ANÁLISIS | ¿Está México haciendo el "trabajo sucio" a Estados Unidos en materia de migración?

(CNN) -- Marilyn Lomas por fin lo había conseguido. Frente a la migrante ecuatoriana, su marido y sus dos hijos, estaba el Suchiate. Las aguas del caudaloso río, que pueden volverse peligrosas en ocasiones para los migrantes, marcan la parte más suroccidental de la frontera de 956 kilómetros entre México y Guatemala.

"La situación [en Ecuador] es muy mala. Hay mucha delincuencia. Está muy mal", dijo mientras ella y su familia cruzaban recientemente el río en una endeble balsa junto con aproximadamente una docena de migrantes que suelen pagar un dólar a los guías locales para que les ayuden a cruzar, con suerte, sin mojarse.

Aparte del Suchiate, nada impedía a la familia cruzar desde el departamento guatemalteco de San Marcos al estado mexicano de Chiapas. Históricamente, los migrantes procedentes del sur se han enfrentado a pocas o ninguna restricción en Guatemala o México. Pero eso cambió drásticamente en 2019.

En mayo de ese año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos que entraran en Estados Unidos si México no limitaba el número de migrantes centroamericanos que circulaban por el país.

Tras intensas negociaciones entre ambos países, Trump anunció el 7 de junio que se había llegado a un acuerdo por el que México iba a "tomar fuertes medidas para frenar la marea migratoria a través de México, y hacia nuestra frontera sur", según tuiteó el entonces presidente.

Dos semanas más tarde, el secretario de Defensa de México anunció que se habían desplegado casi 15.000 soldados en la frontera entre México y Estados Unidos, además de los 2.000 miembros de la Guardia Nacional que ya se habían desplegado en la frontera sur de México con Belice y Guatemala, que se sumaban a los 4.500 soldados ya repartidos por la zona.

Pero la aplicación de la ley ha sido caótica, esporádica y, en palabras de un exfuncionario de alto rango mexicano, "ineficiente".

Tonatiuh Guillén fue comisionado del Instituto Nacional de Migración de México hasta 2019. Tras solo siete meses en el cargo, dimitió por su fuerte desacuerdo con la decisión de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de "militarizar las fronteras de México".

"México se convirtió en un territorio de control, [un lugar de] una política migratoria severa, detenciones, disuasión y expulsiones. Y también hay que señalar (...) que a pesar de estas medidas severas, tenemos que reconocer que han sido muy ineficientes. Si comparamos el número de migrantes que entraron a México en 2018 o al año siguiente, cuando se implementaron estas medidas, esos números se han triplicado o cuadruplicado", dijo Guillén a CNN.

A la pregunta de si México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia de política migratoria, Guillén dijo que "la política migratoria de México está alineada con los objetivos y estrategias generales que tenía el gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump, y ahora, por extensión, bajo la administración Biden".

En la actualidad, la política migratoria estadounidense sigue dependiendo en muchos aspectos de la cooperación de México, como ilustra otro acuerdo migratorio: a principios de este mes, la Casa Blanca anunció que México acordó aceptar de vuelta a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a partir del 12 de mayo, un día después de que terminara el Título 42. El acuerdo marca la primera vez que Estados Unidos deportará a no mexicanos de vuelta a través de la frontera.

"No se trata" de hacer el trabajo sucio a Estados Unidos

El presidente Obrador niega que México esté haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia de migración.

"No es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos", dijo en su discurso matutino del 2 de marzo, argumentando que era necesario reprimir la migración indocumentada para proteger a las víctimas de los traficantes.

"Es proteger a los migrantes. Basta con ver lo que ha ocurrido, tantas tragedias con migrantes en remolques", dijo el presidente. Cincuenta y un migrantes fueron hallados muertos en condiciones sofocantes en el interior de un semirremolque en San Antonio (Texas) el pasado mes de junio. Dos meses después, otros 47 migrantes fueron hallados vivos hacinados en un camión en Matehuala (estado de San Luis Potosí), en México.

López Obrador dice que parte de la solución es "cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera", y que están ayudando en el sureste para que los migrantes estén protegidos. Dijo que han recibido información de que hay "muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por US$ 8.000 o 10.000 a migrantes a la frontera".

Pero Guillén, su excomisionado de Inmigración, señala que también han ocurrido tragedias en el curso de la aplicación de la ley de inmigración, y dice que está horrorizado por el incendio que mató a 40 migrantes, en su mayoría centroamericanos, en una instalación del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas.

Considera que esta tragedia es uno de los ejemplos más deplorables de la incapacidad de su país para abordar con humanidad su reto migratorio.

Los enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y migrantes se hicieron frecuentes en la frontera México-Guatemala durante el verano de 2019. En los años siguientes también ha habido enfrentamientos que han dejado entrever que las autoridades mexicanas no cuentan con los números ni la estrategia para enfrentar adecuadamente el problema.

Según las estadísticas publicadas el lunes por el gobierno mexicano, entre septiembre de 2021 y junio del año pasado, cerca de 23.458 miembros de las fuerzas armadas de México fueron desplegados en las fronteras del país para hacer cumplir la política migratoria mexicana. Los militares detuvieron a 345.854 migrantes durante ese periodo.

Sin embargo, parece que México está tratando de encontrar el equilibrio entre una aplicación estricta de la ley y un enfoque acogedor. La oficina del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, declaró a CNN que entre principios de noviembre y el 6 de mayo procesaron a más de 81.000 migrantes procedentes de más de 100 países, principalmente Venezuela, Ecuador y Haití.

Eso es lo que Marilyn Lomas y su familia, los migrantes ecuatorianos, esperaban hacer: obtener un permiso para viajar por México sin obstáculos y luego cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

"Con el favor de Dios, todo es posible", dijo.