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El Salvador

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El caso "Beatriz", clave en el debate del aborto en El Salvador, se discutirá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Merlin Delcid

(CNN Español) –– La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso "Beatriz", clave en el debate del aborto en El Salvador y como se le conoce a la joven a quien la Corte Suprema de Justicia del país le negó en 2013 la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando ella tenía 22 años y tenía 19 semanas de gestación.

Durante la audiencia pública que se realizará el 22 y 23 de marzo, en la sede de la CIDH en Costa Rica, está prevista la declaración de 42 personas propuestas tanto por los demandantes como por el Estado de El Salvador.

Los demandantes han solicitado que se declare la responsabilidad internacional del país por la presunta violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y el derecho a la salud.

Este lunes, en San Salvador, la madre y el hermano de “Beatriz” pidieron justicia y que ninguna otra mujer deba enfrentar una situación similar.

La joven había solicitado la interrupción de su embarazo debido a que padecía insuficiencia renal, artritis reumatoidea y lupus, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico. Además, los médicos habían diagnosticado que el feto se desarrollaba en su vientre sin partes de su cerebro y su cráneo, y que era imposible que viviera fuera del útero.

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“La lucha de ella sigue, y nosotros como familia la hemos retomado y vamos a seguir hasta que se haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que mi hermana tuvo que pasar", dijo en rueda de prensa el hermano de Beatriz, quien pidió ser identificado solo como Humberto.

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas en esta materia, al prohibir todo tipo de aborto y castigar con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en un procedimiento de ese tipo.

A inicios de junio de 2013, la joven presentó contracciones y los médicos tuvieron que realizarle una cesárea. Su bebé nació y permaneció con vida durante cinco horas aproximadamente. Su familia asegura que “Beatriz” sufrió un daño psicológico tras lo ocurrido.

La joven falleció cuatro años después, en 2017, en un accidente de tránsito.

"El Estado tuvo que haberle garantizado sus derechos y no tuvo que someterla a ese sufrimiento", agregó el hermano.

"Esperamos que el Estado de El Salvador sea condenado y se puedan generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición, no queremos que no haya otras Beatrices que vivan esta historia", dijo Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

CNN solicitó una reacción ante esas audiencias a la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Por su parte, la Fundación Vida SV dijo en un tuit que espera que la Corte no falle en lo que califican de "mentiras" de quienes demandan al Estado ya que, según esa organización, la vida de Beatriz no estaba en riesgo y considera que prueba de ello es que tras la cesárea pudo recuperarse y continuar con su vida.

"Nuestro país demostró que el aborto provocado nunca es necesario. Nuestra legislación obligó al Estado brindar la mejor atención médica a Beatriz y su bebé", afirmó en otro mensaje de Twitter.

Bukele ha descartado cambiar leyes sobre aborto

El presidente Nayib Bukele descartó en septiembre de 2021 que el proyecto de reformas a la Constitución que entregaría a la Asamblea Legislativa incluiría cambios a los artículos que regulan el aborto, matrimonio y una muerte digna.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer) o con la eutanasia", escribió en aquel momento el mandatario en una publicación de Facebook.

El Código Penal, entre sus artículos 133 al 139, prohíbe todo tipo de aborto. Eso ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a señalar que El Salvador cuenta con una de las leyes más restrictivas en esta materia.