Los argumentos a favor y en contra del referendo en Ecuador: ¿qué dicen dos actores políticos que promueven el “sí” y el “no”?

(CNN Español) -- Los ecuatorianos acudirán a las urnas este 5 de febrero para decidir si aceptan o no las propuestas de reformas a la Constitución planteadas por el presidente Guillermo Lasso a través de un referendo que contiene ocho preguntas.

El plebiscito tiene como objetivo que los ciudadanos expresen si están o no de acuerdo con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos trasnacionales, la conformación de un Consejo Fiscal que elija y regule a los servidores de la Fiscalía General, reducir el número de asambleístas, regular la proliferación de movimientos políticos, replantear la designación de autoridades de control del Estado, modificar el proceso de designación del Consejo de Participación Ciudadana, el cuidado ambiental en áreas protegidas y la entrega de compensaciones a las comunidades y pueblos que apoyen la generación de servicios ambientales.

Diferentes organizaciones políticas y personajes políticos se han expresado para promover el “sí” y el “no” al referendo. CNN entrevistó al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien explicó sus argumentos para respaldar las reformas constitucionales y por otro lado al miembro del buró del movimiento Revolución Ciudadana y parlamentario andino, Virgilio Hernández, quien habló de sus razones para oponerse al plebiscito.

1. La extradición

Sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo a CNN que esta pregunta abre la posibilidad de “levantar un candado constitucional” que impide que personas que han cometido delitos como narcotráfico, tráfico de personas, entre otros delitos transnacionales, sean juzgadas en otros países que han sido usados para extender sus tentáculos.

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“La extradición no es para cualquier persona ni para el que se lleva un celular en la calle. La extradición es para el que se inmiscuye en delincuencia organizada internacional. Sirve para establecer niveles de colaboración con otros países que tienen mejor sistema de justicia, carcelario e infraestructura”, precisó Jiménez.

Por su parte, el miembro del buró del movimiento Revolución Ciudadana y parlamentario andino, Virgilio Hernández, insiste en que esta pregunta no va a cambiar los problemas de inseguridad ni es una “fórmula mágica”.

“No se trata de tener respuestas mágicas, sino respuestas estructurales que enfrenten realmente el problema de seguridad ahora, pero también en el mediano y largo plazos. El narcotráfico sigue las mismas reglas del capital, donde hay un país con una debilidad institucional piensan que es un terreno propicio para sus actividades ilegales y eso es lo que pasa aquí”, insistió Hernández, quien se opone al referendo.

2. Consejo Fiscal

La segunda pregunta del referendo plantea la designación de un Consejo Fiscal para darle autonomía a la Fiscalía General del Estado. El Consejo se encargaría de seleccionar, evaluar y sancionar a los servidores. Actualmente es el Consejo de la Judicatura el que cumple ese rol.

El ministro Jiménez dice que el Consejo Fiscal reforzaría el trabajo de la institución: “Queremos una fiscalía fortalecida, una fiscalía autónoma y que tenga las herramientas de persecución del delito. En el proceso del combate al delito el rol de la fiscalía es fundamental y ese Consejo Fiscal es lo más pertinente para reforzar sus funciones”, considera Jiménez.

Entretanto Virgilio Hernández, desde el movimiento correísta Revolución Ciudadana, rechaza que se pretenda cambiar el papel de la Judicatura: “No puede ser que porque las instituciones no han funcionado, porque el Consejo de la Judicatura no ha funcionado, que ahora se piense que ese es el modelo que hay que cambiar, lo que hay que establecer es responsabilidades de quienes no han permitido que funcione el modelo”, advirtió Hernández.

3. Reducción del número de asambleístas

La tercera pregunta de la consulta plantea reducir el número de asambleístas de acuerdo con otros criterios de porcentajes, dependiendo el territorio por el cual son elegidos. Actualmente el Parlamento, la Asamblea Nacional del Ecuador, se conforma de 137 legisladores para un país de más de 18 millones de habitantes.

Para la disminución de legisladores, el referendo propone que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.

Virgilio Hernández rechaza esta propuesta pues insiste en que la reducción de legisladores será mínima y reducirá la representación por provincias y de asambleístas que representen a los migrantes en el exterior.

“Lo de la Asamblea es una farsa porque ¿cuánto es la reducción? y esto es importante que se le diga a la gente, de 137 a 120. Es decir, se deja sin representación o se disminuye la representación de las provincias pequeñas y medianas y la de los migrantes”, enfatiza Hernández.

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Mientras tanto, el ministro Francisco Jiménez sostiene que la pregunta es fundamental para mejorar la calidad de la representación en el país y de las leyes que se aprueban en el parlamento. “Cuando no hay buena proporcionalidad entre los criterios geográficos de territorio y los criterios poblacionales y la representación, la democracia sufre porque esa correlación no es buena”, puntualiza.

Insiste en que la fórmula actual para la elección de asambleístas podría estar generando una “sobrerepresentación” en algunas provincias del país y por eso cree en la necesidad de “combinar criterios geográficos con criterios poblacionales”, dice.

4. Reducción de movimientos políticos

El objetivo de la cuarta pregunta es regular y controlar la proliferación de movimientos políticos en Ecuador a través de la exigencia de un número de afiliados mínimo, equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros, y que ese registro sea auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Actualmente en Ecuador, según el CNE, hay 279 organizaciones políticas registradas, de las cuales 272 son movimientos políticos.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dice que esta pregunta evitará la existencia de “movimientos de garaje” que obstaculicen la gobernabilidad en la Asamblea. “Queremos organizaciones políticas serias, que eso suponga una cierta reducción es lógico. Los más serios, los más aptos, los más transparentes, los más comprometidos con sus votantes son los que sobreviven, el resto normalmente tienen que desaparecer”.

Pero Virgilio Hernández tiene reparos a esta propuesta. Él afirma que existe discriminación entre partidos y movimientos políticos: “Es buscar que participen los viejos partidos políticos, se debe incentivar coaliciones o alianzas entre movimientos”, precisó el parlamentario andino.

5 y 6. Proceso de designación del Consejo de Participación Ciudadana y eliminación de facultades

Las preguntas cinco y seis del plebiscito plantean eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, para que sea la Asamblea Nacional la que lo realice a través de un mecanismo combinado de selección. A su vez, propone la modificación del proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación, que lleva a cabo también la Asamblea.

La Constitución del Ecuador de 2008 estableció la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma que, entre otras cosas, promueve la participación y que haya un control social de los asuntos públicos, luchando contra la corrupción y abogando por la transparencia.

Virgilio Hernández, del movimiento Revolución Ciudadana, sostiene que estas dos preguntas son la parte medular del referendo que propone el presidente Guillermo Lasso: “este es el centro de la consulta, con un proceso de transición tan largo lo que está haciendo el presidente es buscar autoridades de control que le cubran la espalda el resto de su periodo y eventualmente también, ante la posibilidad de su reelección”, señaló Hernández.

Pero el ministro Francisco Jiménez opina que el mecanismo de selección mixta de autoridades podría mejorar el nivel de la participación: “no es la Asamblea la que únicamente va a escoger, es un sistema mixto que va suponer la participación abierta de quienes se inscriban para un proceso de selección, la participación de diferentes instituciones que van a proponer sus ternas y luego la selección, a partir de esas ternas, por parte de la Asamblea, según lo que envíe el Ejecutivo”, explicó.

7 y 8. Cuidado ambiental en áreas protegidas y la entrega de compensaciones a las comunidades

Las dos últimas preguntas del referendo en Ecuador proponen incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como compensaciones para las personas o comunidades que apoyen la generación de servicios ambientales.

El ministro Jiménez dice que el Gobierno quiere incentivar a que las personas mejoren el cuidado del medio ambiente y que se levanten algunos candados constitucionales que les permitan participar con la posibilidad de obtener una ganancia.

“Oponerse a las preguntas que tienen que ver con medio ambiente es no entender que tenemos un país con una vena medio ambiental que exige la protección de nuestras fuentes de agua y que además es la garantía de prosperidad y tranquilidad futura”, expresó el funcionario.

Pero para el parlamentario Virgilio Hernández, que promueve el voto por el “no” en el referendo, estas dos últimas preguntas son “un enganche” para lograr el voto positivo de la población. Agrega que no van a resolver los problemas estructurales en materia medio ambiental.

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