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Dictan prisión preventiva y vinculan a proceso por segunda vez al exprocurador general de México Jesús Murillo Karam por acusaciones de desaparición forzada y tortura en caso Ayotzinapa
(CNN Español) -- Un juez dictó prisión preventiva por seis meses y vinculó a proceso por segunda vez al exprocurador general de México Jesús Murillo Karam por acusaciones de desaparición forzada y tortura, relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según un comunicado de este sábado del Consejo de la Judicatura Federal.
El reporte describe al imputado en la audiencia como Jesús "N". El Consejo confirmó a CNN que se trata del exfuncionario.
La audiencia se llevó a cabo este viernes en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
La vinculación a proceso les da a las autoridades mexicanas seis meses más para investigar y poder fundamentar su caso.
La resolución descartó vincular a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, luego de que la Fiscalía General de la República lo imputara del cargo esta semana.
CNN intenta obtener una reacción de la defensa de Murillo Karam, que en el pasado han dicho que no reconocen la existencia de tales delitos y que las acusaciones contra su cliente están sustentadas en dichos que en su momento hizo el entonces procurador sobre el caso y han sido “sacados de contexto”.
Esta es la segunda vez que se vincula a proceso a Murillo Karam por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2022, fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. En septiembre, un juez de distrito le concedió una suspensión definitiva al exprocurador contra la vinculación a proceso por esos delitos.
Murillo Karam fue procurador general de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando dirigió las investigaciones iniciales sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero —sur del país—, ocurrida en septiembre de 2014.
También presentó y defendió la “verdad histórica”, como se conoce a la explicación que las autoridades de entonces dieron sobre los hechos y que ahora la Fiscalía General de la República considera una fabricación. Esta primera versión sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por miembros del grupo criminal Guerrero Unidos, quienes después los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Las actuales autoridades consideran que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones" estatales.
