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CNN Radio Argentina

¿Qué implica el pedido de juicio político?

Por CNN Radio Argentina

(CNN Radio Argentina) – Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, explicó este jueves en CNN Radio qué implica el pedido de juicio político que busca hacer el presidente Alberto Fernández contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En contacto con Hernán Harris en Al Fin y Al Cabo, el abogado sostuvo que el pedido de juicio político “es un mecanismo que prevé la Constitución para situaciones excepcionales que trae como resultado que la persona acusada pueda ser destituida del cargo”.

“Las causales son mal desempeño o haber cometido un delito en el desempeño de las funciones o fuera del desempeño de las funciones, que son causales de naturaleza objetivas. Se requiere mayorías especiales o agravadas porque quien acusa es la Cámara de Diputados y para llegar a la acusación necesita dos tercios. Después quien juzga es el Senado y para destituir a la persona acusada también tiene que llegar a dos tercios de los votos”, detalló.

El abogado, sostuvo que “parece difícil de alcanzar, pero eso se refleja si llega el momento de la votación. A priori parece no alcanzar”.

“Este es un pedido de juicio político prematuro porque una de las cuestiones que no pueden ser encuadradas es el mal desempeño en los contenidos de las sentencias de los jueces, salvo que sean un cúmulo totalmente contrarias al derecho. Estos dos fallos, por el Consejo de la Magistratura y de la Coparticipación, si bien hay cuestiones criticables, están dentro de lo discutible en el mundo jurídico”, precisó.

Respecto a los dichos de Martín Soria para regular el Consejo de la Magistratura y la posibilidad de actuar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dijo: “No es posible por dos motivos: la primera porque la pandemia dejó establecido un parámetro muy claro de cuándo se puede dictar un DNU que es cuando existe una situación objetiva que impida al Consejo funcionar normalmente”.

“El segundo punto es porque la ley que regula al Consejo de la Magistratura, la Constitución establece que debe ser una ley sancionada por la mayoría de ambas Cámaras”.