poder”, dijo a CNN Alonso Gurmendi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, quien es un experto legal peruano.

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La mandataria eligió lo último, dicen los expertos, distanciándose de Castillo y confiando en cambio en el apoyo de una amplia coalición de políticos de derecha para permanecer en la presidencia. CNN se ha comunicado con la oficina de Boluarte en busca de comentarios y ha solicitado repetidamente una entrevista.

Durante su toma de posesión, su antigua rival política Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien usó las fuerzas de seguridad para reprimir a los opositores durante su gobierno de una década en Perú, dijo que Boluarte podía “contar con el apoyo y el respaldo” de su partido.

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Dos inexpertos políticamente

Los problemas de Boluarte están muy lejos de sus primeros días en el servicio civil peruano, cuando trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Surco, como asesora de la alta gerencia y, más tarde, como jefa de la oficina local.

Se postuló como candidata a alcaldesa de Surquillo con el Partido Marxista-Leninista Perú Libre en 2018. No logró obtener un escaño en las elecciones parlamentarias de 2020, pero tuvo mejor suerte al año siguiente, como compañera de fórmula de Castillo.

En una entrevista con CNN en Español de ese año, Boluarte aclaró una declaración que hizo sobre disolver el Congreso: “Necesitamos un Congreso que trabaje para las necesidades de la sociedad peruana y que se coordine positivamente con el Ejecutivo para que ambos poderes del Estado puedan trabajar de manera coordinada para atender las múltiples necesidades de la sociedad peruana. No queremos un Congreso obstruccionista… En ningún momento he dicho que vamos a cerrar el Congreso”.

Castillo, exmaestro y líder sindical, también era del Perú rural y se posicionó como un hombre del pueblo. A pesar de su inexperiencia política y los crecientes escándalos de corrupción, la presidencia de Castillo fue una victoria simbólica para muchos de sus seguidores rurales. Esperaban que traería mejores perspectivas a la población rural e indígena del país que durante mucho tiempo se sintió excluida del auge económico de Perú en la última década.

Su salida del poder el año pasado fue vista por algunos de sus simpatizantes como otro intento de las élites costeras de Perú para descartarlos.

El público ha estado desilusionado durante mucho tiempo con el Legislativo, que ha sido criticado por ser egoísta y fuera de contacto. En una encuesta de enero realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) más del 80% de los peruanos dicen que desaprueban el Congreso.

El público también ve mal a Boluarte, según una encuesta de IPSOS, que en diciembre de 2022 encontró que el 68% la desaprobaba. Esa cifra aumentó al 71% en enero, según la encuesta. Ella es más impopular en las áreas rurales, según la misma encuesta, que encontró que tenía un puntaje de desaprobación del 85% en las regiones rurales en enero en comparación con las áreas urbanas (76%).

En enero de 2022, Perú Libre la expulsó del partido. Ella le dijo al periódico peruano La República en ese momento que “nunca había abrazado la ideología del Perú Libre”.

Violencia estatal en las protestas de Perú

Mientras las protestas se extendían por muchas de las 25 regiones de Perú tras la detención de Castillo, el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia y redobló las políticas de orden público.

Desde entonces, el país ha visto su mayor número de muertes de civiles desde que el dictador Alberto Fujimori estaba en el poder, dicen los defensores de los derechos humanos, cuando 17 civiles murieron durante una protesta en la región suroriental de Puno el 9 de enero. Un agente de policía murió quemado en Puno al día siguiente. Las autopsias de los 17 civiles muertos encontraron heridas causadas por proyectiles de armas de fuego, dijo a CNN en Español el jefe de medicina legal de la ciudad.

Grupos de derechos humanos han acusado a Boluarte de usar la violencia estatal para obstaculizar las protestas y el 11 de enero, la fiscal de Perú inició una investigación contra el presidente y otros ministros clave por el presunto delito de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” en relación con el derramamiento de sangre.

Boluarte ha dicho que cooperará con la investigación, pero planea permanecer en el cargo y ha mostrado poca simpatía por los manifestantes. “Yo no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú, no con ese grupito que está haciendo sangrar al país”, dijo en un discurso televisado días después de que se anunciara la investigación.

Cuando se le preguntó por qué no ha impedido que los agentes de seguridad utilicen armas letales contra los manifestantes, Boluarte dijo este martes que las investigaciones determinarán de dónde “provienen” las balas, especulando sin pruebas que activistas bolivianos pudieron haber traído armas a Perú, una afirmación que Burt, la experta en política de Perú, describe como “una teoría de conspiración total”.

Boluarte ha hecho poco para mitigar la airada retórica desplegada por funcionarios públicos, parte de la prensa y el público al criticar las manifestaciones en curso. La propia Boluarte describió las protestas como “terrorismo”, una etiqueta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que podría instigar un “clima de más violencia”.

Además, volvió a aumentar las tensiones durante la conferencia de prensa este martes cuando se le preguntó cómo pensaba implementar una tregua nacional y dijo que los intentos de diálogo con representantes en la región de Puno no habían tenido éxito. “Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Puno no es Perú”, dijo. Al menos 20 civiles han muerto en enfrentamientos en la región, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, y el comentario generó una reacción violenta inmediata en línea.

La Oficina Presidencial luego se disculpó en Twitter por la declaración, diciendo que las palabras de Boluarte fueron mal interpretadas y que la presidenta pretendía enfatizar que la seguridad de todos los peruanos era importante. “Pedimos disculpas a las hermanas y hermanos de nuestra amada región montañosa”, escribió.

Mientras las protestas no muestran un final a la vista, este miércoles Boluarte disminuyó la retórica incendiaria cuando habló en una reunión especial sobre la crisis peruana en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Anunció planes para investigar los presuntos abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, y agregó que si bien respetó el “legítimo derecho a la protesta pacífica, también es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad y el orden interno”.

La violencia había causado alrededor de US$ 1.000 millones en daños al país y afectado a 240.000 empresas, pero estaba “profundamente dolida” por la “pérdida de vidas de muchos compatriotas”, dijo.

Boluarte, nuevamente, apeló a su antigua base de votantes, los indígenas peruanos. “Ustedes son la gran fuerza que debemos incluir para lograr un desarrollo con equidad”, dijo. “Sus contribuciones al desarrollo nacional deben valorarse tanto como su fortaleza”.

 

-- Claudia Rebaza, Abel Alvarado, Sahar Akbarzai y Stefano Pozzebon de CNN contribuyeron a este informe.