Sobre el secuestro de plantas de marihuana en San Isidro, Palomino aclaró: "No secuestraron 1000 plantas de cannabis, eran no más de 300".
"El acta de decomiso la hicieron con lápiz negro", agregó, mientras que dijo que "no llegaron autoridades policiales ni de la Justicia: llegó el municipio".
Según Palomino, "no fue un procedimiento normal de la Justicia ordinaria. El juez de Andrés Rolón actuó en un abuso de autoridad".
"No había orden de allanamiento: estaba escaneada con CamScanner y no era la original", acotó, en tanto que dijo que "las ordenanzas municipales de San Isidro establecen que las actividades sin fines de lucro no necesitan habilitación".
Además, explicó que "la ONG estaba por mudarse, ya se lo había manifestado a la sociedad".
"Vinieron a allanar y decomisar sin previo aviso. Ni siquiera pudimos hablar con gente del tribunal", explicó sobre el procedimiento, y recordó que "nunca se discutió la comercialización: el municipio reclamaba que no había habilitación".
Finalmente, Palomino aseguró que "el juez pidió un oficio al Ministerio de Salud después que destruyeran las plantas".
"La ONG cerró sus puertas: si no fuera por la solidaridad de otras organizaciones, 150 personas no seguirían con su tratamiento. No queremos que quede impune este hecho de violencia institucional", cerró.